El argumento de los fondos buitre para atacar a la Argentina en el marco del litigio por los 1330 millones de dólares de bonos en cesación de pagos desde 2001 es que el país “es un defolteador serial”. Es un argumento falso que los jueces convalidaron en sus fallos. La Argentina no es el que más veces interrumpió el pago de deuda soberana y tampoco el de mayor monto en perspectiva histórica. En cantidad de veces, en comparación desde la declaración de la independencia de cada país, se ubica por debajo de Brasil, Alemania, Francia y España, entre otros; mientras que Estados Unidos –aunque de manera informal– detenta la mayor cesación de pagos. Por su parte, la Argentina, en la última década, logró un desendeudamiento histórico sin importar la jurisdicción de la emisión de la deuda y ubica la sostenibilidad de sus compromisos a menos del 10 por ciento de su PIB.

El entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá declaraba a última hora del 23 de diciembre de 2001 la cesación de pagos, debido a la imposibilidad de afrontar vencimientos por apenas 18 millones de dólares, 13 millones de dólares correspondientes a préstamos del Fondo Monetario y el resto en vencimientos de eurobonos. El default fue por 81.836 millones de dólares al 31 de diciembre de 2001. Esa fue la séptima vez que Argentina incurría en una cesación de pagos de la deuda. Lejos de ser un defolteador serial o recalcitrante, como consta en el último fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en esa situación es superado por varios países, entre ellos Brasil con nueve veces, España (trece) y Alemania y Francia (ambos ocho), según un relevamiento realizado por los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart.

En monto también es superada. Estados Unidos tiene ese record: el 15 de agosto de 1971 desconoció el tratado de Bretton Woods, que lo obligaba a entregar a los bancos centrales de los países signatarios oro a razón de una onza por cada 35 dólares. La administración Nixon cerró la “ventanilla del oro” y dejó incumplidos compromisos por 60 mil millones de dólares de aquel entonces, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 1982. La deuda en metálico equivalía a 1714 millones de onzas que, a precios de hoy (un promedio de 1400 dólares la onza troy), representaría una deuda de 2,4 billones de dólares.

La Argentina concretó una reestructuración con un nivel de adhesión del 93 por ciento y sin intervención de organismos multilaterales de crédito. Los bonos que nacieron con el canje se emitieron bajo jurisdicción local y extranjera (Nueva York, Tokio y Londres). Desde entonces el país lleva pagados 173.733 millones de dólares: 41.044 millones intra sector público, 81.487 millones al sector privado y a los organismos multilaterales de crédito. La cancelación de toda la deuda con el FMI en 2006, los vencimientos con el Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y a la Corporación Argentina de Fomento suman otros 51.201 millones.

Todo ese proceso transitado de desendeudamiento se pone en riesgo si avanza la demanda de los fondos buitre. La posibilidad de embargo del flujo de fondos destinados al pago de deuda abriría la instancia de default técnico, lo que explica la decisión de cambiar el lugar de pago de los títulos argentinos. De todos modos, el accionar de los fondos buitre obliga a la comunidad financiera internacional a pensar en alternativas como las cláusulas de acción colectiva o el establecimiento de un mecanismo de reestructuración de deuda para evitar que se pongan en riesgo la recuperación de aquellos países que transitaron crisis financieras con consecuente cesación de pagos

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