Muchos años han pasado desde el tiempo de las privatizaciones. Los ’90 han quedado lejanos, pero su sello permanece con sus secuelas en todos los servicios públicos. Estructuras de funcionamiento, modalidades de gestión, sistemas tarifarios, empresas involucradas, funcionarios de aquellos tiempos, todo aquello subsiste aún en el mundo de los servicios públicos. Nada malo sería ello –por el contrario, la continuidad de políticas no es un fuerte de nuestra realidad socioeconómica– si no fuera porque aquellas privatizaciones fracasaron. Algunas rotundamente, otras en menor grado. Pero todas en alguna medida mostraron el resultado de la improvisación y el fundamentalismo.

Los intentos de mejorar en forma individual algunos servicios a lo largo de los últimos tiempos muestran esfuerzos aislados y esporádicos, producto de la necesidad más que de un plan específico. Se podrá considerar que los esfuerzos de gestión e inversión estuvieron canalizados a urgencias sociales y a una realidad económica extremadamente dura y frágil. En ambos campos se advierten avances inmensos que podrán justificar el relativo olvido de los servicios públicos como conjunto. Pero siempre la realidad se impone y ha llegado la hora de los servicios públicos. Que requieren planes, políticas, inversiones. Y gestión intensa, lo que implica sintonía fina y esfuerzo grueso. Para lo cual es importante aclarar algunos conceptos.

No se trata de volver totalmente al Estado, lo cual sería un error sin tener un plan previo de objetivos a lograr. Para dar un ejemplo, sería un error estatizar Edenor o Edesur, pero es urgente un protagonismo estatal en ferrocarriles. La cuestión es analizar cada servicio en particular fijando metas de corto, mediano y largo plazo y recién entonces gestionar cada una. En ese sistema todo tiene cabida: el Estado como director y regulador, acaso empresario en algún punto. La actividad privada, especialmente la nacional, en la gestión y en la inversión: se terminó definitivamente el mito de la experiencia extranjera en estos servicios, ya que ha mostrado numerosos fracasos, cuando no vaciamientos dolosos. Acaso en algún momento especial y en forma excepcional podrá recurrirse a financiamiento externo, pero ello no puede ser la norma en el mediano y largo plazo, so pena de renunciar a políticas de industrialización que se requieren urgentemente para consolidar el proceso de crecimiento de la economía. Algunos intentos en ese sentido pueden verse como situaciones de coyuntura que debieran acompañarse con planes en obras y servicios a cargo de la industria nacional.

La gestión de los servicios debiera recurrir cada vez más a la profesionalidad y a políticas y estructuras estatales permanentes. Para no quedar en un intento circunstancial, cuando lo que sí permanece son las estructuras estatales de los ’90 que sobreviven y dan señales de continuidad subyacente. Los planes, por lo tanto, debieran ser abiertos al debate y a la participación de las organizaciones sociales y a la población en general, sedienta de dar su opinión, asegurando así reformas radicales si fuere necesario.

La inversión requerida puede acudir a la empresa privada y a fondos públicos en la medida en que sea necesario y conveniente, respetando las características de cada servicio: mantener subsidios a sectores sociales pudientes es contraproducente desde el punto de vista social, moral y de mejor asignación de recursos. Pero sobre todo es negativo para el funcionamiento de la economía, ya que inmensos recursos se pierden para la necesaria inversión y mejoramiento de los servicios y se produce un traslado de renta injustificable hacia esa porción de la población, alimentando así conductas de derroche que incrementan el problema. Las posibles secuelas económicas de un sinceramiento gradual de tarifas serán siempre menores que el actual aporte del tesoro. Aquí es esencial la sintonía fina: retoques pequeños y graduales y no los tarifazos a que nos tiene acostumbrados la Ciudad de Buenos Aires.

Para consolidar un proceso de estas características se impone nueva legislación que sea la base de una nueva etapa, normativa que deberá considerar también los nuevos servicios públicos, como los celulares, algunos aspectos derivados del uso de Internet y la convergencia, y determinadas prestaciones bancarias. De lo contrario, insistimos, permanecerá la estructura legal noventista, ya que los cambios que no se institucionalizan resultan efímeros.

Llegó el tiempo de los servicios públicos, que exige sintonía fina y esfuerzo grueso

* Especialista en energía, recursos naturales y servicios públicos.

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