Los economistas suelen presentarse como profesionales dueños de un saber económico ajeno a las cotidianas disputas sociales y políticas que conmueven a la sociedad. Con prolijo perfil y vestimenta, recorren pasillos ministeriales, oficinas céntricas y canales de televisión discurseando con tecnicismos incomprensibles a funcionarios, dirigentes de empresas y periodistas. “El peso debe depreciarse”, “las expectativas imponen una suba de tasas”, “el incremento de la base monetaria es excesivo”, sentencian aparentando la misma asepsia ideológica con que un electricista dictamina el método para reparar un cortocircuito. Si esas medidas benefician a los exportadores y rentistas en desmedro de los trabajadores, profesionales y empresarios vinculados al mercado interno, debe aceptárselo como una consecuencia inevitable del funcionamiento de los mercados. Quien se oponga es un ignorante al que, más tarde o más temprano, las leyes económicas le demostrarán que es inútil oponerse a su funcionamiento.

El mito del economista-técnico se sustenta en otro mito, el de la ciencia económica como un saber que no contiene juicios éticos o posiciones ideológicas. Sin embargo, desde que la filosofía dio cuenta de la imposibilidad del intento aristotélico de alcanzar la verdad –y de los atajos inductivistas y falsacionistas para acercarse a ella–, se arribó al consenso de que el conocimiento científico es justamente un consenso alcanzado por la comunidad científica, que no es una isla de la sociedad en que se desenvuelve. Los académicos son seres humanos con nombre y apellido, nacionalidad, pautas culturales y posicionamientos políticos, que trabajan en institutos, publican en revistas, enseñan en universidades financiadas por determinadas empresas, fundaciones o Estados. Qué se estudia, qué se publica, qué se enseña se encuentra condicionado por los intereses económicos y políticos de las instituciones que componen el aparato académico. De ahí que las diversas teorías económicas deben entenderse como consensos interpretativos de la realidad, históricamente determinados y que, por lo tanto, no son ajenos a los intereses y factores de poder de la sociedad humana.

Los mitos de la economía como una ciencia valorativamente neutra y el economista como un tecnócrata apolítico son impulsados por sectores del poder económico y político que sostienen las principales instituciones donde se produce el saber económico. Las revistas académicas privilegian la publicación de incomprensibles modelos matemáticos basados en irreales supuestos que niegan la existencia de grandes corporaciones para concluir que el libre mercado es el mejor organizador de la vida social. Esas doctrinas, reducidas a una serie de máximas de aparente sentido común, son luego reproducidas en manuales, medios gráficos y programas televisivos. Los economistas formados bajo esa tradición son los cuadros políticos que impulsan desde la gestión las medidas de desregulación.

Es así como, privilegiando el desarrollo, la enseñanza y la difusión de aquellas doctrinas que pregonan el libre movimiento de los mercados, se favorece la expansión del gran capital corporativo que domina los mercados y prevalece en ausencia de regulaciones. De esa manera, el saber económico se constituye en una sutil herramienta de dominación ideológica, los economistas en hábiles políticos, y las grandes corporaciones en las principales beneficiadas

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