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Nelson Mandela es el símbolo de la lucha del pueblo sudafricano contra el apartheid. Ese régimen racista –vigente de 1948 a 1994– aseguraba la primacía social-política-económica de la minoría blanca (los afrikaners) sobre la mayoritaria comunidad negra. La elección de Mandela como primer presidente negro abrió una etapa marcada por rupturas y continuidades. Uno de los quiebres más significativos fue la extensión de la cobertura social (salud, educación, vivienda, agua potable) a los sectores más desfavorecidos. Otra novedad importante fue la implementación de una estrategia de promoción económica de la raza negra denominada Black Economic Empowerment (BEE). Por otro lado, las reformas estructurales brillaron por su ausencia. El Congreso Nacional Africano (CNA) había prometido que el 30 por ciento de las tierras cultivables serían redistribuidas en beneficio de la población negra. Sin embargo, la tímida reforma agraria –diseñada por técnicos del Banco Mundial– estuvo muy lejos de satisfacer las aspiraciones populares. El monopolio de tierras productivas continuó en manos de la minoría blanca.

El investigador David González explica en “Reforma Agraria en tiempos de ajuste neoliberal: los casos de Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica” que “hacia 1994 los blancos constituían sólo un 12,6 por ciento de la población total, y unos 50.000 granjeros blancos acaparaban el 87 por ciento de la tierra. Tras diez años de gobierno de la mayoría negra, en 2004, la población blanca se había reducido a un 9,3 por ciento del total de habitantes, pero varias decenas de miles de granjeros blancos seguían acaparando un 85 por ciento del total de la tierra y eran dueños de seis veces más tierra que todos los negros en su conjunto, en términos de cantidad y calidad”. En algunos casos, las familias negras apenas recibieron una compensación monetaria como única reparación oficial.

El veterano dirigente negro Ronnie Kasrils, ex integrante de la dirección del CNA, sostiene que la causa de esas frustraciones populares debe rastrearse en el préstamo del FMI obtenido en vísperas de la primera elección democrática.

Kasrils afirma en “Sudáfrica: El pacto fáustico del ANC fue a costa de los más pobres” que “ese préstamo, con condiciones que impedían un programa económico radical, se consideró un mal necesario. La nacionalización de las minas y de sectores estratégicos de la economía, tal y como recogía la Carta de la Libertad, fue olvidada. El ANC aceptó responsabilizarse de una vasta deuda heredada del apartheid, que debería haber sido denunciada. Se abandonó el impuesto sobre el patrimonio de los más ricos para financiar proyectos de desarrollo, y a las empresas nacionales e internacionales, que se habían enriquecido gracias al apartheid, se les perdonó cualquier reparación económica. Se adoptaron medidas presupuestarias extremadamente austeras que ataron las manos de futuros gobiernos. Se aceptó la obligación de poner en práctica una política de libre comercio y abolir todas las formas de protección arancelaria de acuerdo con los fundamentos neoliberales de libre comercio. A las grandes empresas se les permitió transferir sus principales activos al extranjero”.

En ese contexto, la finalización del aislamiento internacional permitió un relanzamiento económico que mantuvo intacto la desigual matriz socioeconómica. En la actualidad, la tasa de pobreza es del 60 por ciento y el desempleo supera el 28 por ciento. El índice de Gini revela que Sudáfrica es el segundo país más desigual del mundo. El último censo nacional estadístico, difundido en 2012, confirmó las notables brechas existentes entre la población blanca y negra en materia de salud, educación y salarios. Los ingresos de los blancos son ocho veces superiores a los percibidos por sus conciudadanos negros.

La apropiación de riqueza del 10 por ciento más rico, en el período 1994-2010, creció del 46,7 al 51,0 por ciento. “A los ojos de los trabajadores (y más aún de los desempleados), de poco sirve haber finalizado el apartheid entre blancos y negros si es reemplazado por uno entre ricos y pobres”, informa el profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana Víctor De Currea-Lugo

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