Seguramente más por su autor que por su contenido, el informe del Banco Mundial “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina” ha despertado un interés inusitado en la cuestión de la movilidad económica y su impacto social. La magnitud del crecimiento de la población a la que el informe denomina “clase media” –incremento del orden del 40 por ciento para la región y del ciento por ciento para nuestro país– es verdaderamente notable, aunque para los productores y analistas de información estadística no sea novedoso. En efecto, todas las mediciones realizadas por los institutos oficiales de estadística y organismos internacionales, como Cepal, dan cuenta de un proceso acelerado de disminución de la pobreza, desocupación y desigualdad, independientemente de las metodologías de generación y análisis de la información.

En ese informe, el alcance de la definición de “clase media” es absolutamente técnico y está restringido a la dimensión de cierta seguridad económica alcanzada por las familias al contar con ingresos monetarios de entre 10 y 50 dólares –según paridad de poder de compra– por día y per cápita. Destaca que a partir de 2003 se quiebra y revierte una tendencia al crecimiento de la pobreza y la desigualdad que se verificó por décadas en la región: “... el panorama actual en la región es una realidad reciente y no tiene precedentes. Es el resultado de un proceso de transformación social que comenzó alrededor de 2003, y en esos años la movilidad social ascendente aumentó a un ritmo notable”.

Mayores ingresos familiares a partir del crecimiento del Producto Interno Bruto y una marcada disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso son, a juicio del BM, los determinantes de la veloz e inédita expansión de esta clase media. Se señala también que Argentina y Brasil son los países en los que la equidad distributiva hace el mayor aporte. Las conclusiones son en líneas generales correctas, pero podrían ser insuficientes: ha habido momentos de crecimiento del PIB y deterioro simultáneo de las condiciones de vida, así como también hay sociedades con bajos niveles de desigualdad pero paupérrimas.

La mejora de los niveles de vida de los pueblos de la región no puede entenderse si no se la vincula con la caída de la hegemonía del catecismo político y económico surgido del Consenso de Washington. A la crisis de los modelos neoliberales implementados en la región, le sucede la asunción de gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, luego Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, que imprimen fuertes cambios en la orientación de las políticas públicas. Aparecen entonces como comunes denominadores el fortalecimiento del rol del Estado en la economía mediante la recuperación del control de empresas y recursos clave, la ampliación de la inversión social y de infraestructura, así como las políticas de promoción y fortalecimiento de los mercados internos, redundando en marcados descensos de la desocupación y mejoras de los ingresos y las condiciones laborales. Asimismo, se aplicaron políticas de seguridad social de amplio alcance como los planes jubilatorios universales, la Asignación por Hijo de la Argentina o el Plan Bolsa Familia en Brasil.

Estos conjuntos de medidas son los que finalmente explican el incremento de la población con ingresos medios o clase media como lo llama el informe. Cabe recordar que en todos los casos la realización de esos programas gubernamentales contó con la tenaz oposición de poderosos agentes políticos, económicos o corporativos que vieron recortados sus privilegios en la ampliación de derechos para las mayorías.

En conclusión, es necesario privilegiar el enfoque de derechos ciudadanos por sobre el enfoque del desarrollo económico a la hora de delinear, monitorear o analizar las políticas públicas, de modo de promover para el conjunto de la ciudadanía pisos cada vez más altos de seguridad alimentaria, sanitaria, educativa y económica, en el marco de sociedades cada vez más igualitarias

* Director de la Encuesta Permanente de Hogares. A cargo de Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec.