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Desde 2007 la problemática de la inflación pasó a tener un rol central en la economía, intensificándose la disputa por la apropiación del ingreso. En ese momento se alcanzan los niveles salariales previos a la devaluación de 2002. Junto con ello, impacta la crisis internacional y la suba de los precios de los commodities, que alimentan la inflación importada. Y en paralelo se avanza desde el gobierno nacional en la discusión sobre rentabilidad, lo cual desató el paradigmático conflicto sobre la Resolución 125.

En los últimos meses, los incrementos de los ingresos (que han impactado en mayores niveles de consumo en bienes de la canasta básica) originados por el aumento de las asignaciones familiares, por la celebración de paritarias y por aumento de jubilaciones resultante de la ley de movilidad jubilatoria, han agudizado la puja distributiva expresada en la suba de precios.

En este marco, el programa de control ciudadano de precios denominado Mirar para Cuidar nace con un objetivo concreto: controlar los precios de los 500 productos que cada cadena de supermercados incluyó en el acuerdo de congelamiento de precios. Con el tiempo se podrá evaluar con mayor grado de detalle los resultados concretos, pero es necesario extraer algunas conclusiones sobre el espíritu que ha orientado la implementación de este plan y sus posibles impactos.

Como se ha mencionado, el objetivo inmediato es el sostenimiento del acuerdo sobre congelamiento de precios, lo que significa una alternativa más accesible al bolsillo. Este acuerdo incide sobre las ventas finales de las diez cadenas incluidas y que representan cerca del 40 por ciento de los productos de la canasta básica.

El sostenimiento de los precios de los 500 productos en cuestión podría implicar un condicionamiento a la suba de los precios de los restantes productos, porque los precios congelados actuarían como sustitutos. Así, la iniciativa terminaría oficiando de techo a la suba de los precios restantes.

La intervención en la cadena de producción y comercialización desde el último eslabón, tratándose en este caso de los supermercados en tanto grandes agentes comercializadores, puede trasladar la presión contra la suba de precios al resto de los agentes participantes en la cadena, en muchos casos proveedores inmediatos de los supermercados.

Contener los precios en el último eslabón podría implicar un reordenamiento interno de las rentabilidades de cada eslabón de la cadena productiva y comercializadora. Si, por ejemplo, un oligopolio tiene la capacidad para aumentar el precio durante el congelamiento, la pérdida de rentabilidad recaerá en el supermercado o en algún otro eslabón más débil de la cadena.

En esta dirección y en el mediano plazo, el acuerdo y control de precios debería ir acompañado de una identificación en detalle de los formadores de precios para focalizar las responsabilidades de los agentes causantes de la inflación. Frente a esto, una posibilidad es la elaboración de la matriz insumo-producto, que actualmente se encuentra desactualizada desde el año 1997.

El control de precios de manera masiva apunta además a modificar el comportamiento y la cultura popular de consumo, donde un aumento desproporcionado de precios sea “sancionado” con la merma de las ventas de ese producto.

Finalmente, la instalación del debate acerca de las responsabilidades inflacionarias introduce un nuevo actor: los empresarios. Da por tierra con los “tradicionales” culpables de la inflación ortodoxa: los trabajadores (con el aumento de sus salarios) y el Gobierno (con la emisión monetaria o el gasto desmedido).

Al margen de los resultados de distinta índole que pueden esperarse de la implementación del programa, es relevante la decisión de impulsar medidas de política económica innovadoras que apunten al corazón de los problemas cotidianos de los trabajadores y cuyo horizonte es la mejora en la distribución del ingreso

* Miembros del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).