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El reconocimiento de la región de América latina y el Caribe como la más desigual del mundo ya es un hecho consensuado en los ámbitos político-académicos. Esta desigualdad no es en absoluto reciente, sino más bien el resultado de largos procesos históricos en los que se fueron configurando en la región instituciones económicas, políticas y sociales que determinaron una distribución asimétrica de los recursos.

La riqueza de recursos naturales de los países latinoamericanos y la explotación de los pueblos originarios sentaron las bases históricas para el desarrollo de estos arreglos institucionales. Así, pequeños grupos pudieron disfrutar de grandes rentas y del poder político suficiente para defender sus intereses. De esta manera, la extrema desigualdad se profundizó, resultando funcional a los intereses de unos pocos, capaces de reproducir con su poder las instituciones y racionalidad existentes.

Estos altos niveles de desigualdad, que afectan desde hace mucho tiempo a nuestros países, tienden a ser causantes de una muy amplia variedad de problemas sociales. Las brechas que genera la desigualdad, que polarizan nuestras sociedades, tradicionalmente se ampliaron a partir de la reproducción intergeneracional de la pobreza y de la vulnerabilidad social que permitieron la permanencia y preeminencia de los arreglos institucionales que respaldaron históricamente la desigualdad.

Sin embargo, y particularmente en las últimas décadas, la cuestión social se ha reformulado en la agenda pública. La creencia de que el verdadero crecimiento no puede darse sin una distribución más justa y homogénea de los recursos implicó un giro en las gestiones de muchos gobiernos latinoamericanos, que comenzaron a buscar el mejor camino hacia el crecimiento económico con equidad, aun desde posiciones ideológicas no necesariamente homogéneas. En este contexto, en los últimos años se ha avanzado en una importante disminución de la pobreza y una menor concentración del ingreso. Sin embargo, sus implicancias resultan aún muy leves en materia de reducción de la desigualdad.

Enfrentar las causas estructurales de la desigualdad implica colocar un fuerte foco en la reproducción social y en la transferencia intergeneracional de las oportunidades que sostienen los arreglos institucionales que respaldan la distribución inequitativa de la riqueza y de las capacidades. Políticas públicas activas que promuevan el desarrollo infantil temprano constituyen así una prioridad fundamental. Y esto, a su vez, supone prestar primordial atención a las políticas de cuidado, especialmente de cuidado infantil. Hacia allí se dirigen algunos de los temas críticos de la nueva generación de la protección social latinoamericana.

Es menester avanzar, en los diversos contextos nacionales, en estrategias de cuidado orientadas por el principio de la igualdad. Esto supone nuevos equilibrios de las interrelaciones entre el Estado, el mercado, las comunidades y las familias –el “diamante del cuidado”–, donde el rol del mercado pase a ser de subsidiario y el del Estado de garante. Se trata, además, de darle al Estado el protagonismo en términos de promover el principio de acceso universal y de asegurar estándares de alta calidad, lo cual requiere fortalecer su rol regulador de la oferta privada y comunitaria.

Tal lo indicado, el principal desafío que tienen por delante los países de nuestra región consiste en ir cerrando las brechas de la desigualdad, causal de la gran mayoría de los problemas sociales. Fortalecer las políticas de cuidado, desde una perspectiva de desarrollo infantil temprano como derecho humano fundamental, parece constituirse en una herramienta imprescindible en ese sentido. ¿Será ésa una opción que tomen los gobernantes del presente?

* Director y ** coordinadora del Programa de Protección Social de Cippec.

www.cippec.org