[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Un fenómeno nuevo recorre la economía argentina, el pensamiento ecologista se disemina rápidamente por todos lados. Su potencia es tal, que llega a grupos muy disímiles, desde la derecha política y multimediática a los trotskismos más libertarios. El enemigo de la hora es el “fracking”, palabra malsonante que ayuda a presuponer el mal oculto. Antes, el foco se concentró en la megaminería y, en el principio, en los transgénicos y los “agrotóxicos” (por agroquímicos). En el camino se encontraron expresiones aglutinantes, como el “extractivismo” o el “saqueo”, ideas que se amplifican si se asocian al nombre de alguna megacorporación extranjera. Del escueto recorrido de males surge que se trata de temas muy diversos, difíciles de analizar en conjunto, pero aunados por el daño ambiental que provocarían.

Es innegable que los efectos sobre el medio ambiente de cualquier actividad económica deben resguardarse, minimizarse y mitigarse. En el capitalismo avanzado no hay actividad económica sin impacto ambiental y la regulación pública y social resulta indispensable, tanto en materia de daño ambiental potencial como de apropiación del excedente económico generado. Pero en todos estos casos las propuestas de las vertientes ecologistas son siempre reaccionarias: no hacer fracking, desterrar la megaminería y rechazar los instrumentos de la revolución biotecnológica. Adicionalmente, desde el punto de vista conceptual, suelen confundirse la crítica a determinadas relaciones sociales con la crítica a las tecnologías a ellas asociadas. Sorprende que este pensamiento regresivo se haya extendido entre sectores en principio progresistas, hasta el punto de volver políticamente incorrecta su crítica. Más clara, en cambio, es su asimilación reciente por la derecha mediática, más práctica y desideologizada a la hora de adoptar instrumentos para la lucha política. Para este sector el enemigo son las políticas del gobierno nacional y entre ellas, las hidrocarburíferas. Si para atacar a YPF se necesita recurrir a argumentos ambientalistas, pues adelante.

Un ejemplo de esta acción pudo verse esta semana en Neuquén, donde poco más de un centenar de manifestantes, bajo las banderas de la ecología y la defensa de los recursos naturales, con gomeras y molotov, intentó impedir el funcionamiento de la Legislatura provincial. El objetivo fue evitar el tratamiento del nuevo acuerdo entre el Estado neuquino e YPF, el que permitirá perfeccionar el convenio con Chevron y otras empresas para la explotación de recursos no convencionales. Según la descripción tuitera del cineasta Pino Solanas, entre los reclamantes había “mujeres, niños y pueblos originarios”. Cuando los manifestantes más violentos intentaron derribar los vallados que protegían el edificio, la policía debió dispersarlos con gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo un herido con una bala de plomo de, hasta ahora, dudoso origen. Un dato de color fue que muchos de los manifestantes pertenecían a gremios estatales. Llama la atención porque más de un tercio de los ingresos del sector público neuquino provienen de las regalías hidrocarburíferas. Los pozos convencionales se encuentran en declinación y si estos recursos no se explotan, las regalías no podrán reponerse. Finalmente la sesión se realizó y, por abrumadora mayoría, 22 legisladores a favor, 2 en contra y 8 ausentes, el acuerdo se convalidó. Sin embargo, a pesar de la legitimidad democrática de la jornada, la represión policial sirvió para la foto de tapa en Buenos Aires y, sobre todo, para profundizar el halo negativo que envuelve al fracking y que, por extensión, se intenta trasladar a las actividades de la nueva YPF bajo control estatal.

En este contexto, todavía no aparecieron argumentos convincentes contra los supuestos efectos contaminantes del fracking o fractura hidráulica, una técnica que, como cualquier actividad extractiva, puede realizarse con mayor o menor cuidado ambiental, que no es inocua, pero que puede desarrollarse bajo una regulación adecuada que minimice su impacto. Como ya fue explicado muchas veces, la roca madre que alberga los hidrocarburos en la cuenca neuquina se encuentra por debajo de los 2000 metros y no existe riego de contaminación de acuíferos, los que se encuentran hasta 300 y 400 metros. Tampoco hay problemas de escasez de agua, pues en la zona cerca del 95 por ciento de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Colorado desaguan en el mar. No hay razones para pensar que el fracking será más riesgoso que otras actividades extractivas.

Luego está la riqueza real que es posible obtener de los nuevos yacimientos. Ya en 2010, un informe interno del gobierno neuquino daba cuenta de la inmensa potencialidad de los recursos no convencionales. Se hablaba de recursos gasíferos equivalentes a 26 Loma La Lata en su estado original. Un año después, un informe de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) ratificó estas provisiones y sumó el petróleo no convencional. El pasado junio, la EIA difundió un segundo informe sobre 42 países, más extenso que el de 2011, que elevó las previsiones de no convencionales para Argentina, las que serían de 21.650 millones de metros cúbicos de gas y 4290 millones de metros cúbicos de petróleo. Se trata de “recursos no probados técnicamente recuperables” y equivaldrían a 67 veces las “reservas comprobadas” actuales de gas y 11 veces las de petróleo.

La magnitud de esta riqueza parece inconmensurable desde la perspectiva actual y tras la reaparición del déficit energético externo. Sin embargo, algunas voces invitan a no vender la piel del oso antes de cazarlo, entre otras razones porque serán ingentes las inversiones y largos los tiempos necesarios para alcanzar las metas. Un informe publicado el pasado agosto por el Departamento de Economía Energética de la Fundación Bariloche, que lleva la firma del especialista Nicolás Di Sbroiabacca, sostiene que las experiencias internacionales realizadas hasta el presente muestran tasas de recuperación del 6,5 por ciento en promedio, con un rango de entre 4,7 y 10. En el caso del gas, la EIA aplicó para el caso argentino un factor de recuperación de 0,27. Si se aplica el más probable factor de 0,065 se podrían obtener reservas equivalentes a 18 veces las actuales en gas. En el caso del petróleo, el factor de recuperación aplicado fue de 5,4 por ciento, más acorde con la experiencia internacional, por lo que no existen mayores divergencias con el cálculo de la EIA.

Una segunda dimensión del análisis muestra que en el presente las reservas comprobadas representan sólo el 2,5 por ciento del total de los recursos probables, posibles y potenciales, convencionales y no convencionales, de gas y petróleo, lo que señala el gran desafío que la industria tiene por delante. Un horizonte de desarrollo potencial incompatible con la visión del mundo de los manifestantes presuntamente ecologistas, más si se agrega que el 92 por ciento de las reservas y recursos serían no convencionales, es decir, sólo asequibles vía la técnica de fractura hidráulica

[email protected]