El debate fiscal en Estados Unidos se ha convertido en un tema recurrente que mantiene en vilo al mundo en general y a las economías de América latina y el Caribe en particular. El acuerdo alcanzado hace unos días permite un breve respiro al evitar, por el momento, que la economía estadounidense caiga barranca abajo, metafóricamente hablando, arrastrada por el peso de su desequilibrio fiscal. La mala noticia es que esta solución no aleja de modo definitivo los problemas a resolver. La próxima ronda de negociaciones sobre los límites al endeudamiento (debt ceiling) y los recortes fiscales se augura complicada por la creciente brecha que separa a demócratas y republicanos.

Nuestra región ha seguido con atención las discusiones sobre el llamado “abismo fiscal”, en virtud de las graves implicaciones que genera la incierta gobernabilidad fiscal en el país del norte. Se trata de no posponer más un pacto político que defina el nivel del endeudamiento, la estrategia de financiación vía emisión de dólares o activos en esta moneda, los ingresos y el gasto público.

La incertidumbre impone riesgos relevantes a nuestras economías. En primer lugar, introduce una mayor volatilidad en los mercados que complica el manejo de las políticas monetaria, cambiaria y financiera. Asimismo, esta incertidumbre desestabiliza decisiones de consumo, producción e inversiones afectando negativamente el crecimiento de la economía estadounidense en particular y de la economía mundial en general. Esto se traducirá en una disminución de los flujos comerciales internacionales con efectos negativos sobre las perspectivas de crecimiento de nuestra región.

América latina y el Caribe, y especialmente México, América Central y el Caribe, están fuertemente vinculados con la economía estadounidense y son particularmente sensibles a la magnitud, el timing y el estilo que adopte la estrategia fiscal en Estados Unidos. Los países de América del Sur tampoco están exentos de los probables efectos negativos que esta situación puede implicar, ya que el menor nivel de actividad estadounidense y la mayor incertidumbre global pueden deprimir los precios de los productos básicos que estos países exportan y dificultar, a la vez, el acceso a los mercados financieros internacionales.

Volviendo a la metáfora, se puede decir que la economía estadounidense se apresta a atravesar en 2013 (y los años siguientes) un territorio plagado de abismos que, para resolverse, requerirán de una mayor voluntad y capacidad de arribar a consensos. Antes de mediados de año se pondrá de nuevo sobre la mesa la necesidad de aumentar el techo de endeudamiento del Tesoro, que no hace mucho encendiera las alarmas sobre las complejas negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de la nación más rica del mundo, y los nocivos efectos que la demora en alcanzar un acuerdo podrían tener sobre distintos aspectos de la economía y las finanzas internacionales.

Hoy nadie duda de la urgencia de implementar algún tipo de ajuste que frene el crecimiento insostenible de la deuda pública estadounidense y todo el mundo entiende que este déficit fiscal se ha venido acumulando especialmente desde los primeros años del nuevo siglo, en gran medida por los fuertes recortes de impuestos y el aumento del gasto militar. Además, se ha incrementado recientemente por la fuerte recesión y la necesidad de tomar medidas compensatorias.

El impacto de las estrategias a seguir sobre el necesario ajuste y su impacto en el nivel de actividad no es insensible a la magnitud y el timing del ajuste ni tampoco a la estructura del mismo. Es decir, no da lo mismo si éste se realiza sobre la base de un aumento de los impuestos al consumo en general o sobre los ingresos de los estratos más ricos de la población. Tampoco da lo mismo si se logra con un recorte de gastos de defensa o disminuyendo los gastos de la seguridad social y atención pública de la salud. A mayor sesgo distributivo regresivo del ajuste, mayor será el impacto recesivo en la economía y el bienestar social.

Por ello es fundamental intentar minimizar el sesgo distributivo regresivo del ajuste. Es decir, evitar cortes en gastos sociales y en infraestructura productiva y social y más bien optar por disminuir gastos militares y/o aumentar proporcionalmente los impuestos sobre la renta, especialmente de los que reciben mayores ingresos, coincidiendo por cierto con los planteamientos del presidente Barack Obama.

Del mismo modo, a mayor incertidumbre y dificultad política para lograr consensos en el nivel del gasto y en el origen y disponibilidad de recursos para financiarlos, mayor será el costo del ajuste en términos de demanda interna, nivel de actividad, empleo y productividad.

En cualquier caso, dada la magnitud de la brecha fiscal y la imposibilidad de cerrarla en un plazo breve debido a las posiciones tan antagónicas e irreductibles, el mundo deberá repensar senderos para convivir con un déficit fiscal estructural estadounidense que algunas estimaciones ubican entre el 5 y el 6 por ciento del PIB. La financiación de este déficit implicará un continuo aumento de la oferta de activos financieros denominados en dólares, combinado con mayor demanda de estos activos por parte de las economías emergentes, incluyendo los países de nuestra región, para evitar la apreciación de sus monedas.

Un potente indicador es el nivel sin precedentes de acumulación de reservas internacionales por parte de los gobiernos de la región en años recientes y que ascienden a más de 800.000 millones de dólares. Pero está en riesgo este modelo de blindaje que se basa en el ahorro de nuestras sociedades y que ante la creciente devaluación del dólar pone en jaque los esfuerzos productivos y sociales en nuestra región. Al mismo tiempo, este nivel de reservas le otorga a nuestra región mayor peso político frente a los debates fiscales y especialmente la autoridad para reclamar cordura a los actores políticos involucrados.

Por eso es preciso insistir en la necesidad de que los participantes de la discusión política sobre gobernabilidad fiscal en Estados Unidos asuman con responsabilidad el rol histórico que les toca cumplir, no solo en términos domésticos o locales sino respecto de sus implicaciones en la economía internacional. Es una llamada a que acerquen sus posiciones y se predispongan a generar consensos que permitan definir un sendero previsible de mediano plazo que evite costos políticos altos e irreversibles

* Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).