El domingo próximo pasado el suplemento económico Cash del diario Página/12 presentó un documento del denominado Plan Fénix.

Desde el mismo título del artículo “Inflación y desarrollo”, los integrantes del grupo de economistas, en su mayoría de trayectoria cercana al radicalismo, definen una visión de la actualidad económica del país que resulta claramente equivocada. Este yerro se refiere tanto a las herramientas técnicas en las que basan su análisis como al marco teórico-político en que lo centran.

Tan es así que el diario La Nación, que nos exime de cualquier comentario acerca de la ideología y grupo de interés que defiende, toma con beneplácito la preocupación del Plan Fénix por el tema inflacionario, aunque presenta la opinión de economistas monetaristas que difieren en las supuestas causas de ese fenómeno.

En primer lugar, el Plan Fénix parece adherir, respecto del Indec, a las premisas opositoras de “creer” –como si la estadística fuera una cuestión de fe– cuando los indicadores de evolución de precios son elevados y dudar cuando no satisfacen las expectativas al alza de los agentes financieros interesados en que esos indicadores suban. De otra manera no se explicaría por qué sostienen que el índice de precios al consumidor del Indec no es creíble y al mismo tiempo basan parte de su análisis en la evolución de precios implícitos (IPI), indicador que también publica el Indec. Será porque el segundo, lógicamente, es más alto que el primero.

Adicionalmente toman en cuenta índices provinciales de comprobada falibilidad técnica.

Tal vez el grupo Fénix también pase a considerar como poco creíble el IPI al leer esta nota, dado que la evolución de ese indicador, contrastando el segundo trimestre de 2012 contra el de 2011, es de 15 por ciento y no del 20 por ciento como ¿erróneamente? sostienen en el artículo publicado en Cash.

Además deberían explicar de qué manera se entiende un supuesto nivel inflacionario de más de 20 por ciento, en tanto la carne –producto de referencia de los restantes precios de consumo de la economía argentina al punto de que la dictadura militar elaboró un índice de precios descarnado– se mantiene a iguales precios que en diciembre de 2010. A menos que se considere que la razón de la inflación sean los salarios, como sutilmente deja traslucir el artículo publicado.

Como el Indec ha explicitado profusamente, el IPC-GBA mide la evolución de precios de una canasta de 440 productos y servicios de consumo en el área del aglomerado Gran Buenos Aires, cumpliendo, para la elaboración del indicador, todos los parámetros internacionales de calidad. Dadas la diferencias en los hábitos de consumo de la población en las diferentes regiones del país, el órgano oficial de estadística está actualmente abocado a la elaboración de un indicador de la evolución de precios de consumo en todo el territorio nacional, para lo cual se está desarrollando exitosamente la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares en 48.000 hogares de todo el país, la que, además de brindar información actualizada, vendrá a subsanar severas falencias de encuestas anteriores, casualmente llevadas a cabo por actuales integrantes del grupo Fénix.

Más allá de los instrumentos técnicos utilizados, la economía argentina no puede analizarse sin tener en cuenta el contexto mundial. Con Europa en recesión o muy bajo crecimiento, China creciendo a tasas por debajo del promedio de los últimos 20 años y Estados Unidos con sospechas de manipulación de sus indicadores de empleo para presentar mayor actividad que la real, la economía argentina debe dedicarse, como lo está haciendo el gobierno nacional, a proteger el mercado interno de la avalancha de saldos exportables, asegurando la conservación y generación de nuevos empleos y consecuentemente a seguir ampliando la participación de los trabajadores en el ingreso nacional.

La generación, desde 2003, de millones de nuevos perceptores de ingresos, ya sea por jubilaciones o por creación de puestos de trabajo, la implementación de los planes sociales de trabajo y la Asignación Universal por Hijo, el descenso rotundo de la tasa de desempleo, el aumento bianual de las jubilaciones por ley, y la puesta en funcionamiento de miles de negociaciones paritarias no dejan dudas acerca de quiénes han sido los sectores beneficiados en estos años, más allá de los naturales reacomodamientos de precios de una economía que no sólo creció, sino que cambió su composición capital-trabajo.

Existen dos vectores clave para seguir enfocando el objetivo: la energía y los alimentos.

Respecto del primero, con la estatización del 51 por ciento de las acciones de YPF el Gobierno ha encarado las acciones necesarias para proveer a nuestras industrias, a precios razonables, de un insumo que es fundamental a la hora de calcular los costos de las empresas de todos los sectores de actividad: primario, secundario y de servicios.

Argentina es uno de los primeros productores mundiales de alimentos y, más allá del precio internacional de los mismos, es relevante realizar una adecuada composición de las estructuras de costos, incluyendo el precio que deben pagar pequeños productores por el arrendamiento de la tierra a grandes terratenientes.

Luego de nueve años y medio de vigencia de este modelo económico de desarrollo con inclusión social, la discusión que debe plantearse desde el campo de la política económica –y no desde la teoría académica como hace el Plan Fénix– es el de la distribución del ingreso. El ex presidente de la Nación Néstor Kirchner sostuvo que el objetivo era lograr el famoso fifty-fifty –mitad del ingreso generado por la economía para el capital y mitad para los trabajadores–. Y, evidentemente, hacia allí se encaminan las acciones de gobierno.

El debate está planteado y las puertas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, abiertas para discutir con rigor técnico y firmeza política cuál es el diagnóstico actual y el futuro de nuestra economía

* Director técnico del Indec.