Durante 1973, en el marco de planes reparatorios del tercer gobierno peronista recién asumido, la Nación y las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis firmaron “actas históricas” que incluyeron, entre otros temas, la promoción industrial, un régimen que continuó, con cambios, hasta diciembre de 2012, cuando de acuerdo con la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, caducará. En las provincias hay voces de rebeldía, pero no han sido pocas las críticas que suscitó una política que ya lleva casi cuatro décadas.

En el origen, la ley proclamó la exención impositiva para las industrias que se radicaran en esas cuatro provincias: no pagarían Ganancias, ni Derechos de Importaciones ni IVA, que –faltaban años para el impuestazo de Domingo Cavallo– entonces era del 13 por ciento. Entre muchas otras, grandes fábricas como Alpargatas, Bagley, Galgo, textiles, alimentarias, fueron a la “conquista del oeste”. Pero en no pocos casos hubo empresas que dejaron sus producciones donde estaban y sólo levantaron en esas provincias galpones y armadurías para eludir el pago de esos impuestos. La corrupción con funcionarios locales no fue un dato de color.

El mecanismo siguió durante toda la dictadura cívico-militar instaurada en 1976. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se empezaron a generar algunos cambios. El primero fue el fin de la autorregulación. Es decir, fue la Nación, y ya no las provincias, la que empezó a supervisar a las empresas beneficiadas con el no pago de impuestos. Muchas firmas entonces quebraron o se fueron, evidenciando que el régimen estaba viciado en forma extendida.

El segundo cambio fue la aplicación de cupos en las exenciones, de modo que no se podía evitar el tributo en el ciento por ciento a partir de una cierta cantidad de producción. Ello fue así por presión de provincias vecinas a las beneficiadas, que se sentían perjudicadas por el desvío de inversiones hacia las áreas con ventajas tributarias.

Durante el menemismo, el aumento del IVA al 21 por ciento no hizo más, en esta materia, que beneficiar a los empresarios que habían sobrevivido con el régimen de excepciones y provocar nuevo enojo en otras provincias. Por ejemplo, Mendoza se quejaba de ventajas de San Juan en inversiones alimentarias, o Chaco respecto de San Luis en algodón y textiles.

En 2010, la presidenta Fernández de Kirchner prorrogó por dos años un régimen ya reducido por los cambios mencionados. Y ahora, el 31 de diciembre, llega ese plazo final.

Cabe aclarar que esto rige solamente para las cuatro provincias mencionadas. Distinto es el caso de Tierra del Fuego y de las zonas francas, que gozan de otro régimen en plena vigencia.

Desde luego, entidades empresarias y gremiales de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja protestan por el cierre de empresas y pérdidas de empleo, que el diputado riojano Jorge Yoma, hoy distanciado del kirchnerismo, evaluó en 40.000 trabajadores. La UIA y las cámaras provinciales hablan de quinientas empresas en peligro y suben la cantidad de empleados amenazados de desocupación. Los sindicatos dijeron que si el 17 de diciembre no hay cambios en los anuncios, harán piquetes de resistencia.

En el Ministerio de Economía de la Nación responden que el costo fiscal para todos los argentinos es de 8000 millones de pesos anuales, y que la “sintonía fina”, en un régimen que juzgan ya caduco, debe aplicarse. Piensan la medida como parte de un esquema fiscal que tiene otro punto al que los medios de prensa ignoraron: el decreto 2172 de hace pocas semanas por el cual se creó el Registro de Subsidios e Incentivos, un verdadero mapa fiscal donde deben anotarse todos los subsidios, apoyos, exenciones, incentivos que reciben diversas actividades y empresas.

El espíritu que señalan economistas keynesianos del Gobierno, recordando una cita de su referente el lord inglés, es que “los empresarios son importantes siempre que contribuyan más a la sociedad que lo que la sociedad contribuye con ellos”.

Está claro que el gobierno nacional tiene más propensión a contribuir con gobiernos provinciales alineados que con los díscolos, y que hay inconsistencias en la coparticipación federal de impuestos, que reclama hace años una reforma. Pero, por otro lado, el gobierno nacional viene encarando obra pública a lo largo y ancho del país en forma ostensible y visible para todo aquel que lo recorra, y el empleo público, desde 2003, pasó de 750.000 a 1,5 millón de personas. Ha hecho, además, y a contramano de quienes alardearon durante décadas por equilibrio fiscal y jamás lo lograron, endeudando al país del modo más extremo e irresponsable (volverían a hacerlo, a juzgar por lo que piensan en esta coyuntura), un gran esfuerzo para lograr superávit en el sector público nacional y superávit primario.

Sin embargo, el sector público argentino, que incluye a Nación y a provincias, arroja déficit, justamente por los rojos provinciales.

Según la consultora Economía y Regiones, 2012 terminará con el peor déficit de las provincias desde 2003, con un alza de entre 50 y 60 por ciento respecto de 2011. En parte, por la menor actividad económica del año. Pero de fondo, porque las provincias requerirían modificar estructuralmente su esquema impositivo, por ejemplo llevando a un mayor peso sobre el total recaudado los impuestos patrimoniales, que son irrisorios en muchas de ellas.