“Compra grandes cantidades de deuda pública de países del Tercer Mundo a 20 centavos de dólar y obliga a los gobiernos a pagar dólar por dólar. Su última apuesta es forzar al gobierno argentino a abonar la deuda en mora. Una vez más pagó diez centavos de dólar de la deuda y quiere que los argentinos le paguen el valor nominal.” La frase corresponde al ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que en 2005, previo al canje de deuda argentino, anticipaba la pelea que los fondos buitre iban a librarle al país. En este caso se refería a Kenneth Dart, el principal litigante contra la Argentina, presidente del fondo EM Ltd., y también uno de los financistas del Partido Demócrata, principal arma de presión. Con las dos reestructuraciones de deuda, los denominados fondos buitre pasaron a representar el 8 por ciento de la deuda en default, y litigan para que se les reconozca la totalidad del valor de sus tenencias –unos 3600 millones de dólares– más intereses. Estos fondos operan desde paraísos fiscales para no pagar impuestos y su trabajo consiste en debilitar la imagen de los países hasta conseguir el fallo favorable de alguna corte permeable a sus intereses.

La pelea entre el país y los fondos buitre se inició con la cesación de pagos declarada el 23 de diciembre de 2001. Sin embargo, venían preparando el terreno desde antes. La carga de la deuda, que alcanzó al 160 por ciento del Producto Interno Bruto, anticipaba las dificultades que tendría el país para cumplir con esos vencimientos. En ese momento comenzaron a comprar deuda argentina a precios de remate. Esto continuó, y se intensificó, tras el anuncio de default. Hasta 2003 los precios de los bonos locales se ubicaban del 10 al 30 por ciento de su valor nominal. En 2005, luego de que se recuperara el nivel de Producto real pre-recesión, el Gobierno lanzó el canje. “No se podía avanzar si no se alcanzaba un acuerdo con los acreedores respecto de cuánto debíamos y cómo íbamos a pagar”, recuerda el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, en diálogo con Cash.

Pronto lanzaron el primer ataque. El fondo NML Ltd., del magnate financiero Paul Singer, inició dos acciones judiciales contra la Argentina ante los tribunales del estado de Nueva York por sus tenencias de títulos públicos Globales y de los denominados bonos FRAN (Floating Rate Accrual Notes (ver aparte), solicitando el embargo de fondos del Estado argentino, según consta en los archivos de la Auditoría General de la Nación. Se sumaron otros, como Lightwater Corp. Ltd., Old Castle Holdings Ltd., Allen DCA, Grantor Trust, Pedro Aldermen, Scott R. Harris y Vathani Emmanuel and Glencore Ltd. Hubo otros fondos, como el EM Ltd., que abogaron la cláusula “pari passu”, que le había servido para sacar una suculenta ventaja durante el proceso de reestructuración de la deuda de Perú (ver aparte). Sin embargo, el juez levantó el embargo para permitir que siga el proceso de reestructuración de la deuda.

El primer canje (2005) finalizó con un nivel de adhesión del 76,15 por ciento. Si bien la intención era no reabrir la operación, Economía detectó un 20 por ciento de tenedores con posibilidad de sumarse bajo las mismas condiciones de 2005, entre los que se encontraban gremios, como la asociación de maestros de los Estados Unidos. La segunda ronda del canje fue para responder a las críticas que se esgrimían respecto de que el país no respetó a los tenedores minoritarios estadounidenses. Junto a la participación de pequeños inversores italianos y japoneses, se alcanzó el 92 por ciento total. El resto supone un valor nominal de 3600 millones de dólares, que fueron adquiridos a un precio de entre 20 y 30 por ciento. De este total, el 8,3 por ciento –unos 300 millones– se encuentra en manos de residentes estadounidenses, mientras que el resto está en manos de fondos buitre sin residencia en Estados Unidos. Existe un grupo de 15 acreedores, cada uno por al menos 25 millones de dólares, de los cuales nueve tienen domicilio en la jurisdicción off-shore de Islas Cayman.

¿Quiénes son?

Los fondos buitre buscan juzgados permeables –se los denomina “de oportunidad”– para presentar sus embargos, como sucedió con los 105 millones de dólares que el Banco Central tenía inmovilizados en una cuenta de la Reserva Federal, con el protagonismo del juez neoyorquino Thomas Griesa. Se autodefinen como fondos dispuestos a asumir un alto riesgo financiero y ser capaces de sacar de apuros a las economías en problemas otorgando la liquidez que les permita remontar la coyuntura. Otra acepción que gustan esgrimir es la de “instrumentos especializados en reestructuración”. Nada de esto se cumple en los hechos: compran deuda de países en default en el mercado secundario y luego presionan a través del Congreso y los medios de comunicación. Adoptan la nacionalidad y la forma legal que les sea más conveniente para lograr una sentencia que condene al país a pagar el ciento por ciento más los intereses de todos los años de litigio.

El listado de fondos que accionan en contra de Argentina asciende a 47. Sin embargo, se trata sólo de variaciones en la composición accionaria entre los mismos fondos buitre, que se identifican por alguna letra o número. Por grupos se destacan: Aurelius, Blue Angel, Capital Ventures, Capital Markets, Caronte Ltd., EM Ltd., FFI Fund Ltd. & FYI Ltd., Gramercy, HWB Victoria Strategies, Los Angeles Capital, Meridian, NML Capital, NW Global, Old Castle Holding, VR Global Partners, Wilton Capital y Zylberberg Fein LLC, entre otros.

