Más allá de los dilemas económicos actuales y de que Argentina esté lejos de poseer una estructura productiva desarrollada, la reindustrialización alcanzada desde la salida de la crisis de la convertibilidad hasta 2011 fue uno de los logros más importantes de las últimas cuatro décadas. Sin embargo, algunos estudios al respecto la despreciaron.

“Radiografía de la industrialización argentina en la postconvertibilidad” fue el informe, publicado por el Cippec, de mayor difusión en ese sentido. Sus autores, Lucio Castro y Eduardo Levy Yeyati, remarcaron la contracción de la incidencia del sector manufacturero en la economía. El trabajo, basado en el período 1993-2011, indicó que “a pesar de los esfuerzos y los fondos invertidos en protección industrial, la Argentina estaría convergiendo a la senda declinante común a otros productores de commodities, en línea con el aumento de los precios relativos de los bienes primarios”. Y concluyó que “en un contexto en el que la desaparición de la protección cambiaria eleva el costo fiscal de esta estrategia, aferrarse al folclore industrializador sesentista no parece hoy la opción más sensata”.

En oposición a esa visión, el desenvolvimiento de la industria local fue muy diferente al observado en el resto de los países de la región. Todos, con una orientación de sus políticas muy distinta a la de Argentina, no resistieron la reprimarización económica en un escenario de agresiva competencia asiática. El deterioro de sus capacidades industriales se produjo a pesar de tener un mejor punto de partida. En esos casos debieron enfrentar una deuda menor, crisis previas no tan degradantes de su industria y de su capacidad de gestión pública y gozaron de un “viento de cola” más intenso (los precios de exportación de sus riquezas naturales crecieron, en las mayores economías de la región, entre dos y tres veces más que los nacionales y fueron más fáciles de aprovechar sin conflictos distributivos).

Según la Cepal, entre 2004 y 2011, en todos los países de Latinoamérica aumentó la participación de los productos primarios en la exportación total, excepto en Argentina, donde su participación cayó 4 por ciento. Este fenómeno es muy significativo en los países más industrializados. En Brasil la participación primaria creció 41 por ciento, en México 45 por ciento y en Colombia 31 por ciento, en detrimento de la industrial.

El señalado estudio también cometió el error de evaluar el PBI a precios de mercado (incluye impuestos) en lugar de considerarlo a precios de productor (sin impuestos). De esa forma, al comparar aisladamente el PBI industrial respecto del total se subestimó su participación, ya que los impuestos crecieron más que proporcionalmente que el PBI a precios de productor. Con la corrección correspondiente, el PBI industrial representó, en 2011, el 18 por ciento del PBI y no el 16 por ciento como informó el Cippec.

Una conclusión cierta del informe fue el crecimiento de la participación de los servicios en la economía, aunque su magnitud fue sobreestimada. No tuvo en cuenta el proceso, iniciado desde mediados de los ’90, de deslocalización de tareas no productivas que la industria fue tercerizando. Así, valor agregado antes contabilizado como industrial engrosó el PBI de servicios. Esa tercerización y el fuerte crecimiento de la demanda de las ramas productivas provocaron que rubros como transporte, almacenamiento y comunicaciones sean los de mayor dinamismo, junto a la intermediación financiera. La demanda del sector productivo impulsó a los tres primeros a acumular, entre 2003 y 2011, una suba del 143 por ciento. Además, el auge de los nuevos servicios vinculados con las TIC también ganaron un gran peso y facilitaron la tendencia a la deslocalización.

Otra omisión de la citada “radiografía” fue no haber advertido que el boom de la construcción se derivó de la sostenida revalorización inmobiliaria y del propio dinamismo productivo.

En suma, los factores señalados demuestran que la variable de la participación del producto industrial en el PBI es poco relevante para analizar el grado de industrialización reciente y que de ninguna manera puede afirmarse que la industria no haya logrado reverdecer, a contramano de las de los países vecinos.

Un hito no considerado del proceso reciente es que históricamente el comportamiento de la economía local había estado condicionado por el rol asignado a América latina en la división internacional del trabajo. Sin embargo, a partir de una creciente administración pública soberana durante el referido período, se fue diseñando un esquema de organización interna de la producción que rompió por primera vez con el modelo de crecimiento aplicado en la región. Lo más notable fue que consiguió alterar el sendero de primarización. El PBI industrial per cápita, tras haberse contraído entre 1977 y 2002 un 40 por ciento, llegó a superar en 2011 el nivel de participación en la plataforma productiva que tenía a inicios del 1 a 1.

