Al final de los 35 años que dura el proyecto de YPF y Chevron sobre la formación Vaca Muerta, ambas empresas habrán obtenido 22 mil millones de dólares de ganancia neta, que se repartirán en partes iguales. Así consta en el plan de trabajo que la petrolera que conduce Miguel Galuccio presentó a la provincia de Neuquén para pedir la extensión de la concesión del área Loma Campana, donde se radicará la inversión. Con el visto bueno del gobernador Jorge Sapag, el plan espera ahora por el aval de la Legislatura. Por lo pronto, el miércoles, la Comisión de Hidrocarburos dio dictamen favorable y ahora resta el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, donde el oficialismo tiene mayoría. El proyecto sería tratado en el recinto el próximo miércoles 28 de agosto.

La simulación económica que realizó YPF, documento al que accedió Cash, revela que las firmas esperan revertir el flujo de caja negativo recién en el quinto año del proyecto, mientras que la inversión total (unos 16.500 millones de dólares) quedará totalmente pagada al décimo.

La razón, más que a una estrategia de negocios, obedece a la propia lógica de la explotación no convencional de hidrocarburos, que en Argentina aún está en etapa de aprendizaje. El shale –denominación anglosajona que se utiliza en la industria– demanda inversiones mucho más altas y a más largo plazo que la extracción tradicional. Por eso, argumenta YPF, es necesario extender las concesiones para garantizar 35 años de licencia en las áreas involucradas.

Según esas proyecciones, el grueso de las inversiones que hará la flamante sociedad petrolera será durante los primeros seis años, en los que se dedicarán a perforar unos mil pozos. Apenas “pinchadas”, las formaciones no convencionales devuelven abundante petróleo y gas por un corto tiempo, para luego estabilizarse en valores bajos pero constantes. El nivel de retornos depende de cómo se amortigua la caída de la curva y, fundamentalmente, en qué punto se encuentra el equilibrio. Todo está estudiado en el voluminoso dossier que YPF envió al gobierno neuquino. Pero el shale, coinciden empresarios del sector, tiene mucho de ensayo y error. La firma bajo control estatal ya asumió buena parte de esos costos; ahora, para una producción intensiva, lo hará junto con Chevron.

Sociedad

Poco se sabe de los términos de la sociedad entre YPF y la petrolera estadounidense. Como ya adelantó el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y ratificaron desde el gobierno neuquino, el acuerdo contempla inversiones y ganancias en partes iguales. En general, aseguran fuentes del sector, este tipo de “joint ventures”, más allá de la figura legal que adquieran, suele manejarse en partes iguales hasta la boca del pozo: una vez extraído el petróleo o el gas, cada firma diseña su propia estrategia comercial.

Según explicó el ministro de Energía neuquino, Guillermo Coco, los alcances de ese acuerdo no preocupan a la provincia. Aseguró que se trata de un convenio entre privados (YPF tiene mayoría estatal pero es una sociedad anónima) y que a la provincia sólo le corresponde analizar la conveniencia y factibilidad del proyecto de inversión.

Por eso Chevron aún no apareció en escena. Lo que se discute en la Legislatura neuquina es el plan de YPF para el área Loma Campana y parte de Loma La Lata, que contempla su extensión hasta 2048. Una vez aprobado, la compañía que dirige Miguel Galuccio cederá en el 50 por ciento de sus derechos a la estadounidense, tal como lo autoriza la Ley de Hidrocarburos y lo ratifica el flamante decreto 929, primera normativa nacional en regular la explotación no convencional.

Otro dato que en las oficinas neuquinas dan por descontado es que será YPF la que opere el yacimiento. Chevron oficiará de inversor y pondrá su know how en el primer proyecto de esta envergadura en el país, pero las tareas de ejecución –de forma directa o través de una contratista– quedarán en manos de la empresa nacional.

Beneficios

En plena campaña política, el acuerdo sufrió tironeos de distintos sectores. La bandera más encendida fue la que lo calificó como un acto de entrega del patrimonio público, acaso sin recordar que antes de la recuperación del 51 por ciento de YPF tres cuartas partes del petróleo que salían de las profundidades argentinas quedaban en manos extranjeras. Chevron, el fantasma de esta repentina progresía, no es un actor nuevo en el país. Opera en Neuquén desde 1999, con la concesión del ciento por ciento del yacimiento El Trapial, por el cual obtuvo otros 20 años de contrato en 2011.

Se habló también de beneficios impositivos, que existen, pero que están lejos de tener el grado de condescendencia que se les atribuyó. De cada tres dólares que Chevron facture por la venta de petróleo y gas de Vaca Muerta, uno irá a repagar su inversión y los costos, otro se destinará a impuestos nacionales y provinciales y el tercero será su ganancia, que podrá llevarse del país libremente, según le garantiza el decreto 929. Lo que pocos dicen es que la misma ecuación rige para YPF, que saldrá de este proyecto, siempre que se cumplan las previsiones, con 11 mil millones de dólares bajo el brazo.

Al final de los 35 años de explotación, la sociedad habrá pagado al Estado nacional unos 12 mil millones de dólares de Impuesto a las Ganancias. Una cifra similar se quedará Neuquén en concepto de regalías (que no podrán superar por contrato el 12 por ciento), y de otros impuestos como Ingresos Brutos y Sellos.

Precios

La proyección del negocio que realizó YPF contiene también una previsión de los precios de los hidrocarburos. La firma espera recibir por el gas 7,5 dólares por millón de BTU, una cifra bastante más alta de la que paga, por ejemplo, Cammesa. Esto es así porque se adhirió al nuevo programa de gas incremental, por lo que el Estado subsidia la diferencia de precio.

Distinto es el caso del petróleo. YPF espera que el barril interno alcance los 102 dólares para 2017, un 30 por ciento más que los 79 actuales. Se trata de una decisión política: es la Nación la que regula el precio a partir de las retenciones, que divorcian los valores locales de los externos. Es, a su vez, otra ventaja derivada de tener una empresa bajo control estatal, ya que quienes toman decisiones en materia de política energética también tienen un asiento en el directorio de la firma

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