Desde Londres

En 2009 la segunda cumbre del G-20, que agrupa el 90 por ciento del Producto Interno Mundial, anunció “el fin de la era de los paraísos fiscales”. El estallido financiero y la crisis mundial habían encendido la alarma: había que curar el sistema. Más que terminar, la crisis ha entrado en una nueva fase, la de la deuda soberana. Mientras tanto, seis cumbres del G-20 más tarde, los paraísos fiscales no se han dado por enterados de que su era ha tocado fin.

A pesar de tanto discurso grandilocuente, interés creado y cuestionable voluntad política para la erradicación de los paraísos fiscales, hay un creciente optimismo entre las organizaciones que luchan contra la evasión global. “Por primera vez vemos señales que apuntan a la creación de una nueva arquitectura global basada en la transparencia fiscal y una lucha genuina contra los paraísos fiscales”, señaló a Cash Nicholas Shaxon, autor de Treausre Islands, un exhaustivo análisis de los paraísos fiscales.

La razón del optimismo de Shaxon y organizaciones como Tax Justice International reside en un principio muy simple: el intercambio automático de información. Bajo este principio, los gobiernos están obligados por ley a informar sobre el dinero y bienes de los ciudadanos extranjeros a su país de origen. “El sistema propuesto por el G-20 en 2009 se basaba en la obligación de informar ante un pedido concreto de un país. Esto obligaba al gobierno a tener el dato de antemano de la persona en cuestión para hacer el correspondiente pedido de información. Los paraísos fiscales firmaron enseguida su acuerdo con esa medida porque tenía un impacto nulo. Con el principio de intercambio automático, esto cambia por completo porque los gobiernos tienen la obligación legal de suministrar la información, haya o no un pedido al respecto”, explica Shaxon.

Este nuevo principio es la base de una ley europea y otra que entrará en vigor en Estados Unidos el año próximo para las instituciones financieras. Según publicó a fines de noviembre el dominical británico The Observer, el Reino Unido –país líder en la evasión fiscal internacional, según Tax Justice International– planea una ley similar a la estadounidense para obligar a los paraísos fiscales a revelar los nombres que se esconden detrás de compañías y fideicomisos que tienen por toda dirección un apartado postal.

El imperativo económico y político de estas iniciativas es evidente. La Unión Europea y Estados Unidos tienen serios problemas fiscales que no se pueden resolver con el simple y expeditivo recurso de recortar “ad eternum” el gasto en programas sociales. Pero las mismas ONG reconocen que las actuales iniciativas están llenas de rendijas legales. En el caso europeo, la UE está debatiendo una serie de enmiendas que permitirían tapar esos huecos que facilitan la elusión fiscal. Estas enmiendas han desatado una contraofensiva liderada por Suiza con el apoyo de Austria, Luxemburgo y el principado de Liechtenstein para forzar acuerdos bilaterales que permitan conservar el secreto fiscal con los países más poderosos, en especial, Alemania y el Reino Unido. Esta tensión diplomático-política será clave en la lucha contra la evasión. “El viernes 23 de noviembre, la Cámara baja germana rechazó un acuerdo bilateral con Suiza, asestándole un virtual tiro de gracia. La posición del Reino Unido es más ambivalente. Por un lado está tironeado por sus problemas fiscales y una economía que acaba de salir de una doble recesión, pero no del estancamiento. Por el otro, es un centro financiero que se beneficia con la existencia de los paraísos fiscales”, señala Shaxon.

Si en Europa y el mundo desarrollado las contradicciones entre distintos sectores sociales y países empiezan a hacerse evidentes, en América latina apenas se está hablando de un tema que debería ser central en la agenda. En junio, la red de Justicia Fiscal publicó un denso informe, “The Price of Offshore revisited”, en el que mostraba que cuatro países latinoamericanos se encontraban entre las veinte naciones que más dinero tenían depositado en paraísos fiscales. Brasil encabezaba la lista regional, con unos 520.000 millones de dólares girados a paraísos fiscales en 2010, seguido por México con 417.000 millones, Venezuela con 406.000 millones y Argentina con 399.000 millones.

Según Jorge Gaggero, miembro de la Red de Justicia Fiscal de América latina (asociados a Tax Justice International), la región ha avanzado muy poco en este capítulo. “Estamos muy lejos de la aplicación de este principio. A lo que se agrega otro problema. El Primer Mundo está empezando a aplicarlo, pero de manera asimétrica. Una cosa es lo que hacen con sus propios capitales fuera. Otra cosa es la conducta que siguen con los capitales de otros países que se terminan fugando a sus orillas”, indicó Gaggero a Cash. Estados Unidos es un claro ejemplo de esta asimetría. La ley para que las instituciones financieras revelen las cuentas de sus ciudadanos en el extranjero se contradice con la absoluta confidencialidad que le otorgan al ahorrista o inversor extranjero cuando deposita su dinero en Estados Unidos.

A esta contradicción se refirió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la última cumbre del Mercosur, que celebró la incorporación de Venezuela al bloque, cuando exigió a los países centrales más seguridad financiera. “Basta de paraísos fiscales y doble discurso”, dijo CFK. En este sentido, el Mercosur podría ser un punto de partida para una acción conjunta, pero –muestra de la complejidad– cuenta con el obstáculo que representa uno de sus miembros, Uruguay, calificado de paraíso fiscal por el G-20 en 2009 y con quejas propias sobre las asimetrías que reinan en el bloque