Graduado de economista en la Universidad de La Habana, Víctor Alvarez fue ministro de Industrias y Minería del gobierno de Hugo Chávez y director de Pdvsa. En su labor de docente e investigador del Centro Internacional Miranda, de Caracas, coordina un equipo de estudio sobre nuevos modelos productivos. En su último libro, Claves para la industrialización socialista, propone un nuevo tipo de desarrollo industrial basado en diferentes formas de propiedad social en manos de los trabajadores y las comunidades, sin mediaciones burocráticas. Allí busca identificar diferentes formas de intervención eficaz del Estado para orientar procesos que él considera no pueden quedar sometidos a las fuerzas ciegas del mercado.

¿En qué contexto económico llega al poder Hugo Chávez, en 1998?

–Chávez comienza a gobernar un país con una economía devastada por las políticas neoliberales. Hubo una quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas que no pudieron resistir la competencia de las importaciones por la apertura indiscriminada del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Además, el país sufría la política errática en materia petrolera. Venezuela incumplió la autorregulación en la producción de petróleo acordada en la OPEP, es decir, produjo por encima de las cantidades acordadas, inundando el mercado mundial de petróleo, cuyo precio bajó hasta los 8 dólares por barril. La tecnocracia que dirigía Pdvsa, más que administrar la empresa en función del interés nacional lo hizo en función del multinacional.

¿El resultado fue que el Estado redujo sus ingresos fiscales?

–En Venezuela, el ingreso fiscal siempre ha estado marcado por los ingresos de Pdvsa. Los empresarios privados poco han contribuido al financiamiento del gasto público. La caída del ingreso fiscal petrolero dejó al Estado sin recursos. Comenzó entonces la privatización de la salud y la educación. El Estado se repliega y se privatizan las principales empresas de telecomunicaciones, metalúrgica y aviación.

¿La industria petrolera iba por ese camino?

–Los programas de apertura petrolera en Pdvsa fueron la clara manifestación del proceso de privatización. Se hicieron convenios de explotación con las multinacionales del petróleo, que aportaban a Venezuela el 1 por ciento de sus regalías, es decir, se había prácticamente eliminado la ganancia del Estado. Con la reforma de esas leyes por el gobierno bolivariano, las regalías pasan primero al 16,5 por ciento y ahora son del 33 por ciento.

¿Cuál fue el costo social de la vieja política petrolera?

–La contracción económica se tradujo en un aumento del desempleo y la pobreza. Chávez hereda una verdadera bomba social, que ya había explotado en el Caracazo y seguía latente. El desmantelamiento del Estado le quitaba capacidad de inversión pública. No había incentivos crediticios a la agricultura ni a la producción industrial. Y el gobierno no tenía recursos para revertir la situación con un petróleo a 8 dólares el barril. Entonces, una de las primeras medidas de Chávez fue reflotar la OPEP, para que sus miembros comenzaran otra vez a producir menos y vender más caro.

¿Cuál era la situación de la pobreza en 1999?

–Chávez asume con 40 por ciento de pobreza, más otro 21 por ciento de pobreza extrema. Y el 47 por ciento de las personas trabajando en el sector informal. Esta era la expresión de un aparato productivo destruido. Hoy, el nivel de desempleo está en 7 por ciento y si a eso se le agregan todas las gratuidades que el Estado ha asegurado a partir de las misiones sociales de alimentación, educación, salud y vivienda, las cosas ya tienen otro color. Esto se debe a programas como Barrio Adentro –con miles de médicos cubanos atendiendo a la población más pobre– y al surgimiento de nuevas universidades que han convertido a Venezuela en el quinto país en el mundo en cantidad proporcional de habitantes haciendo estudios terciarios. Todo esto ha permitido reducir la pobreza de 40 a 22 por ciento, y la pobreza crítica de 21 a 7 por ciento. Por eso, en Venezuela ha ocurrido un cambio revolucionario, entendiendo por revolución cambios profundos y rápidos. Algo que ha llevado 25 a 50 años en otros países, aquí se hizo en 6 o 7 años.

En Europa se están aplicando recortes del gasto social, políticas que se aplicaron en Latinoamérica con resultados catastróficos. Desde el oficialismo venezolano se acusa a la oposición de plantear un regreso a los años ’90.

–Lo indica el programa que presentaron ante la Comisión Nacional Electoral. Estos programas de ajuste neoliberal tienen en común que no valoran a las personas como ciudadanos ante los cuales el Estado tiene obligaciones sino como clientes y consumidores. Por eso proponen la privatización de los activos públicos, la salud y educación. Una de las grandes críticas que hace ese pensamiento es el exagerado gasto público que tendría el Estado. Hay una palabra que resulta inadmisible para ellos, que es hablar de subsidio. Para el interés de los grandes grupos económicos, los servicios públicos deberían ser mercancía. Uno de los planteos de la derecha es reducir a su mínima expresión el papel del Estado, limitar la inversión pública y eliminar las regulaciones que se ejercen sobre la economía para evitar que se desquicie. Ellos plantean eliminar los controles de precios sobre la canasta alimentaria y el control de cambio.

¿Cuál es el programa de Chávez?