Empleo e inversión

Otro aspecto real observado por el Cippec fue la limitada contribución del sector manufacturero a la creación de empleo. Sin embargo, la industria siguió liderando la contratación de trabajadores con casi 2 millones de empleos en 2011. La menor tasa relativa de creación de empleos obedeció también a la deslocalización, a la mayor automatización productiva y a las ganancias de productividad por inversiones, una mejor organización de procesos y a mayores economías de escala en un mercado en crecimiento. Asimismo, haber partido de una base industrial diezmada también determinó una menor base de contención. Ahora bien, la reactivación industrial fue fundamental por su capacidad dinamizadora de encadenamientos sectoriales, difusión de externalidades positivas y activa inserción en redes dinámicas de comercio y servicios.

En un marco de fortalecimiento del consumo interno con costos en alza, el modelo obligó a que las empresas buscaran prorratear gastos fijos en una mayor producción. Si bien en los primeros años se aprovechó la capacidad instalada ociosa –su utilización, según la estadística oficial, pasó del 65 por ciento en 2003 al 73 por ciento en 2005–, luego se estabilizó por debajo del 80 por ciento y el crecimiento fue dependiente de inversiones. El nivel promedio de inversión, que entre 1993 y 2001 fue del 19 por ciento del PBI, escaló a una media del 22,5 por ciento entre 2006 y 2011, con un pico del 24,5 por ciento en 2011.

La ampliación de la capacidad productiva también se reflejó en el cambio de la composición de la inversión. Más allá del gran crecimiento de la construcción, la incorporación de bienes durables de producción y la compra de vehículos crecieron más aceleradamente. Ahora bien, el impacto de la desindustrialización de los años previos en el nivel de autonomía de abastecimiento de maquinaria no se pudo revertir aun con el aumento de la inversión registrado. Las compras externas de bienes de capital llegaron a representar el 65 por ciento de la incorporación de tecnología en 2011, mientras que a comienzos de la convertibilidad representaban menos del 40 por ciento, lo cual agudizó el problema de escasez de divisas.

El efecto de la política macroeconómica de impulso de la demanda agregada y de reacomodamiento de precios relativos favorables a la producción interna fue fundamental para el proceso de recuperación. Sin embargo, este esquema tiende a agotarse si no se acompaña de un denso conjunto de políticas industriales. Además del acceso general a créditos a bajas tasas de interés, de la ejecución de obra pública, de los esquemas de administración comercial y de los estímulos al desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones, deben diseñarse instrumentos específicos de distribución del excedente dentro de cada entramado productivo y crearse un organismo financiero dedicado exclusivamente a la orientación estratégica de los créditos. Asimismo, debería sincerarse y replantearse la relación comercial con Brasil en base a la generación de empleos y distribución del ingreso que el intercambio entre ambos países provoca.

Estado

La desaceleración reciente de los niveles de crecimiento, la inflación, la pérdida de competitividad y las distorsiones de precios relativos generan tensiones que se suman a las restricciones estructurales de un país en vías de desarrollo y obligan a repensar la agenda de largo plazo. No obstante, estos dilemas no pueden opacar el notable cambio de tendencia descripto, que logró orientar los recursos nacionales a la producción, a diferencia de las políticas de ajuste, apertura y especulación financiera de los 25 años anteriores. Los procesos de desarrollo exitosos de la segunda mitad del siglo XX contaron de forma continua por más de dos décadas con una activa y eficaz intervención estatal en la economía, que activaron las inversiones y mejoras de productividad requeridas. Esos procesos fueron apoyados por correlaciones favorables de fuerzas locales e internacionales.

Lamentablemente, la intervención estatal genera antipatías, presiones y eventuales represalias de sectores rentísticos que deben resignar recursos en favor del desa-rrollo. Además del aval político para negociar con grupos de poder, la capacidad de la gestión pública y sus recursos, a través del conocimiento de cada eslabón productivo y de su interacción con el sector privado, es básica para diseñar mecanismos de acción en la distribución de parte del excedente y la fijación de metas de producción, inversión y empleo. Haber dejado que los mercados operen libremente en vastos sectores provocó múltiples distorsiones difíciles de revertir. Un caso emblemático es el textil. Mientras la venta de indumentaria de marca arroja extraordinarias ganancias que son distribuidas entre segmentos no productivos –dueños de locales comerciales, bancos y marcas que no producen–, los operarios de la confección registran una elevadísima precariedad laboral. Los talleres no pueden acceder a las herramientas de fomento público y son el principal cuello de botella para la expansión general de la cadena. El desequilibrio es tan fuerte que, en el caso de un jean de marca, el arancel por una operación electrónica e instantánea de uso de la tarjeta de crédito (3 por ciento) triplica la remuneración del operario de un taller informal.

El grado preciso de industrialización alcanzado amerita profundas investigaciones de campo que documenten las transformaciones realizadas. Lo que de ningún modo puede negarse es que la industria atravesó, entre 2003 y 2011, un formidable proceso de recuperación con creación de empleo, inclusión social y mejoras de productividad, luego de una abrupta contracción tras dos décadas y media de políticas antidesarrollistas

* Coordinador del Departamento de Política Económica de SID-Baires.

@marianokestel