› Por Fernando Krakowiak
La energía eólica no es considerada una alternativa de base por la inestabilidad que presenta y la imposibilidad de ser acumulada, pero es un aporte complementario que puede servir para ampliar la capacidad de generación eléctrica en el corto plazo, sin emisiones de dióxido de carbono. El Congreso Nacional sancionó en 2006 una ley de fomento y promoción de fuentes renovables que prevé incrementar al 8 por ciento su participación en la matriz energética para 2016. Dentro de esa denominación se incluye también el aporte solar, biomásico y de hidráulicas de baja potencia (ver aparte), aunque el objetivo oficial es que la mitad de ese porcentaje lo aporten los vientos. La potencia eólica instalada hoy es de apenas 162,2 megavatios, el 0,5 por ciento de la matriz. En el sector afirman que las dificultades para acceder al financiamiento impidieron un mayor despegue de la actividad. En el Gobierno sostienen, en cambio, que muchas empresas reclaman crédito, pero no están dispuestas ni siquiera a poner una mínima porción de capital propio. Igual destacan que hay varios proyectos que están avanzando.
En la actualidad, el Parque Rawson, construido por la empresa Genneia en Chubut, es el que dispone de la mayor potencia eólica del país con 77,4 megavatios. En segundo lugar se ubica el flamante Parque Loma Blanca, montado por Isolux Corsán en Trelew, que a mediados de julio puso en funcionamiento el primero de sus cuatro módulos con 17 aerogeneradores que suman una potencia de 50 MW. Luego le siguen Parque Arauco (La Rioja), con 25,2 MW; Diadema (Chubut) con 6,3 MW; El Tordillo (Comodoro Rivadavia) con 3,0 MW y el Parque Necochea (Buenos Aires), con 0,3 MW.
Esos emprendimientos aportan al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) una potencia acumulada de 162,2 MW. Según la CNEA, en junio de este año la potencia energética instalada en todo el país fue de 31.228 MW, sin contar los 50 MW de Loma Blanca. Si se suma este último aporte llega a 31.278 MW y la participación de la eólica en la matriz es del 0,5 por ciento. Además, se estima que hay otros 30 MW dispersos de cooperativas que no están conectadas al SADI, pero que le restan demanda al Mercado Eléctrico Mayorista.
En el caso de la energía eólica, la brecha entre la potencia instalada y la electricidad entregada al sistema es amplia porque los vientos son inestables e impredecibles. En Argentina, el factor de capacidad está en torno del 35 por ciento, y es un promedio bueno a nivel internacional. Además, no hay en la actualidad una tecnología, al menos comercialmente desarrollada, que permita acumular esa energía y distribuirla de un modo estable. Por eso, por ahora no es considerada una energía de base y se la toma sólo como un complemento de las fuentes tradicionales. No obstante, en Argentina el potencial de crecimiento es muy amplio porque aún está poco desarrollada. Los especialistas coinciden en que un parque eólico se puede montar en un año. Por lo tanto, podría ayudar incluso a reducir las importaciones de combustibles en el corto plazo, mientras se llevan adelante obras que demandan mayor tiempo como la explotación petrolera de Vaca Muerta, la construcción de las represas de Santa Cruz y las nuevas centrales nucleares que están en carpeta. “El objetivo es llegar al 8 por ciento de la matriz energética con las renovables en el menor tiempo posible y la mitad de ese porcentaje debería ser eólico”, afirmó a Cash Javier De Urquiza, coordinador del área de Energías Renovables del Ministerio de Planificación.
En la actualidad, hay una serie de proyectos con distinto grado de avance. El Parque Arauco, por ejemplo, está próximo a duplicar su potencia. “En septiembre está previsto elevar la capacidad instalada a 50,4 MW y en mayo se licitó una nueva etapa que permitirá llevarla a 100,8 MW en todo el proyecto, utilizando la misma línea de transmisión”, señaló a Página/12, Javier Riba, project manager de Arauco. El parque pertenece a una sociedad integrada por el gobierno de La Rioja y la estatal Enarsa. Impsa fue la encargada de montarlo y ahora realiza la operación y el mantenimiento.
La empresa de Pescarmona obtuvo además la adjudicación para construir Koluel Kaike I y II, en el norte de Santa Cruz, y Malaspina I y II, al sureste de Chubut, parques que tienen previsto aportar una potencia total de 75 y 80 MW, respectivamente. Las obras estuvieron demoradas al inicio por falta de financiamiento, pero Impsa informó en enero del año pasado que obtuvo fondos de la Corporación Andina de Fomento y el BICE para Koluel Kaike II, que sumará 25 MW. A su vez, en diciembre consiguió recursos del Banco Nación y el BICE para Malaspina I, que aportará 50 MW. Otro de sus emprendimientos es El Jume en Santiago del Estero, a 290 kilómetros de la capital provincial. En enero concluyó la obra civil y ahora resta montar los cuatro generadores que acumulan una potencia de 8,4 MW.
