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Uno de los latiguillos que utilizan los defensores de las grandes corporaciones que se esconden bajo el eufemismo del mercado, es que cualquier intervención estatal que regule su actividad constituye un paso hacia la “chavización de la economía”. La previa demonización mediática del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, les permite utilizarlo como un cuco con el que espantar a empresarios. De esa manera se busca socavar el apoyo a políticas como la aplicación de retenciones a la exportación de granos, oleaginosas y petróleo, la pesificación de las tarifas, la nacionalización de las AFJP, la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF o la regulación del mercado cambiario. Esas medidas que contribuyeron a sostener un proceso de crecimiento económico del que se beneficiaron la mayor parte de los empresarios y profesionales, les son presentadas como pasos previos a su futura expropiación cuando la “chavización” ya sea total.

En primer lugar, hay que aclarar que a los empresarios y profesionales de Venezuela –a quienes se asusta con la “cubanización de su economía”–, no les ha ido nada mal bajo el mandato de Chávez. En grandes números, la producción, el consumo y la inversión se expandieron en más de un 80 por ciento bajo la administración bolivariana, incrementando enormemente el mercado para sus empresarios y las posibilidades de éxito de los profesionales caribeños. Además, muchas de las políticas que se presentan como una avanzada frente a la iniciativa privada, no han hecho más que fomentarla. De la mano de la recuperación de Pdvsa, florecieron numerosos proveedores y transportistas en zonas históricamente marginadas como el delta del Orinoco. La implementación del presupuesto participativo permitió a pequeños y medianos empresarios de los diversos pueblos y ciudades venezolanas ganar licitaciones que antes sólo eran accesibles a grandes grupos trasnacionales. La impresionante obra pública que caracteriza al régimen chavista no sólo expandió las oportunidades de negocios empresariales, sino que también amplió la infraestructura –especialmente de transporte– reduciendo los costos de la actividad privada y mejorando su competitividad.

La semejanza entre la Venezuela de Chávez y la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner no se encuentra en una vocación por el intervencionismo cuyo objetivo final sería la eliminación de la propiedad privada y su reemplazo por un Estado omnipresente. Tanto en Venezuela como en Argentina, la creciente presencia estatal se circunscribe a algunos sectores estratégicos cuya dinámica desregulada atentaba contra el bienestar de las mayorías. La intervención del Estado permitió, en ambos casos, sostener un ciclo económico expansivo con crecientes niveles de justicia social que se reflejan en una brusca disminución del desempleo, la pobreza y la indigencia. La mejora en las condiciones de vida de las mayorías les dio a sendos regímenes un apoyo popular que se reflejó en abultados triunfos electorales. La paradoja de que ambos gobiernos democráticos sean presentados como dictatoriales por los grandes medios de comunicación privada, sólo refleja el hecho de que el poder mediático se ha convertido en el custodio del proyecto de globalización neoliberal.

La verdadera coincidencia entre el socialismo del siglo XXI chavista y el capitalismo nacional kirchnerista es su común rechazo a un capitalismo global que tiende a empoderar a la empresa multinacional por sobre el Estado, la empresa nacional –sea bajo gestión privada o social– y las mayorías populares

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