El mercado de trabajo es un verdadero muestrario de las desigualdades de género. Las mujeres ostentan mayores niveles de desocupación e informalidad y perciben menores remuneraciones que los trabajadores varones.

El empleo femenino remunerado se concentra en los servicios y, en menor medida, en el comercio. Por otra parte, el trabajo doméstico es la principal fuente de inserción laboral de las mujeres con bajo nivel educativo (considerando como tal hasta el secundario incompleto).

Los investigadores Fernando Groisman y María Eugenia Sconfienza en El servicio doméstico en Argentina. Informe de situación 2004-2012 señalan que “las desventajas que enfrentan las mujeres son mayores para aquellas que tienen bajo nivel educativo, carecen de experiencia laboral y han estado largo tiempo en la inactividad económica a cargo de los quehaceres domésticos y al cuidado de los niños del hogar”.

Ese informe resalta que “el 70 por ciento de las trabajadoras del servicio doméstico no había finalizado el nivel de educación medio en 2012 (13,3 por ciento tenía hasta primaria incompleta y 57,5 por ciento hasta secundario incompleto), mientras que ese porcentaje fue de 38,5 ciento para el total de los asalariados”.

Esas mujeres son las principales aportantes de ingresos de su hogar en el 40 por ciento de los casos.

Otra de las características particulares que presenta esta actividad es la elevada presencia de trabajadoras migrantes. Más de la mitad de las empleadas domésticas del Gran Buenos Aires nacieron en otras provincias del país (35,3 por ciento) o en otro país (19,4 por ciento). La migración interna es alimentada principalmente por santiagueñas, correntinas y chaqueñas, en ese orden. Por otro lado, las ciudadanas paraguayas (52 por ciento) y peruanas (25 por ciento) encabezan el podio de inmigrantes.

La cantidad estimada de empleadas en casas particulares asciende a un millón de personas. Ese sector encabeza ampliamente el ranking de trabajo informal, a pesar del incremento de trabajadoras registradas operado durante los últimos años. En efecto, la informalidad laboral en ese sector descendió del 93 por ciento en 2004 al 70 por ciento en la actualidad.

La estrategia oficial para aumentar el número de asalariados registrados presentó dos etapas diferenciadas:

1. El Plan Antievasión II (año 2006) incluyó un beneficio para los empleadores que formalizaran a sus empleadas domésticas. Este consistía en la deducción en el Impuesto a las Ganancias de los montos erogados en concepto de salarios y contribuciones sociales. El resultado de ese incentivo fiscal fue un crecimiento del 160 por ciento de los trabajadores registrados. En ese momento, Bernardo Kliksberg manifestó que “este tipo de iniciativas tiene el valor de formar parte de un abanico de políticas públicas que tienden a incluir socialmente a uno de los sectores más débiles de la sociedad. Aunque parezcan cuestiones mínimas, no lo son para estos sectores, ya que les puede permitir escapar de lo que los economistas denominamos las ‘trampas de la pobreza’”.

2. La sanción del Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Casas Particulares, que reemplazó al Estatuto vigente desde 1956, puede considerarse el inicio de una nueva etapa. Esa norma les reconoció a las empleadas domésticas los mismos derechos que al resto de los trabajadores. Los empleadores tuvieron tiempo hasta el 30 de junio pasado para declarar la relación laboral ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A partir de ahora, el organismo fiscal presumirá que aquellas personas cuyos ingresos superen los 500.000 pesos anuales –y cuenten con un patrimonio superior a los 305.000 pesos– utilizan los servicios de personal doméstico. Esas modificaciones normativas permitieron incrementar el número de trabajadoras registradas. De acuerdo con lo informado por la AFIP, 317.000 personas fueron incorporadas al registro correspondiente. Esa cifra representaría un 30 por ciento del total de trabajadores actuales, según las estimaciones del sindicato de trabajadoras de casas particulares

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