Una de las objeciones que suelen señalarse a la imposición de controles a la compra de dólares es que los mismos son inefectivos. Quienes se oponen argumentan que afectar la libertad de comprar divisas extranjeras genera un mercado negro como único resultado. Dicen que el remedio sería peor que la enfermedad, ya que no sólo se fugarían divisas, sino que además el Estado perdería el control del valor del dólar, que quedaría a merced de una serie de especuladores que operan desde la ilegalidad.

En realidad, la crítica de que la intervención estatal genera su incumplimiento por parte de la sociedad es un argumento endeble. También hay robo de automóviles y compraventa de sus partes que violan las leyes, y a nadie se le ocurre señalar, por ello, que hay que legalizarlos. Lo que debe analizarse es si, más allá de que se viole parcialmente la prohibición, la medida es efectiva para el propósito con que se la impuso. En el caso de los controles cambiarios, el objetivo buscado fue terminar con la corrida cambiaria que había alcanzado un ritmo de casi 3000 millones de dólares mensuales adquiridos por el sector privado con fines especulativos, amenazando la estabilidad económica. La información del balance cambiario que brinda el Banco Central es clara respecto de la contundencia de los controles para reducir la compra de dólares por los particulares. Mientras que en el tercer trimestre de 2011 hubo una fuga de 8400 millones de dólares, el mismo trimestre de 2012 –una vez implementadas las nuevas regulaciones cambiarias– arrojó un ingreso neto de 6 millones.

Sin embargo, los controles generaron un mercado ilegal donde se pueden comprar dólares, aunque a un precio muy superior al cambio oficial. Al respecto vale aclarar que ese tipo de cambio rige para una porción reducida de las operaciones. No se liquidan en esa plaza la mayor parte de las exportaciones, ni se compran a esa cotización las divisas para las importaciones autorizadas. Eso es importante porque significa que la cotización “blue” no influye en la formación de precios de la mayoría de los bienes. Sólo algunos productos ingresados de contrabando, como telas o pequeños productos electrónicos, reciben la influencia de la cotización paralela, pero ello beneficia a la producción nacional, que compite con esos productos ingresados ilegalmente.

El dólar paralelo sí es una referencia para ciertas operaciones financieras y parte del turismo. Al respecto, la ilegalidad de ese mercado genera un descontento adicional a quienes, por necesidad o interés, acuden a él. La posibilidad de legalizarlo, estableciendo un dólar financiero o turista, puede ser una alternativa, que además permita una intervención directa del Banco Central para evitar movimientos bruscos en su cotización que benefician a quienes especulan con la desesperación ajena.

El desdoblamiento cambiario legalmente establecido permitiría agilizar los trámites de importaciones, derivando allí las compras externas de bienes que no sean considerados esenciales, y permitiendo el ingreso a precio preferencial de aquellos indispensables para aumentar la capacidad productiva de nuestra economía. También se podría autorizar a ciertos exportadores de sectores de baja rentabilidad, que liquiden sus divisas al dólar financiero, permitiéndoles mejorar su competitividad. Sin embargo se mantendría la cotización oficial para los exportadores de elevada rentabilidad, evitando transferencias regresivas de los ingresos y el encarecimiento de los alimentos y otros bienes de uso difundido. De esa manera se obtendrían los beneficios de competitividad del dólar alto, evitando sus perjuicios distributivos

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