En los últimos días volvió a primera plana económica el debate sobre el aumento de precios. Es un tema que ocupa atención social a pesar de haber transitado una década de mayor bonanza e inclusión y de que actualmente la economía siga presentando niveles de crecimiento superiores al promedio mundial. Y también muy a pesar de que, en términos reales, el poder adquisitivo del salario mínimo argentino registre mayor capacidad de compra que la del resto de países de la región.

Es interesante ver que muchas veces esta agenda de “consternación” por el aumento de precios es instalada desde la ortodoxia más rígida del establishment económico, incluso desde los propios formadores de precios. Así, muchos economistas plantean la necesidad de que la producción de estadísticas sea más rigurosa desde lo metodológico. A eso se podría agregar otra esfera de análisis, relacionada con que las estadísticas también sean creíbles desde lo simbólico, ya que una mala comunicación o una serie de mitos imprecisos instalados por ciertos actores con intencionalidad política pueden deslegitimar hasta el procedimiento más exhaustivo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confecciona actualmente más de 100 programas entre los que se incluyen una gran diversidad de tópicos, no necesariamente económicos. Sabido es, sin embargo, que las tintas se cargan contra el organismo por el resultado mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador, muchas veces mal simplificado como “el nivel de inflación”, busca mostrar el cambio del valor monetario de una canasta de bienes y servicios representativa de los gustos, preferencias y patrones de consumo de un colectivo de personas propio de una región geográfica específica; acotada usualmente a los grandes núcleos urbanos.

Escapando del relato simplificador que refiere a que los números son distorsionados de forma discrecional, sobran razones técnicas para entender por qué los resultados del índice no son acordes a aquella pretendida “percepción popular”. Pero a pesar de la argumentación técnica existente, se logró instalar en la opinión pública el descrédito del organismo estadístico. Por ende, y así como los problemas en política sólo pueden resolverse con más política, en el Indec los problemas de procedimientos técnicos sólo pueden resolverse con más y mejores prácticas técnicas.

Atento a esto, desde 2012 se viene gestando un programa de desarrollo integral de un nuevo indicador más consistente y robusto, así como más federal y representativo del consumo de todo el país. Se llamará Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (Ipcnu) y será una superación del IPC actual en cantidad y calidad de registros metodológicos.

Sintéticamente, cuestiones a tener en cuenta del Ipcnu son:

- Las provincias serán las encargadas de recolectar los datos. Se medirá la evolución de más de 500 bienes y servicios, 200.000 precios, en 100 localidades del país.

- La canasta de bienes y servicios hará uso de la información obtenida en 2012 por la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (Engho). Importante es destacar que la Engho permitió dar cuenta de fuertes cambios en los patrones de consumo de productos alimentarios, tecnológicos, de transporte, de vestimenta y de esparcimiento de la población. Se eliminaron de esta canasta, que debe dar cuenta del consumo del argentino medio, los productos de lujo (recordemos que años atrás los viajes a Miami formaban parte de ésta) y se crearon nuevas ponderaciones.

- El Ipcnu cuenta con el aval de 15 universidades nacionales, el apoyo técnico de profesionales del National Bureau of Statistics (NBS) de la República Popular China y hasta el consenso con el FMI, que trabajó en coordinación con los directores técnicos de nuestro organismo.

Mientras tanto, la oposición hace uso de críticas oportunistas sin propuestas concretas o claras, y cuando las formula, resultan estar muy alejadas de la realidad de la gestión económica. Por ejemplo, el plan del Frente Renovador de Massa “para bajar la inflación” se compone de la creación de un “área de reducción de la inflación”, a cargo de la “Defensoría del Pueblo de la Nación”. En términos difusos y poco claros, sólo está planteando una vuelta al liberalismo agroexportador y a la reapropiación del excedente para los sectores concentrados que detentan la propiedad de la tierra, ya que se propone como objetivo “corregir distorsiones en materia de incentivo a la cadena de producción agropecuaria” o, dicho de forma más directa, avanzar sobre las retenciones a la exportación.

En un contexto internacional de alza en el precio de los alimentos, eliminar las retenciones, como sugiere el massismo, provocaría precisamente el efecto contrario en los precios locales, haciéndolos subir de forma abrupta e inmediata.

En 2014 el Ipcnu ya estará operativo como el nuevo mecanismo de medición del incremento de precios. Con el consenso y la participación activa de 23 provincias (la ciudad de Buenos Aires no adhirió) se espera obtener buenos resultados y aplacar las críticas oportunistas. Nunca es tarde para desmitificar las falacias instaladas en el imaginario popular, desde los poderes comunicacionales concentrados, mostrando más transparencia y más gestión.

* Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (Geenap).