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La estatización de las AFJP despertó en grandes medios de comunicación, economistas del establishment y políticos conservadores una nueva vocación por la defensa de los intereses de los jubilados. Quienes justificaron los recortes del 13 por ciento de los haberes en el marco de los planes de ajuste del gobierno de la Alianza pasaron a reclamar mayores incrementos de las jubilaciones, al señalar como insuficiente que la mínima haya pasado de 150 a 1924 pesos en diez años, un incremento del 150 por ciento en términos reales, si se descuenta la pérdida de poder de compra por inflación, según se refleja en las estadísticas provinciales. El crítico estudio al que someten las inversiones de la Anses contrasta con el silencio con que apañaban comisiones superiores al 30 por ciento sobre los aportes que cobraban las administradoras privadas, o las especulaciones que realizaban con los fondos que administraban beneficiando a empresarios amigos, como el Grupo Clarín. Tan repentina conversión lleva a preguntar qué hay detrás.

Vale analizar entonces a qué denominan “la plata de los jubilados”. En esos términos se refieren al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses. Esos fondos fueron acumulados por el sistema privado como consecuencia de la reforma previsional de 1994, por la cual las AFJP pasaron a recibir los aportes de los trabajadores activos mientras que el Estado debió seguir pagando a quienes ya se habían jubilado. El resultado fue un déficit de las cuentas públicas y un superávit en el balance de las administradoras privadas. El agujero en el presupuesto público fue cubierto mediante endeudamiento y entre los principales prestamistas se encontraron las AFJP. Es decir, que le prestaban al Estado los aportes previsionales que le habían retirado con la privatización del sistema, cobrando por ello un interés que compensaba parcialmente la descapitalización de los futuros jubilados generada por las usurarias comisiones. Al momento de la estatización del sistema, la cartera que recibió la Anses estaba compuesta en un 55 por ciento por bonos de la deuda pública, que pasaron a transformarse en un asiento contable entre dos dependencias públicas.

De esta manera, resulta que “la plata de los jubilados” es en realidad la acumulación de los aportes que le habían sido sustraídos al Estado durante los 15 años que pagó jubilaciones bajo el esquema de administración privada, y que con su estatización retornan a sus arcas. El pago de las jubilaciones no se realiza con esos fondos, sino que se financia en un 44 por ciento vía recaudación de impuestos nacionales y en un 56 por ciento con los aportes actuales de quienes tienen un empleo registrado y las contribuciones de las empresas. Ello no hace más que reflejar, financieramente, la base material de cualquier sistema previsional: los activos sostienen con su trabajo a los pasivos.

Por eso, para que el sistema sea sostenible y las jubilaciones se incrementen se requiere un creciente nivel de actividad económica con generación de empleo registrado, que redunde en una mayor recaudación de impuestos y aportes con que financiar el pago de haberes. Con esa finalidad, la Anses utiliza los fondos del FGS para financiar políticas contracíclicas como el plan Pro.Cre.Ar., que además de permitir a miles de ciudadanos acceder a una vivienda propia, impulsa la actividad económica y el empleo. A ello se oponen quienes en nombre de la defensa de los jubilados quieren desfinanciar al Estado y volver a la Argentina de la deuda, el ajuste y el desempleo. Es que añoran los tiempos en que administrando “la plata de los jubilados” hacían buenos negocios privados a costa del presente y futuro de los trabajadores.

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