Uno de los reclamos empresarios más reiterado es incrementar las tarifas de los servicios públicos. Este pedido comenzó con el final de la convertibilidad, cuando la fuerte devaluación fue acompañada de la pesificación de las tarifas. Esta rompió con los contratos de privatización firmados por el gobierno de Carlos Menem, que aseguraban tarifas en dólares ajustadas por la inflación estadounidense (sí, leyó bien, no es un error de redacción). La pesificación derivó en varios juicios por parte de las empresas prestadoras, que tomándose de los tratados internacionales firmados en los noventa demandaron en tribunales externos como el Ciadi. Gran parte de esos reclamos fueron abandonados tras negociaciones y concesiones a las empresas, mientras que otros están pendientes de resolución.

La queja por el congelamiento tarifario continuó a medida que se incrementaban los salarios y otros costos de producción. La consiguiente merma de la tasa de ganancia de las empresas del sector fue utilizada como argumento para justificar los bajos niveles de inversión. La deficiencia de calidad de muchos de los servicios parecía darles la razón; sin embargo, la experiencia histórica y de otros sectores desregulados los contradice. Si la falta de inversiones se debe a que las tarifas son bajas y no permiten obtener una elevada tasa de ganancia, ¿por qué tampoco invertían en los años noventa, cuando sus tarifas y ganancias eran muy elevadas?; o bien, ¿por qué no invierten las empresas de telefonía celular, sector desregulado con tarifas y ganancias muy por arriba de la media mundial?

Llegado cierto punto y al ver los números rojos de algunas empresas, la estrategia oficial para mantener congeladas las tarifas fue el otorgamiento de subsidios. Su monto creció al ritmo de los costos de producción (muchas veces inflados por las empresas concesionarias), y si bien permitió mantener el nivel de tarifas, no tuvo éxito en la mejora de la calidad de los servicios. Eso dio pie para reclamar el fin de la estrategia señalando la injusticia del subsidio de los servicios que percibían también algunos sectores de elevados ingresos. La atendible pero exagerada inequidad de un subsidio general en una sociedad desigual dio lugar a un cambio de estrategia, pasando de un subsidio general a uno direccionado a los sectores de menores recursos, que aún no termina de implementarse. Las dificultades no son pocas, ya que la inmensa mayoría de los usuarios de los servicios públicos son sectores de ingresos medios y bajos.

Los recientes levantamientos sociales en Brasil, cuya chispa fue el elevado precio del transporte público, es una advertencia para evitar situaciones similares. Las consecuencias de un incremento de tarifas puede afectar el mercado interno y desatar pedidos salariales y sociales, afectando la principal fuente de competitividad de la economía argentina, que reposa hoy en la baratura de los servicios públicos. La falta de inversiones y la deficiencia de la calidad obligan, sin embargo, a replantear la estrategia seguida en los últimos años, lo que no significa retroceder hacia la desregulación del sector. El camino a seguir es YPF, donde la mayoría accionaria estatal impone los objetivos de la empresa y la gestión profesional decide el camino a seguir para alcanzarlos

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