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El Gobierno y el Congreso han planteado un enorme desafío a futuro al sancionar la reciente ley de nacionalización de YPF. Junto con esa decisión resolvieron colocar toda la actividad de los hidrocarburos bajo un nuevo régimen jurídico y político, lo que exigirá la modificación del sistema de normas anterior. De ahora en más ese sector es de “interés público nacional”, definición que alcanza también, por supuesto, a la YPF de mayoría estatal e incluye al resto de la industria, los que tendrán que inscribirse en esa orientación. Para ello será necesario que la reglamentación de la ley, una nueva “carta energética de los hidrocarburos”, trace las líneas maestras de una política para este sector.

Al declarar de “interés público” el ciclo completo de la actividad hidrocarburífera, el Congreso la somete a una nueva y específica regulación estatal y obliga a actualizar y adecuar a ese principio el sistema anterior de la ley 17.319, verificando si es conveniente mantener, entre otros preceptos, la propiedad de los combustibles extraídos por parte de las empresas concesionarias y la libre disponibilidad de las divisas en el caso de exportación, o el propio sistema de contratación que otorga el total del precio del combustible para la firma explotadora salvo las regalías, a contramano de las modernas fórmulas internacionales. Y también aquellos aspectos de la ley corta –la 26.197 que transfirió a las provincias la administración de los contratos de concesión de los hidrocarburos– en todo lo que se oponga a los objetivos de esta nueva definición legal. Pero, además, a ese interés público le agrega la calificación de “nacional”, es decir, que prima este carácter por sobre aquellas disposiciones. Siguiendo así una amplia y comprensiva interpretación de la Constitución nacional sobre los recursos naturales. Por si quedaban dudas sobre la imperatividad de este nuevo marco normativo, la ley de nacionalización establece al final de su articulado que ésta es de “orden público”, es decir, que su vigencia es inmediata y que a la misma no pueden oponerse otras normas.

Por lo tanto se abre un nuevo capítulo de los hidrocarburos que va a requerir una serie de nuevas definiciones. La urgencia de esta nueva regulación es una demanda de la realidad: una gran proporción del sector de explotación de gas y petróleo pertenece a empresas privadas que siguen rigiéndose por un sistema de normas que ha quedado desactualizado política y jurídicamente. Con posterioridad a la sanción de esta ley, Mendoza adjudicó áreas con la vieja normativa a un consorcio extranjero en el crucial sector de Vaca Muerta, con un contrato de concesión por 25 años, desvinculado de las necesidades y realidad de los recursos no convencionales. El conflicto de Cerro Dragón muestra las dificultades provinciales para resolver una crisis donde juegan intereses confusos, a los que no es ajena la multinacional PAE, concesionaria del yacimiento más grande del país, con una prórroga de su contrato por 40 años.

Estos requerimientos abren interrogantes sobre el Estado que deberá asumir las obligaciones consiguientes. Porque no podemos imaginar que puedan cargarse tamañas tareas sobre las espaldas de YPF, aparte de que no corresponde delegarle una responsabilidad política estatal. El Estado nacional en el área de los hidrocarburos no tiene estructuras institucionales suficientes y jerarquizadas para afrontar los nuevos desafíos de regulación y control. A ello se suma la necesidad de llenar de contenidos concretos el “interés público nacional” de la actividad.

Estos desafíos se inscriben en una nueva mirada sobre el valor de los recursos naturales estratégicos, que incluye el control de su utilización para su provecho por todos los argentinos (y las generaciones futuras), y un rediseño de la distribución de competencias Naciónprovincias

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