La propuesta por reformar la Carta Orgánica del Banco Central promete un arduo debate entre quienes defienden un organismo monetario alineado a las políticas macroeconómicas de un gobierno y los que se aferran a las rémoras de la convertibilidad. El proyecto no elimina, pero sí redefine el concepto de reservas de libre disponibilidad. En vez de calcularse como el excedente que surge luego de cubrir el ciento por ciento de la base monetaria, se propone que sea sobre “la determinación del nivel de reservas necesario para llevar adelante la política cambiaria, sujeto a la evolución de las cuentas externas”. Esta modificación fue una de las que generaron más controversias esta semana, cuando la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, la presentó ante el Congreso.

La idea de una banca central al servicio de un modelo económico y político no es una concepción nueva. Muchos países utilizan sus reservas para algo más que mostrarlas en sus balances. Quienes se oponen responden a un esquema de los noventa, estrechamente vinculado con la actividad financiera especulativa en disociación de la economía real. La imposición de que la base monetaria deba ser respaldada en su totalidad por las reservas internacionales surge del régimen del 1 a 1. De hecho, durante la convertibilidad el país debió endeudarse progresivamente para mantener la paridad cambiaria en una economía que no generaba divisas debido al déficit comercial, agudizado por el atraso del tipo de cambio.

En los últimos diez años el crecimiento económico con un superávit comercial externo robusto determinó que el Central acumule reservas a ritmo record. El stock de reservas excedente –de libre disponibilidad– fue utilizado en ocasiones anteriores para el pago de deuda, como fue el caso de la cancelación anticipada de las acreencias con el Fondo Monetario, tal como lo hizo también Brasil. El Gobierno viene otorgando, de hecho, mayores atribuciones al Central, al tiempo que primero por decreto y luego por ley autorizó a utilizar las reservas para el pago de deuda a través del Fondo de Desendeudamiento.

El texto de la reforma de la Carta Orgánica determinará que las reservas de libre disponibilidad (excedentes) podrán aplicarse al pago de obligaciones con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial bilateral. “Se redefinirá el nivel de reservas óptimas a partir de distintos criterios, como la evolución de las cuentas externas, el nivel de dolarización del país y los vencimientos de deuda, entre otros parámetros coherentes con el actual modelo macroeconómico”, explicó la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont.

Existen varios ejemplos en el mundo referido a la posibilidad de utilizar el excedente de reservas para el pago de deuda u otros fines de estímulo a la economía. En 2009, Ecuador destinó 2600 millones de dólares para reactivar la economía y generar empleos, mediante el financiamiento de la construcción de viviendas e infraestructura y la reactivación del crédito. China creó en 2007 un fondo soberano –China Investment Corporation– para invertir 200.000 millones de dólares de sus reservas en diversas compañías, sin restricciones de sector, localización geográfica ni tipo de activo. Japón anunció en 2009 la aplicación de 5000 millones de sus reservas para auxiliar empresas, tras el pedido de ayuda de Toyota Motors. Actualmente se debate el uso de reservas para el pago de deuda del gobierno central. Brasil, que de manera constante recoge elogios por parte de economistas del establishment, es un caso cercano. Durante el bienio 2008-2009 destinó hasta 36.000 millones de dólares de las reservas internacionales para asistir a empresas con dificultades para refinanciar sus deudas del exterior. También utilizó reservas en marzo de 2009 para financiar exportaciones por 10.000 millones de dólares

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