La media sanción en
Diputados a los cambios a
la Carta Orgánica del
Banco Central ha sido el
primer paso para la
recuperación de
importantes facultades de
intervención pública en el
sistema financiero. El
Banco Central no puede
aplicar una política
disociada de la del
gobierno nacional, ya que
así estaría alterando las
condiciones de equilibrio
macroeconómico y, en ese
caso, el Estado deja de ser
soberano en materia de
política económica. La
resistencia a una autoridad
política fuerte,
independiente de los
intereses de los bancos,
proviene de los mismos
que defendían la
“convertibilidad” o la “tablita
de Martínez de Hoz”.
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