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Pocos vínculos hay más cambiantes e intensos políticamente que la relación entre la Argentina y el FMI. En un spot de la campaña de Cristina Kirchner de 2007, mientras un grupo de niños conjetura qué podría ser o haber sido el Fondo, una voz en off pondera haber logrado que “tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI”. Cinco años después, el Fondo amenaza con sacarle una “tarjeta roja” al país por no proveer estadísticas de calidad, y ocupa –una vez más– los titulares de los diarios locales. Pero, ¿por qué nos condicionan? ¿No le habíamos pagado todo?

Aunque es conocido por otorgar créditos, el Fondo cumple otras funciones menos visibles. Entre ellas, recabar y difundir estadísticas económicas oficiales. Por ejemplo, gran parte de los datos económicos de la base de las Naciones Unidas son provistos por el FMI. Así, una de las obligaciones de los países miembros contempladas en el Artículo 8 del Convenio Constitutivo del Fondo es facilitar información en forma detallada y precisa según los estándares que el organismo estipula, para lo cual brinda asistencia técnica y capacitación. Ello cobra relevancia toda vez que en el marco de la novedosa diversificación de fuentes de financiamiento para los países en desarrollo, el Fondo busca consolidarse en un doble rol de consultor y auditor de las economías nacionales.

No tener deudas con el Fondo evita afrontar las condicionalidades, pero no exime de cumplir otros requisitos menos visibles que derivan de integrar la institución multilateral. Por supuesto, el Fondo es también un actor político. No demanda el cumplimiento de los compromisos de manera homogénea: aunque hay evidencia de que China estaría sobreestimando su PBI (The New York Times, 22/6/12), hasta el momento el FMI no ha tomado ninguna decisión en ese sentido.

Desde 2007, diversas organizaciones locales manifestaron dudas acerca de una posible subestimación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y una consecuente sobreestimación del Producto Bruto Interno (PBI), ambos indicadores elaborados por el Indec. Una medición del IPC más baja que la real tendría dos beneficios: limitar simbólicamente el impacto de la suba de precios, y reducir los intereses de deuda derivados de los bonos indexados por la inflación. Como primera advertencia, en su reporte semestral global de 2009, el Fondo consignó que las estadísticas privadas del IPC y el PBI diferían de las oficiales. Para enfrentar las críticas, el Gobierno encargó una evaluación de la calidad de las estadísticas del Indec a un comité de cinco universidades nacionales, pero sus recomendaciones no generaron cambios significativos.

En lo que pareció una respuesta a la intención del Gobierno de reestructurar la deuda con el Club de París sin pasar por una revisión del FMI, la gerencia del Fondo amenazó con sancionar al país a finales de 2010. Para descomprimir la situación, el Gobierno solicitó asistencia técnica para generar un nuevo IPC de carácter nacional (el del Indec abarca sólo Capital y GBA). Luego de dos misiones técnicas en las que trabajaron junto a funcionarios del Indec, el staff del organismo elevó un informe al Directorio Ejecutivo, donde están representados los 188 países miembros. Allí, Argentina se mostró dispuesta a mejorar la calidad del actual IPC y el PBI, dejando de lado la propuesta del IPC nacional. En el caso del IPC, el Fondo reclamó adecuarlo a la metodología internacional consensuada por diversas agencias, entre las que están el FMI y la OIT, entre otras.

A comienzos de este año, el Directorio destacó la incorporación de mejoras sobre el dato de PBI, pero criticó la falta de mejoras en la metodología del IPC, para lo cual concedió 180 días más. Transcurrido ese plazo, el Directorio volvió la criticar los escasos avances y dio, en lo que fue presentado como una última advertencia, tres meses adicionales. Esto motivó la analogía futbolística de Lagarde, quien señaló que Argentina había recibido una “tarjeta amarilla” y, de no haber mejoras, se exponía a una “roja”. Rápidamente, la Presidenta rechazó la amenaza en su discurso en la Asamblea de la ONU: “Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana [...] y que por lo tanto no va a ser sometida a [...] ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja”.

De considerar que los avances reclamados fueron insuficientes, el 17 de diciembre el Directorio podría activar una sanción, cuyo primer efecto sería inhabilitar el acceso a los créditos y a la asistencia técnica del FMI. En principio, esto no parecería suponer mayores problemas al Gobierno, en tanto rechaza las recomendaciones del organismo y no está dispuesto a utilizar su financiamiento. Pero de persistir la situación, el Fondo podría suspender el derecho a voto y, finalmente, expulsar al país como miembro. Aunque no habría que descartar el inicio de un proceso de sanciones, es muy poco probable que Argentina llegue a enfrentar una “tarjeta roja”. La expulsión, además de constituir una decisión de inédita confrontatividad internacional, requiere contar con la aprobación del 85 por ciento de los votos. De acuerdo con las cuotas que entrarán en vigor en breve, una eventual oposición de los BRIC, los países miembros y los asociados al Mercosur impediría alcanzar ese porcentaje. Esto constituye un dato muy relevante para el propio Fondo, dado el precedente que podría establecerse de no prosperar esta sanción.

Sin embargo lo expuesto no debería llevar a pensar que este conflicto se resolverá satisfactoriamente para los intereses nacionales como lo fuera el anterior saldado con el pago total anticipado en 2005, por tres motivos. Primero, las presiones del sector financiero tienen creciente eco. Por caso, Estados Unidos vota en contra de los créditos del BID y el Banco Mundial por no cumplir las sentencias del Ciadi; mientras tanto, la Justicia de Ghana ha retenido a la Fragata Libertad por un reclamo de los fondos buitre. Segundo, el FMI ha atravesado por una reforma en su gobernanza que otorgó mayor poder de decisión a los países en desarrollo. Aunque restan avances, el Fondo es, hoy, una institución con mayor legitimidad que hace un lustro. Tercero, no será sencillo conseguir apoyos externos en una negociación frente el Fondo por sostener estadísticas económicas sobre las que existen dudas.

Una vez más los reclamos del FMI han ocupado la primera plana de la escena política local. La prudente decisión de mantener distancia de las exigencias del organismo, que vacila frente a la necesidad de promover enfáticamente políticas expansivas para mitigar la crisis económica global, no debe llevar a perder de vista la importancia de mejorar el abordaje de la problemática inflacionaria a nivel estadístico y político. Estadístico, porque contar con datos con el mayor grado de validez y confiabilidad posible, constituye un requisito excluyente para diseñar políticas adecuadas. Político, porque la suba de precios amenaza con erosionar el aumento del salario real logrado durante la última década y así, revertir uno de los grandes logros en materia de redistribución que caracteriza a la gestión actual

* Doctor en Ciencias Sociales, Conicet/IdaesUnsam/Flacso.