Los más conocidos son EM Ltd., propiedad de Kenneth Dart, y NML Capital, de Paul Singer. Dart y Singer son los que todos los años impulsan en la Cámara baja el proyecto de “Responsabilidad por Evasión de Sentencias de Países extranjeros”, con el objetivo de conseguir apoyo de los congresales para castigar a la Argentina.

“Recuerdo a su hermano decirle a un periodista que (Kenneth) Dart odiaba tanto el pago de impuestos que, después de su muerte, quiere mantener su cerebro con vida artificialmente, para que sus hijas no tengan que pagar los impuestos sucesorios”, recordaba Clinton en una carta publicada en su blog, luego de que rechazara apoyo financiero de este fondo para el Partido Demócrata. El cruce entre ambos surgió cuando Dart renunció a la ciudadanía norteamericana para no pagar impuestos y adoptó la de Belice. Los orígenes de su fortuna se remontan a fines de los ’50, cuando su padre, William, encontró la forma de moldear bolitas de poliestireno para fabricar vasos térmicos. Dart Container se posicionó desde entonces como una empresa líder en el negocio de los plásticos. En la actualidad, factura 1100 millones de dólares por año y emplea 5000 trabajadores en 17 plantas distribuidas por Europa, Australia y América, incluida una ubicada en el Parque Industrial de Pilar.

En el país su nombre cobró notoriedad por los sucesivos pedidos de embargo, como los 105 millones de dólares de las reservas del BCRA en la FED. Su primera ofensiva fue durante los ’90 en Brasil. En medio del proceso de renegociación de esa deuda externa, Ken se quedó con el 4 por ciento de la deuda brasileña a canjear –en total 35.000 millones de dólares– por el que pagó sólo 375 millones. Litigó por 980 millones, pero obtuvo finalmente 605 millones, o sea, el 161 por ciento de lo que había apostado. Luego se focalizó en los negocios de Rusia post comunista vinculados con las gigantescas privatizaciones de empresas de producción y servicios energéticos, mientras continuaba con las compras de deuda en default en Perú y Polonia. Actualmente, vive en la antigua sede del West Indian Club en la bahía caribeña de Seven Miles, en Islas Cayman, la misma en la que desembarcaron en 1666 el mítico pirata Henry Morgan y sus mil bucaneros.

Paul Singer, fundador del hedge fund Elliott Management, cobró notoriedad al predecir la última crisis global, poniendo los activos de su fondo al resguardo de la caída. Sin embargo, su buque insignia para operaciones de índole especulativa es el NML Capital, el fondo buitre que más acciones legales interpuso contra la Argentina, utilizando el poder de lobby que le confieren sus relaciones políticas. “La crisis financiera y la recesión son el entorno perfecto para esta industria. Y además hay volúmenes de activos con problemas como para aburrirse”, asegura Singer. Es el principal donante de la policía de Nueva York, y una de las figuras públicas que acompañaron la candidatura del republicano Rudolph Giuliani. Contra la Argentina utilizó como argumento la cláusula “pari passu”, una innovación que establece que si un país paga su deuda performing también debe hacerlo con los tenedores de deuda defaulteada. Lo mismo intentó hacer, aunque sin éxito, con las acciones de las empresas alemana Wella y la estadounidense Procter and Gamble. Es el principal aportante del Partido Republicano y en los últimos días prometió acompañar la candidatura de Mitt Romney, así como la del senador por el estado de Florida, Marco Rubio, y por Nueva Jersey, Chris Christie. Singer es además fundador de la American Task Force Argentina (ATFA).

Esta entidad es la fachada para el lobby de los buitres NML y EM en Washington. La entidad tiene como presidente a Robert Shapiro, un ex funcionario de la administración Clinton, ahora representante de los intereses de fondos buitre. Actualmente, es uno de los asesores del presidente Barack Obama. Encabezadas por Shapiro, las acciones de ATFA contra la Argentina le representaron un gasto en lobby con congresales de más de tres millones de dólares, más de lo que gasta Apple, según datos de la embajada argentina en Washington. Su forma de actuar se basa en socavar permanentemente la imagen del país en distintos foros o simposios, como el organizado sobre “la verdadera libertad de prensa en la Argentina”, o el debate sobre si el país debe ser miembro del G-20. Sus conclusiones son las que algunos medios locales usan para reflejar la visión del mundo sobre Argentina.

El último pedido de la ATFA, llevado por el congresista Michael Grimm, a la secretaria de Estado Hillary Clinton, fue que se oponga a las “mentiras de la presidenta Cristina Fernández sobre independencia financiera”, referencia utilizada por el Gobierno en el contexto del pago del último vencimiento de los bonos Boden 2012.

“Las actividades de los fondos buitre se verían obstaculizadas si existiera un mecanismo legal internacionalmente aceptado de resolución de deuda soberana que obligara a estas minorías especuladoras a aceptar los acuerdos de reestructuración de un país en problemas”, opinó Argüello. No existen cláusulas de acción colectiva ni un mecanismo legal para aplicar en una reestructuración. Básicamente es un acuerdo de confianza. “Hubo una propuesta, pero el presidente (George W.) Bush la vetó”, dijo el premio Nobel Joseph Stiglitz durante su última visita a la Argentina, en alusión al tribunal de quiebras soberanas sugerido por la entonces número dos del Fondo Monetario, Anne Krueger