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El auge del neoliberalismo provocó una retracción de la intervención pública en la actividad económica. Un ejemplo fue lo que aconteció en la Argentina durante los noventa. El régimen de convertibilidad supuso una pérdida de soberanía cambiaria y monetaria. Ese modelo económico fue acompañado por una serie de transformaciones regulatorias que limitaron el campo de actuación de la autoridad monetaria. Así, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de 1992 restringió el otorgamiento de redescuentos y la realización de operaciones de mercado abierto, entre otras cuestiones. De esa manera, la actuación de la autoridad monetaria como prestamista de última instancia quedaba severamente limitada, impidiendo que se pusiera en peligro la rígida relación entre reservas y base monetaria prevista por la ley de convertibilidad. Esas disposiciones convirtieron al sistema financiero en un engranaje más del régimen convertible. Además, la reforma a la Carta Orgánica del BCRA atribuyó una amplía autonomía a la autoridad monetaria definiendo que “en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera” la entidad no estaba sujeta a “órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional”.

En el documento Metas de inflación: implicancias para el desarrollo publicado por Cefid-AR, los economistas Martín Abeles y Mariano Borzel afirman que “la propuesta de independencia de la autoridad monetaria conforma, desde la perspectiva teórica de, por ejemplo, la ciencia o la filosofía política, un eskquema institucional manifiestamente ‘elitista’ que, al independizar a la autoridad monetaria de los gobiernos electos, excluye al soberano (electorado) de toda influencia sobre uno de los resortes fundamentales de la administración macroeconómica”. Un rasgo característico de esa corriente es “que tiende a considerar a los gobiernos electos como agentes insensatos, ineptos y oportunistas; en tanto considera a las autoridades monetarias como agentes sensatos, idóneos y consustanciados con los intereses de los ciudadanos”, agregan Abeles y Borzel. La idea implícita de ese planteo es que la independencia del Banco Central garantiza una tajante separación entre las cuentas de la autoridad monetaria y del Tesoro.

La adecuación de la Carta Orgánica al paradigma neoliberal no fue una exclusividad argentina. En esa línea, las reformas de las Cartas Orgánicas de los Bancos Centrales de Chile (1989), Colombia (1991), Venezuela (1992) y México (1994) dieron cuenta de ello. A nivel global, la ofensiva del poder financiero logró plasmar cambios de ese tipo en 32 países entre 1989 y 1994. De todas maneras, la impronta neoliberal de la reforma argentina fue mucho más intensa que lo ocurrido en otros países de la región.

En un trabajo elaborado por técnicos del Fondo Monetario Internacional, Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, se analizan comparativamente los niveles de autonomía monetaria y económica de las distintas autoridades monetarias. Los autores del estudio definen la autonomía política como la capacidad del banco central de seleccionar sus propios objetivos de política monetaria, y la autonomía económica como la facultad de elegir los instrumentos idóneos para poner en práctica esa política. En ese plano de análisis, los técnicos fondomonetaristas evaluaron que la autoridad monetaria argentina tenía mayor autonomía política que la vigente en Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá. A su vez, sostenían que el BCRA contaba con una mayor autoridad económica que lo establecido en las legislaciones española, italiana, alemana y holandesa.

Lo cierto es que esa escisión entre la esfera monetaria y la economía real terminó en una de las mayores crisis económicas de la historia argentina. El cambio de paradigma económico, implementado desde 2003, permitió ir desandando ese camino. En ese marco, la reforma de la Carta Orgánica implica un gran paso adelante

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