El listado de los proyectos más importantes se completa con el Parque Tres Picos (99 MW), que planea Sogesic en la localidad bonaerense de Tornquist; Puerto Madryn I y I, de Genneia, que sumará otros 100 MW; el Parque El Angelito con 200 MW en el paraje El Escorial de Chubut; el Parque Valle Hermoso, una iniciativa de NRG Patagonia que aportará 12 MW en Comodoro Rivadavia; el Parque Aguada del Molle, en Río Cuarto (Córdoba), que sumará otros 110 MW; y Puerto Madryn Norte (50 MW), Oeste (20 MW) y Sur (50 MW), de los desarrolladores New Energies, Energías Sustentables y Patagonia Wind Energy, respectivamente. Todas esas iniciativas permitirían acumular otros 880 MW de potencia en los próximos años.
El gobierno nacional fue el principal impulsor de los parques que ya están en funcionamiento y de los proyectos en curso. Además de apoyar la Ley 26.190 de fomento de energías renovables, realizó un Mapa Eólico para determinar el potencial de generación, incentivó la producción de aerogeneradores al montar el parque El Tordillo, donde Impsa y NRG instalaron sus primeros prototipos de alta potencia fabricados en el país, adjudicó 754 MW en 2010 a través del Programa de Generación de Renovables (Genren) con contratos a 15 años e incluso sancionó otra serie de normas para incentivar al sector. Además, en 2006 inauguró la línea de transmisión Choele-Choel-Puerto Madryn y en 2008 la línea Puerto Madryn-Pico Truncado, las cuales permitieron conectar el sistema eléctrico patagónico con el SADI, poniendo en valor los vientos del sur.
Pese a estos avances, hubo desarrolladores que tuvieron problemas para concretar sus proyectos eólicos por falta de financiamiento, incluso varios de los favorecidos por la licitación del Genren. Uno de los argumentos empresarios es que el contrato con Cammesa para proveer energía al SADI no es suficiente garantía para los bancos. “Cammesa ha tenido demoras en los pagos y eso los bancos lo saben. Por lo tanto, una posibilidad para solucionar este tema es que se habilite a firmar contratos entre privados para la provisión de energía, siempre bajo la supervisión de Cammesa”, aseguró a Cash Vanesa Revelli, gerente de la desarrolladora alemana Abo Wind. Otra de las causas esgrimidas por los desarrolladores es que los contratos a 15 años que ofrece el Estado no son un plazo suficiente para garantizar la devolución del crédito al banco y obtener una ganancia razonable por la inversión. Erico Spinadel, presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, agregó además a este suplemento que, “a diferencia de lo que ocurre en Brasil, no hay financiamiento público a tasas competitivas para los proyectos”.
En el Gobierno afirmaron a Cash que están evaluando la posibilidad de que se firmen contratos entre privados, pero descartaron ampliar el plazo de los que involucran a Cammesa. “Un proyecto de estos se paga en 5 o 7 años; el resto es ganancia. Por lo tanto, los 15 años no son un problema. Lo que pasa es que muchas empresas piden financiamiento, pero no están dispuestas a poner capital propio y eso frena el desarrollo”, agregó una fuente oficial. Con referencia al crédito público, remarcaron que el Banco Nación y el BICE están realizando aportes, pero reconocen que en una escala menor a la que garantiza una banca de desarrollo como la brasileña.
Algunos de los parques que se construyeron a partir del Genren tuvieron una participación altísima de componentes importados. Por ejemplo, el Parque Rawson de Genneia, la energética que controla Alejandro Ivanissevich, le compró los aerogeneradores a la danesa Vestas. Esa situación incluso le terminó trayendo problemas porque cuando se implementaron las restricciones cambiarias no pudo seguir pagando su deuda en dólares y Vestas la demandó ante un tribunal internacional a fines del año pasado.
La Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital reclama que a los parques que reciben ayuda estatal se les exija una integración nacional mínima y además piden que se modifiquen los aranceles de importación porque en la actualidad si una empresa compra un aerogenerador en el exterior no paga arancel, pero las principales piezas para fabricarlo en el país tienen un arancel del 14 por ciento. “La apuesta nuestra es que la generación de energía eólica se haga con tecnología nacional y empleo argentino”, afirmó a Cash Rubén Fabrizio, director ejecutivo de esa cámara. Ante la consulta de este suplemento, en el Gobierno respondieron que trabajan con los fabricantes nacionales que integran el cluster eólico y que en todo momento buscan garantizar su participación en los proyectos, siempre que haya oferta local a precios competitivos. Quieren apuntalar la integración nacional, pero sin que se convierta en un obstáculo para el desarrollo del sector
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