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Ya se sabe que los norteamericanos son obsesivos con la cuestión de la seguridad nacional, tanto o más que con el consumo desenfrenado. Pero, para que las dos cosas funcionen se precisan combustibles y si es prescindiendo de las compras externas, mejor. Eso es lo que sucede con la llamada Revolución del Gas no convencional, tanto que ya la señalan como The Golden Age of Gas. Según proyecciones oficiales de la Energy Information Agency (EIA), para el año 2035 los Estados Unidos importará sólo el 1 por ciento del gas que necesita anualmente (hoy contra el 11 por ciento) y la producción del shale gas, el gran actor protagónico, pasará desde un modesto 14 por ciento del total en el 2010 a casi el 50 por ciento en el 2035. El tight gas, el actor de reparto, se prevé que alcanzará el 22 por ciento hacia este último año. ¿Por qué el crecimiento vertiginoso en la producción de estos hidrocarburos cuando hace 20 años apenas eran mencionados en textos de ingeniería o geología del petróleo? La respuesta es simple: se fueron superando los inconvenientes tecnológicos y de esa manera se pudo explotarlos económicamente.

Tengamos en cuenta que las características de las rocas que sirven de soporte a este tipo de gases (el shale o lutita es una roca sedimentaria proveniente de lodos y arcillas, y los yacimientos de tight gas se alojan en arenas o rocas carbonáticas muy compactadas) tienen propiedades físicas (bajas porosidad y permeabilidad) que no las hacen naturalmente proclives a producir gas a escalas económicamente rentables o a flujos de producción interesantes, a menos que puedan ser estimuladas artificialmente. El mecanismo de estimulación que se ha encontrado apto para este fin es el proceso de fractura hidráulica.

¿En qué consiste la fractura hidráulica o fracking? Se inyecta a alta presión en un pozo (generalmente perforado direccionalmente hasta hacerlo horizontal) una mezcla de agua (un 95 por ciento aproximadamente), arena u otros sólidos de estructura similar (4 a 5 por ciento) y aditivos químicos (0,5 por ciento restante), los que fracturan la roca en la zona de interés, haciéndola apta para la producción de los hidrocarburos allí contenidos. La tarea de los aditivos es principalmente inducir y extender las fracturas y transportar de manera eficiente los sólidos en suspensión. La variedad de productos usados como aditivos es amplia, siendo los componentes químicos más frecuentes el cloruro de potasio, metanol, etilenglicol, carbonatos de potasio y sodio, boratos, ácido cítrico, goma guar, naftalenos, anhídrido ftálico, destilados de petróleo, bisulfito de amonio, tolueno, xileno, benceno, ácidos diversos; la mayoría de los cuales son sustancias nocivas para la salud humana.

La industria petrolera ha desarrollado métodos que minimizan el posible ingreso de estos fluidos en secciones diferentes de la zona de interés, principalmente cuando el pozo atraviesa acuíferos, pero por diversas causas siempre está presente el riesgo de contaminación. Sin embargo, no existe unanimidad respecto del verdadero alcance de la relación fractura-contaminación. Así, existe una amplia gama de estudios cuyos resultados abogan o bien por desestimar o minimizar la posibilidad de contaminaciones o, por el contrario, hacen hincapié en identificar la técnica del fracking como potencialmente responsable de contaminaciones en suelos, aguas superficiales y subterráneas.

En la tabla (ver aparte) podemos encontrar un listado de las instituciones y sus conclusiones.

Veamos algunas implicancias legales y económicas de esta cuestión. En el 2009 el American Petroleum Institute difundió un informe en el que se afirmaba lo riesgoso que significaba para la economía el extender las regulaciones estatales sobre la explotación de yacimientos no convencionales, pues se afectarían las inversiones para el sector trayendo como consecuencias alzas en el precio del gas y pérdida de competitividad y márgenes de ganancias de las firmas. Tengamos presente que en el 2004, durante la administración republicana, la EPA (Environmental Protection Agency), a partir de un estudio realizado sobre la fractura hidráulica en yacimientos de gas de carbón, concluyó que el fracking no presentaba riesgos de contaminación. Por ello, al año siguiente cuando el Congreso norteamericano aprobó el Safe Drinking Water Act se dejó expresamente excluida de los alcances de la misma a la fractura hidráulica.

Sin embargo, las denuncias sobre contaminación llevaron a que se realizara una addenda al citado texto en 2009, el llamado Fracturing Responsability and Awarness of Chemichals Act, que establece la obligación de informar a la autoridad competente los constituyentes químicos de los aditivos y, además, hacerlos públicos a fin de informar a la población. Asimismo, el EPA (ahora bajo administración demócrata) aprobó en el 2011 un plan de trabajo que investigará el ciclo de vida del agua usada en el fracking, comenzando desde el mecanismo de provisión de agua y la mezcla química del fluido de fractura y su inyección en la formación y hasta la producción y manejo del agua de retorno, en conjunto con la disposición y tratamiento de las aguas residuales en superficie. Esto ha ocasionado fuertes críticas de la industria, por ejemplo de la Independent Petroleum Association of America, por entender que la agencia se extralimita en sus funciones.

El cuestionamiento a las regulaciones del Estado respecto de un área determinada de la economía no es patrimonio del sector empresario argentino. Pero en el caso concreto de la explotación de yacimientos no convencionales en Argentina, cuando aún nuestro país está en pañales en el desarrollo de este tipo de actividad, ya se empiezan a escuchar las voces que llaman a dejar todo en manos del mercado. Así, en las Jornadas de Producción, Tratamiento y Transporte de Gas realizadas el año pasado en Neuquén, una ponencia de abogados de compañías petroleras argumentaba que “dejarse llevar por temores ambientales infundados o sobreactuar la protección con nuevos requerimientos, sólo desalentará las inversiones necesarias para el desarrollo”. Como si hubiera escuchado lo anterior, Mark Papa, CEO de la poderosa compañía norteamericana EOG Resources e invitado estrella de las jornadas Cluster Shale Neuquén realizadas en mayo de este año, alertaba en su exposición que si se quería evitar un desarrollo muy lento del yacimiento Vaca Muerta era imprescindible flexibilizar las regulaciones gubernamentales.

De lo que se trata, entonces, es de qué papel va a cumplir el Estado. En los Estados Unidos, país al que se presenta en variadas circunstancias como campeón del libre mercado, lo que se observa es una creciente y compleja arquitectura de regulaciones federales, estatales y locales. Prueba de ello es la última Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales realizada en mayo último, en la cual se discutieron alcances, coincidencias y coordinaciones en la regulación de la fractura hidráulica en la Unión americana. En Argentina, en este tema, está todo por hacer. La recuperada YPF puede transformarse en la punta de lanza del despegue de la producción de hidrocarburos no convencionales, sola o en alianza con otras compañías de reconocido know how en el tema. Esto hará posible la soberanía hidrocarburífera, garantizando el autoabastecimiento de combustibles y el flujo de insumos básicos hacia la industria. Sin embargo, para lograr un desarrollo verdaderamente sustentable se requerirá compatibilizar el crecimiento económico con políticas que tiendan a la prevención de contaminaciones, minimizando el impacto medioambiental. En ese sentido lo que Argentina necesita es más y mejor tecnología, pero también más y mejor Estado, más regulaciones y controles

* Cátedra Tecnología y Desarrollo Humano. Universidad Nacional del Comahue.