Una forma de captar una mayor parte de la renta minera sería lograr que las empresas formen un fideicomiso que le permita a la Argentina financiarse para saldar la deuda con el Club de París. Eso propone, entre otras cosas, Jacob Goransky, ingeniero químico que recientemente se incorporó a la Secretaría de Minería como asesor del secretario, Jorge Mayoral. Goransky tiene 84 años, forma parte de la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta y militó gran parte de su vida en el Partido Comunista, que finalmente dejó en la década del ’80. Encabezó la empresa familiar Canteras y Caleras El Refugio, en San José de Jáchal, San Juan, y luego dirigió cinco ingenios azucareros en Tucumán. Se define como kirchnerista y es defensor de la minería a cielo abierto. Critica el análisis ambientalista y propone enfocarse sobre la necesidad de refinar en forma local el metal e integrar a la industria en la actividad.

¿Por qué es crítico del análisis que los ambientalistas hacen sobre la actividad minera?

–El debate alrededor de la minería a cielo abierto en los últimos años ha sido cooptado por un análisis pseudoecologista, que considera a la actividad como un emprendimiento que contamina las aguas por la utilización de cianuro. Eso es mentira, porque en las altas cumbres los rayos ultravioletas degradan el cianuro. Y el agua que ingresa a las empresas mineras se recicla. De hecho, es de mucha mejor calidad el agua que sale tratada, que tiene un PH 7 ácido, que el agua que ingresa con un PH 3 ácido. La Presidenta lo dijo cuando estuvo en Cerro Vanguardia, Santa Cruz, cuando llamó a pensar qué hacer con la cantidad de guanacos en la zona. Las empresas usan a los guanacos como prueba de la no contaminación.

El mayor riesgo es que se produzca drenaje ácido, cuando la roca removida entra en contacto con el aire sin haber sido debidamente aislada. La legislación en esa materia es prácticamente inexistente en Argentina.

–La planta de lixiviación tiene un sistema conformado por cinco capas, tres de ellas impermeables (una capa de suelo arcilloso compactado y dos capas de geomembranas de alta resistencia), que son las que impiden cualquier fuga de solución contaminada, además tienen sistemas detectores para el caso de un accidente y cómo resolver en el acto. Si hubiera drenaje ácido, descendería hacia las zonas pobladas. En el caso de Veladero, que explota la Barrick Gold, iría hacia la zona de Jáchal y se contaminarían las aguas. Eso no ocurre. Se habla de que el río Jáchal tiene arsénico. Efectivamente lo tiene, pero desde hace muchos siglos, y el actual contenido de arsénico está muy por debajo del límite puesto para la potabilidad. La minería a cielo abierto de oro se explota en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina. Sólo en Estados Unidos ocurrió un accidente. Nueva Zelanda y Canadá son países tremendamente rigurosos y ellos explotan sus recursos de la misma manera en la que lo hacemos nosotros.

El riesgo medioambiental se reduce a medida que las empresas invierten para aumentar los controles, lo que impacta en su estructura de costos. Por eso, el grado de seguridad medioambiental depende de la rigurosidad de la legislación. En el caso argentino, se trata de una normativa heredada de la década del ’90 y promocionada por el Banco Mundial.

–Hay normas internacionales sobre el manejo del cianuro, el transporte y el uso del agua. Son voluntarias y en Argentina las empresas mineras adhieren a las mismas. La legislación de San Juan, por ejemplo, obliga a reducir el riesgo medioambiental. En general, cada empresa minera se desempeña de acuerdo al gobernante de la provincia.

¿Cuáles piensa que son los desafíos del sector?

–Aumentar la integración de partes y piezas nacionales y refinar los metales localmente. Nosotros podemos producir de todo en el país. Creo que estamos en condiciones hasta de fabricar los camiones de la industria del oro, aquellos que transportan 300 toneladas de piedra removida. Si producimos grandes tractores, ¿por qué no podemos producir esos camiones? En la actualidad las mineras importan todas las máquinas que utilizan. Por eso la Secretaría de Minería y el Ministerio de Industria crearon una mesa de homologación, para ayudar a las compañías que se ofrecen a ser proveedoras del sector minero. Al país siempre le va a convenir más subsidiar a las compañías que producen esas máquinas y equipos que tener que importarlas. Del mismo modo, se puede refinar oro acá. La Argentina de hoy puede producir cualquier cosa, el tema es el sentido de soberanía que tenga el gobernante, y la clave es la recuperación de la política.

¿Considera necesario capturar una mayor porción de la renta minera?

–Otra de las claves es ir restando a las mineras capacidad para llevarse toda la renta que generan, a partir de la creación de determinadas condiciones, sin tener que cambiar la actual legislación.

¿Cómo?

–A través de la negociación. La capacidad de negociación de la empresas mineras es la ley, pero la capacidad de negociación nuestra es mucho mayor: es la conciencia que tienen ellos del dinero que pueden seguir ganando en el país. Las empresas en la actualidad dejan recursos, pero si seguimos avanzando van a dejar mucho más. El gobernante va paso a paso, debe elegir debidamente la oportunidad. Cuando Néstor Kirchner asumió todo era urgente: pobreza, indigencia, desocupación, deuda externa y derechos humanos. De hecho, YPF se nacionalizó cuando se evidenció la necesidad y cuando el Gobierno advirtió que no tendría oposición. En el sector minero, desde 2003 hay pasos que se fueron dando para cambiar las cosas.

¿Qué se les podría exigir a las mineras?

–Personalmente, creo que podemos exigirles que aporten dinero para pagarle al Club de París, por ejemplo, o para que el Gobierno salde los compromisos de deuda externa. Las empresas podrían conformar un fideicomiso de miles de millones de dólares para financiar aquello que el Gobierno considere necesario. Otra opción es que contribuyan con recursos para que YPF pueda explotar los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, aunque sin que formen parte de la gestión ni reciban rentabilidades diferenciales. Cualquier negociación de ese calibre debe estar manejada por el gobierno nacional