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En los últimos meses, con el recrudecimiento de la crisis económica internacional, el gobierno de Dilma

Rousseff parece haber internalizado una característica intrínseca de la economía capitalista, más aún en coyunturas de profundos desequilibrios como la actual: su “artificio”.

El término artificio ha sido utilizado por el presidente del Grupo Gerdau, una de las principales multinacionales brasileñas, quien a su vez es el actual asesor privado de la Presidenta. Esta definición representa el sentir de los industriales brasileños que vienen sufriendo paulatinamente una pérdida de competitividad debido a una combinación de factores domésticos e internacionales. Esa pérdida de competitividad es visible en la primarización de sus exportaciones y en el avance de productos chinos en el mercado interno, que desplazan cada vez más a la producción nacional.

Ahora bien, ¿cuáles son esos “artificios” de la economía mundial? La inyección por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de liquidez para intentar devaluar el precio del dólar, la política china de colocar un impuesto de exportación del 40 por ciento para el carbón (lo que provoca que los productores de acero tengan un descuento del 40 por ciento de este insumo para fines metalúrgicos), la proliferación de barreras para-arancelarias, como son las licencias no automáticas aplicadas por Argentina.

En última instancia, los “artificios” están en estrecha vinculación con la defensa de los intereses nacionales que se ven impactados por la agudización de la crisis. En los primeros seis meses del actual gobierno de Brasil las expectativas estuvieron puestas en intentar remover los “artificios” que los principales socios comerciales –China, Argentina y Estados Unidos– le imponían. A esta dificultosa tarea diplomática, la administración Rousseff ha comenzado a reaccionar a partir de internalizar el “artificio” y reconocerlo como un rasgo constitutivo de la fase de crisis de la economía global. En palabras del CEO de Gerdau: “No podemos pecar de bobos y ser explotados por los desequilibrios estructurales”.

Ante esta coyuntura, la reacción del gobierno brasileño ha transitado por dos ejes. En primer lugar, la intención de proteger a la industria a partir de un cambio en la política económica externa. En este sentido, el pedido de

Rousseff de elevar el arancel externo común del Mercosur para blindarse ante la avalancha de productos asiáticos. O la solicitud ante la OMC de que el organismo autorice la creación de mecanismos –elevación de tarifas y utilización de medidas para-arancelarias– para compensar a aquellos países que sufren la revaluación de sus monedas. Medidas como éstas muestran un cierto giro a posturas más proteccionistas frente al comercio internacional.

En segundo lugar, y más importante, un paulatino y gradual abandono del dogmatismo ortodoxo en materia macroeconómica que subordinó cualquier objetivo de política económica a la estabilidad de precios. La actual administración comprendió que para corregir las dificultades del sector industrial no basta con las iniciativas antes mencionadas. En esta dirección se observa la devaluación del real y la baja de medio punto porcentual de la tasa de interés (Selic).

El giro del gobierno de Dilma vuelve a poner los intereses del sector manufacturero sobre la mesa. No está de más recordar que los principales ganadores del denominado “milagro brasileño” de la última década –más allá de un grupo concentrado de empresas globales brasileñas– han sido los sectores vinculados a los agronegocios y a las finanzas

* Licenciado en Relaciones Internacionales.