Por Jorge Lapeña *

En junio pasado, hubo una noticia económica de alto impacto: la venta de la petrolera argentina Pecom, propiedad del grupo Pérez Companc, a la petrolera estatal brasileña Petrobras. Dicha venta que inicialmente comprendía todos los activos energéticos de Pecom, fue luego modificada excluyendo rápidamente de la operación a algunas compañías que por razones estatutarias no podrían ser vendidas a empresas extranjeras; tal el caso de Conuar (Combustibles Nucleares Argentinos SA) y la Fábrica de Aleaciones Especiales SA, donde la Comisión de Energía Atómica, rápidamente, hizo cumplir las disposiciones estatutarias vigentes.
El resto de la operación, siguió su curso y, auditoría mediante, Petrobras se hizo cargo de la totalidad de Pecom en octubre pasado.
Actualmente se realizan ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia las tramitaciones relativas a fusiones y adquisiciones. En función de lo previsto en esta normativa la Comisión debe encarar los estudios pertinentes; entre ellos los que tienen por objeto estudiar el impacto de estas fusiones en el funcionamiento de los mercados: cómo se alteran las condiciones de competencia y si de ello se pueden derivar perjuicios al interés económico general. Es probable que como resultado de esta intervención se obligue al nuevo dueño a desprenderse de algunos activos.
Ahora bien, esas son las alternativas que realizan los organismos gubernamentales pertinentes en función de lo previsto en la normativa específica. Creo que los funcionarios gubernamentales no han ido todavía al fondo en esta cuestión y esto les impide abocarse al tratamiento de la misma. La operación se tomó como una operación más entre dos simples particulares y creo que esto constituye un error garrafal que no se debería dejar pasar de largo. Por el contrario, en este caso se trata de una operación entre una empresa estatal brasileña y un particular, y al menos esta ligera diferencia y la magnitud de la operación justifica un análisis de la cuestión más detenido que el que se ha realizado hasta el presente.
En primer lugar creo que las empresas brasileñas deben ser bienvenidas a la Argentina, como deben serlo las empresas argentinas en Brasil. Pero una es la afirmación anterior y otra muy distinta es enervar intervenciones gubernamentales que creo corresponden en este caso particular. Esas intervenciones son necesarias, precisamente a raíz del carácter estatal de Petrobras; no del hecho de ser Petrobras simplemente una empresa brasileña.
Petrobras es una sociedad de economía mixta que se rige por la ley de sociedades brasileñas. El estatuto es claro, se trata de una sociedad de economía mixta (capitales estatales y privados) pero donde el Estado brasileño tiene en todo momento la capacidad de reunir la voluntad social porque por el propio estatuto no puede tener menos del 50 por ciento más uno de los votos. Por otra parte es claro que siendo el Estado brasileño quien controla en forma absoluta la voluntad social, los planes estratégicos de la compañía estarán siempre (por definición) en fase con los intereses del Estado brasileño; lo que por otra parte se extiende no sólo a Petrobras sino a todas las sociedades controladas y subsidiarias como lo será a partir de ahora Pecom. Creo que es a partir de estos hechos que debe plantearse la pregunta siguiente: ¿qué partes de la operación pueden tener una incompatibilidad por el hecho de ser Petrobras una empresa estatal y no una simple empresa privada brasileña?
Veo en principio dos claves que requieren la intervención gubernamental, y previo análisis, la emisión de un dictamen.
1. Las concesiones de explotación y los permisos de exploración petrolera. En este caso Pecom es titular de 5 permisos de exploración y 32 concesiones de explotación de hidrocarburos. El concepto implícito en la ley que reguló esas operaciones es claro: como en ciertos casos el temapuede presentar problemas particulares queda excluida la empresa pública extranjera de poder acceder a concesiones y permisos en Argentina.
Cabe agregar que los permisos y concesiones pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo a terceros a condición de que reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios o concesionarios. Esta última cuestión es clave: la cesión requiere un pronunciamiento expreso, que en este caso se estaría obviando; quizás bajo el argumento, falaz a mi criterio, de que en este caso no es necesario porque no cambió el concesionario que seguirá siendo Pecom; siendo lo único que cambia de dueño el concesionario que pasa a ser propiedad Petrobras en lugar de Perez Companc.
2. La presencia prácticamente monopólica de Petrobras en algunos tramos del negocio eléctrico. Existen varios segmentos del sector energético (no petrolero) en los cuales la propiedad –y probablemente el manejo gerencial– de los servicios públicos regulados de electricidad y gas natural pase a manos de Petrobras (centrales eléctricas; transmisión eléctrica; distribución eléctrica; transporte de gas natural).
En este contexto tengo la certeza que en los últimos años (no sólo ahora) se ha cumplido claramente con la letra de las leyes 24.065 y 24.076 pero no con el espíritu de la misma en lo relativo a las limitaciones para que una empresa que genera o distribuye energía eléctrica o gas no pueda simultáneamente transportar el producto. La realidad es que en nuestro país hoy el que genera también puede ser transportador y distribuidor con tal de que maneje con cierta elegancia o cuidado los porcentajes societarios.
Tengo la impresión también que en el caso particular de Transener, la empresa concesionaria por 95 años del transporte eléctrico en alta tensión 500 kw, los constructores argentinos de equipamiento eléctrico de alta tensión como líneas y estaciones transformadoras podrían quedar en desventaja permanente frente a las empresas brasileñas.
Es llamativo que siendo estas cuestiones verdaderamente importantes no hayan sido objeto, al menos de pedidos de informe por parte del Congreso a los funcionarios del Ejecutivo.

* Ex secretario de Energía.