Es difícil encontrar en economía un pensamiento más arraigado al sentido común que el de los precios de los bienes, servicios y salarios se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda. Dicho mecanismo, al que la mayoría de los economistas no duda en llamarlo ley, despreciando años de avances epistemológicos en las ciencias sociales, presupone un mercado sin Estado, consumidores y empresas con idéntico e ínfimo poder de negociación individual (lo que provoca que se comporten como precios aceptantes y no haya competencia) e individuos cuyo comportamiento no sólo es previsible sino estrictamente racional y motivado por la búsqueda incansable de la maximización de la utilidad.

No hace falta ser un historiador para entender que los surgimientos del capitalismo y de los Estados-Nación son parte de un único proceso histórico y social que se consolida hacia finales del siglo XIX. Si bien en distintos lugares pudo haber llegado primero el capitalismo y luego los Estados-Nación y en otros los cambios políticos precedieron a los económicos, lo cierto es que ambos se construyen dialécticamente. El capitalismo necesita de seres que libremente puedan vender su fuerza de trabajo y los Estados-Nación de ciudadanos que libremente ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones. No existen, por lo tanto, economías de mercado sin Estados que establezcan regulaciones de todo tipo (salarios mínimos, retenciones, precios máximos, transferencias, impuestos, subsidios, créditos), que influyen de modo determinante, la mayoría de las veces, en la determinación de los precios de una economía.

Por otro lado, como había anticipado Marx, un capitalista mata a muchos otros, provocando que el número de empresarios por rubro sea cada vez más reducido y su poder, por ende, cada vez mayor. Los monopolios y los oligopolios no son un caso particular aislado de la ley general que rige los mercados, como pretenden los economistas ortodoxos, sino su característica esencial. Si se analiza cualquier actividad económica, tanto a nivel local, regional o mundial, se descubrirá cuántas empresas dominan ese mercado. La concentración económica otorga a las corporaciones un poder decisivo en la determinación de los precios, a partir de mecanismos de traslación de costos a los consumidores, manipulación de la información, manejo de los stocks y realización de acuerdos implícitos entre los grupos.

Asimismo, la sociología, la psicología y la antropología, entre otras ciencias sociales, enseñan que los seres humanos son mucho más complejos, profundos y contradictorios que las caricaturas racionales y utilitaristas que dibujan las teorías neoclásicas en sus modelos de equilibrio. Las relaciones sociales en general y las económicas en particular, son relaciones marcadas por la historia, la política y las relaciones de poder que en cada época prevalezcan. La determinación de los precios y los salarios no escapan a tal encuadre, por lo tanto su análisis debe incluir estás perspectivas.

Sin embargo, el mito del llamado libre juego de la oferta y la demanda, obliga a pensarlas como relaciones objetivas, inevitables, neutrales, ahistóricas, en definitiva, naturales. En relación con la determinación de los precios, toda intervención estatal provoca ineficiencia (salvo cuando la intervención es a favor de los intereses de las corporaciones) y toda insinuación de manipulación de los precios es tildada de no científica.

Toda esta discusión sería sólo académica si no fuese que, por la ceguera provocada por este mito, los precios de equilibrio de mercado matan, día a día, a miles de personas que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas.

El libre juego de la oferta y la demanda no es libre ni es un juego

* Docente UNLZ.

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