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El anuncio de la minera Vale de no continuar con su proyecto de explotación de potasio en Mendoza ha sido justificado desde la empresa por problemas de costos y tipo de cambio. Sin embargo, una reasignación de prioridades para compensar las pérdidas a escala global como consecuencia de la caída en la cotización del mineral de hierro parece haber sido la motivación de mayor peso para abandonar el emprendimiento. Hasta aquí, podría pensarse que se trata de un clásico cálculo costo-beneficio por parte del inversor, con criterios de racionalidad económica que, como los de cualquier privado, miden muy poco el impacto social de sus decisiones, pese a que la empresa se comprometa a pagar las indemnizaciones correspondientes y a cancelar las deudas con proveedores. Allí es donde concurre el Estado, en este caso el provincial, para resguardar los puestos de trabajo y asegurar la plena vigencia del proyecto.

La idea de que Potasio Río Colorado continúe “con o sin Vale” abre interrogantes sobre si se piensa en un emprendimiento en asociación con capitales privados, o si será el Estado el que lo ejecute y financie. La propuesta de un Estado gestionando con mayor protagonismo un proyecto de estas características constituye en sí misma toda una novedad, habida cuenta de que el minero es un sector ampliamente dominado por el capital extranjero. Ello explica la creación el año pasado de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), pensada para fortalecer el poder de negociación de las provincias y establecer un piso de exigencias de distinta índole frente a las multinacionales del sector. Unificar posturas en cuanto a derechos y obligaciones de los privados resulta muy pertinente en un país donde la Constitución nacional otorga a las provincias “el dominio originario” sobre los recursos naturales en sus territorios. Esta circunstancia limita al Estado nacional para involucrarse en su defensa y control, volviendo necesaria, una vez más, la promoción del debate respecto de las competencias de ambas jurisdicciones (nacional y provincial) derivadas de esa ambigua definición que dejaron los constituyentes del ’94. Una discusión que, al calor de la tendencia verificada a escala global –donde grandes corporaciones económicas avanzan en el control y usufructo de recursos naturales públicos–, invita a repensar la cuestión del federalismo, si por ello lo que se pretende es debilitar al Estado nacional en momentos donde se necesita fortalecerlo.

No abundan en la Argentina muchos casos de empresas públicas provinciales involucradas en el negocio minero. El de mayor recorrido es el de Fomicruz, empresa santacruceña que es socia minoritaria de la sudafricana Anglogold Ashanti, con el 7,5 por ciento de las acciones de Cerro Vanguardia, un yacimiento de oro y cobre que opera en la provincia desde 1998. Como la Ley de Inversiones Mineras exime a las multinacionales del pago de la mayoría de los impuestos nacionales y pone un tope del 3 por ciento a las regalías provinciales, Santa Cruz embolsa más dinero gracias a esa participación que por los tributos que cobra. Por lo tanto, la gran expansión del sector podría asegurar un rápido retorno en divisas de la inversión pública en Mendoza, garantizando la rentabilidad económica del proyecto. Las restricciones, en cambio, parecerían ser más de naturaleza técnica a consecuencia del escaso desarrollo tecnológico nacional en la industria minera, lo que demandará esmerarse en la capacitación de los trabajadores y, a largo plazo, planificar un impulso del sector donde se priorice la generación de mayor valor agregado.

En lo inmediato, el principal desafío de este renovado protagonismo del sector público en la minería será promover una mayor licencia social de la actividad, en tanto dicha expansión económica se ha consolidado a expensas de una conflictividad social ascendente que resiste el auge de esta industria. El extractivismo choca con límites culturales, sociales y ambientales en toda Latinoamérica, tendencia que podría empezar a revertirse con mayor fiscalización pública, donde la justicia económica redistributiva que impondría un reparto más equitativo de la renta minera no descuide aspectos esenciales vinculados a la defensa de la identidad cultural en las zonas donde estos emprendimientos operan

* GEENaP

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