En julio de este año, la Justicia estadounidense aprobó un acuerdo record por 1920 millones de dólares con el HSBC Holdings, banco que aceptó pagar al reconocer que había ignorado normas del combate del blanqueo de dinero. La entidad de origen británico fue acusada de aceptar clientes vinculados con cárteles de drogas mexicanos y grupos terroristas. En Argentina, la filial local del HSBC fue multada por supuesta complicidad en operaciones de lavado de dinero que suman casi 100 millones de pesos, y se la sancionó con 31 millones. El banco y sus ejecutivos apelaron ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo y Federal. Una de las apelaciones recayó en la Sala I y las otras dos en la Sala IV, sin que haya en casi dos años una resolución del caso.

En el país se aplicaron multas a bancos por 300 millones de pesos por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), de los cuales no pagaron un centavo debido a la presentación de cautelares. En las últimas semanas, se busca imponer en la agenda mediática el tema del narcotráfico como un problema cuya resolución es responsabilidad exclusiva del Estado. Si bien el poder de control y de policía para combatir este flagelo corresponde al aparato estatal, la connivencia y complicidad de distintos segmentos de la actividad privada obstaculizan las acciones llevadas a cabo para encarar esa lucha. Tal es el caso de la asociación que agrupa a concesionarias de automotores, bancos y escribanos, que oportunamente presentaron cautelares para evitar tener que informar a la UIF sobre operaciones sospechosas de lavado de activos.

“La situación que tenemos actualmente es una cantidad de casos relevados para conseguir efectividad de la legislación, que chocan con un esquema judicial proclive a la dilatación de las causas, tanto por inutilidad como por complicidad”, señaló el titular de la UIF, José Sbatella. Entender el tema del narcotráfico más allá de la cuestión del contrabando y venta de estupefacientes permite conocer todos los negocios paralelos que, además de abultar las ganancias de los delincuentes, generan las condiciones para que el dinero sea blanqueado. También permite trabar embargos sobre los activos de los narcotraficantes para reducir las posibilidades de escape a otros países. Una decena de delincuentes que lograron fugarse o evadir a la Justicia fueron recapturados cuando “iban a los bancos en los que operaban para reclamar la liberación de sus cuentas”, informó Sbatella a este suplemento.

Cash tuvo acceso a más de treinta causas que fueron producto de investigaciones de la UIF y/o en las que actúa como querellante, y que no llegan a tener efectividad en función de todos los trámites judiciales interpuestos. El caso más llamativo es el de Alvarez Meyendorf, por contrabando de estupefacientes, donde se investiga la ruta del dinero obtenido a través del narcotráfico. Meyendorf tiene pedido de extradición de los Estados Unidos por el mismo delito. La causa fue derivada a distintos juzgados. Estuvo en el fuero Criminal y Correccional, pero se declaró incompetente y derivó la causa al Penal Económico. Este también se declaró incompetente y volvió al juzgado Criminal y Correccional. No hay sentencia. Otro caso es el de la efedrina, donde se investigan maniobras de lavado de activos y está vinculado con el triple crimen de General Rodríguez (17 de agosto de 2008). Las indagatorias se iniciaron recién en noviembre del año pasado. Tampoco existen avances en este caso.

La obligación que rige para personas físicas y jurídicas de reportar las operaciones sospechosas de lavado permite evitar al circuito formal el ingreso de dinero que provenga de actividades ilícitas. El incumplimiento de estas obligaciones, que deberían ser parte de la operatoria habitual de los actores privados, está penado. No obstante, las presentaciones que realizan ante la Justicia para evitar el compromiso impiden que éstos sean también investigados

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