–Su programa reivindica la intervención del Estado para orientar el desarrollo económico y social del país, reconociendo a los venezolanos como ciudadanos con derecho a la salud, educación, alimento, trabajo y vivienda. En función de eso se ha rescatado la riqueza petrolera del país. Y a través de la inversión social de esa renta se busca asegurar la satisfacción de esos derechos. Aquí ya se marca una diferencia radical con los principios que rigen el programa de la derecha, el cual están escondiendo porque es antipopular. Propone desmontar la inversión pública y eliminar los controles que favorecen a las mayorías. Si lo divulgaran, sólo tendrían eco en los sectores empresariales e internacionales. Uno de sus planteos es incorporar 400 mil barriles de petróleo anual a la producción nacional. Eso sería gravísimo porque se produciría un derrumbe del precio del petróleo que repercutiría en una merma considerable en el ingreso de divisas al país.

¿Cómo se financiarían los programas sociales?

–¿El candidato de la derecha va a elevar el cobro de impuestos a los grandes empresarios? Lo más probable es que a las misiones las vaya dejando morir y termine subiendo el IVA, un impuesto antipopular que pagamos todos por igual (en Venezuela el IVA es 12 por ciento). Entonces se trata de un programa de gobierno para satisfacer las necesidades de las grandes potencias que necesitan petróleo abundante y barato.

¿Cuáles son los objetivos económicos de un eventual tercer período de Hugo Chávez?

–El gran reto para los próximos años es profundizar la construcción socialista. El segundo período de gobierno, que arrancó en 2007, fue de transición. El esfuerzo estuvo orientado a crear el marco legal que habilitara el accionar del gobierno. Hoy tenemos un conjunto de leyes del Poder Popular y sobre esa base nos toca profundizar el desarrollo de nuevas formas de propiedad social que permitan el empoderamiento de los trabajadores en comunidades organizadas. El gran objetivo es que la economía social gane espacios sobre la economía privada. Pasar de un capitalismo rentístico e importador a un modelo exportador que permita aprovechar las ventajas que supone el ingreso de Venezuela al Mercosur, sobre la base del desarrollo de nuevas formas de propiedad social, que incluya pero que también trascienda a la propiedad privada y a la estatal.

¿Qué porcentaje de PBI es estatal en Venezuela?

–Es un dato bien interesante. Si se revisan las estadísticas, cuando arranca la Revolución Bolivariana, el peso de la economía privada era del 65 por ciento y la pública del 35 por ciento. Hay un discurso del sector empresarial afirmando que el Estado lo está tomando todo y va cerrando espacios a la economía privada. Pero cuando se busca validar esa información, observamos que el peso del sector público de la economía bajó del 35 al 30 por ciento, y el peso del sector privado subió del 65 al 70 por ciento.

¿Cuál es la explicación?

–Que la política de reactivación que implementó el gobierno fue ampliamente aprovechada por el sector privado, que tuvo tasas de crecimiento superiores a las del sector público. Hoy tenemos, paradójicamente, en el marco de la construcción del socialismo, un sector capitalista que ha crecido en mayor proporción que el estatal.

¿Hay elementos de un neokeynesianismo?

–El modelo bolivariano hay que entenderlo por las etapas que ha tenido que pasar. Catalogarlo en estos términos no ayudaría a entender lo que aquí pasa. Chávez gana en 1998 con la promesa de derrotar la pobreza y reducir el desempleo. Su compromiso era llamar a una Asamblea Constituyente para derrotar esos flagelos. Hasta 2006, el esfuerzo fue en esa dirección. Todo se orientó a reactivar el aparato productivo destruido por la política neoliberal. Hacia 2005 se da una discusión sobre el sentido que tenía reactivar una economía que trabaja con la lógica del capital, que es la misma que generaba el desempleo y la pobreza. Así nunca íbamos a erradicar estos flagelos, si seguíamos incentivando al modelo que generaba el problema. Comienza entonces a planearse ya no la reactivación sino la modificación del modelo productivo. Por eso en 2006, cuando Chávez gana su reelección, propone declarar el carácter socialista de la Revolución Bolivariana.

Esto implicó medidas de nacionalización. ¿Qué se ha expropiado hasta ahora y cuál es el límite?

–Es uno de los puntos de creciente debate, no sólo con los sectores de derecha sino dentro de la izquierda. Hubo consenso general en la expropiación de sectores estratégicos como electricidad, telefonía, siderurgia, plantas cementeras y dos cadenas de distribución de alimentos –que ahora los venden subsidiados–, todos con su correspondiente indemnización. Y hubo una compra acordada del Banco de Venezuela.

¿Y las tierras agrícolas con qué criterio se expropian?

–Se han recuperado cerca de 4 millones de hectáreas. El criterio fue comenzar por tierras donde no había ningún tipo de actividad, latifundios no aprovechados. Luego se expropiaron tierras que servían para producir alimentos, pero se usaban con fines forestales.

Hay un debate ideológico respecto de hasta dónde se avanza con las expropiaciones.

–Una de las contribuciones que está haciendo la experiencia venezolana a la conceptualización de lo que se está empezando a entender como el socialismo del siglo XXI, es el debate en torno de las diferentes formas de propiedad. Una de las cosas que se han discutido es cómo en el sistema soviético la propiedad estatal absoluta de los medios de producción y comercialización generó elites burocráticas que terminaron administrando la propiedad pública como si fuera privada. Ese burocratismo terminó funcionando como una burguesía que logró una distribución del ingreso favorable a su interés. En Venezuela, ese debate está presente y las leyes del Poder Popular promueven el desarrollo de la propiedad comunal, donde los trabajadores, las comunidades y los campesinos se sientan verdaderos dueños de esas unidades productivas. El objetivo es que no se reedite la historia donde todo sea propiedad estatal, desde un taller mecánico hasta un quiosco o una peluquería. Aquí entendemos que la estatal es una de las formas de propiedad y también se reconoce la privada, se crea la propiedad social y también combinaciones entre ellas