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Las restricciones a la compra de dólares para evitar una crisis cambiaria, con sus clásicos condimentos de desempleo y pobreza, pusieron en evidencia la falta de alternativas locales de ahorro. Ello no es cierto para los grandes actores económicos, que manejan opciones desconocidas para la mayoría, como una variedad de bonos provinciales y nacionales de buen rinde o acciones de empresas que en lo que va del año permitieron a sus propietarios ganar más del 80 por ciento sin exigirles a cambio ni una gota de sudor. Distinta es la situación de los pequeños ahorristas, que depositan ahorros en colocaciones a plazo que pagan menos que la inflación.

Si bien se le puede atribuir al Gobierno la responsabilidad de no remediar la situación, no hay que perder de vista que los que pagan menos que la inflación por un depósito a plazo son los bancos y no el Gobierno. Es sorprendente que este hecho sea pasado por alto por la mayor parte de los analistas. Lo cierto es que desde que se dio marcha atrás con la nacionalización de depósitos implementada en el último gobierno del general Perón, hasta la reciente reforma de la Carta Orgánica del Central, los bancos comerciales fijaban libremente las tasas. Es paradójico que los economistas ortodoxos que suelen criticar al Gobierno porque las tasas de interés son negativas, se hayan opuesto a la reforma de la Carta Orgánica del Central, que le daba instrumentos al Gobierno (aún no utilizados) para modificar la situación.

La paradoja se resuelve si se revisa la experiencia histórica y se ve que durante los gobiernos neoliberales, las tasas positivas se mantenían a través de la emisión de bonos públicos que pagaban tasas muy elevadas y eran comprados por los bancos. Es decir, juntaban el dinero de los pequeños ahorristas vía plazo fijo y se la prestaban al Gobierno, a una tasa superior quedándose con la diferencia. Desde algunos sectores, la atribución al Gobierno de la responsabilidad por las bajas tasas que pagan los bancos a los ahorristas es en realidad un lobby encubierto para poder volver a instrumentar un sistema de deuda pública que le permita al liberal sistema financiero volver a vivir de la teta del Estado.

La situación económica de la banca no pareciera ameritar el subsidio estatal vía colocación de bonos a tasas elevadas. El negocio de no informar al ahorrista, escondiendo las opciones de ahorro más rentables para encerrarlo en un plazo fijo que paga poco y luego prestar esos fondos a tasas muy elevadas en créditos al consumo, ha sido más que redituable. En 2012, las entidades financieras ganaron 29.276 millones de pesos antes de pagar ganancias. Una suba de 10 puntos en la tasa que pagaron por la totalidad de los plazos fijos del sector privado (que daría un rendimiento superior a la inflación) habría tenido un costo para el sistema de 13.200 millones de pesos. Es decir, se habría mantenido un resultado positivo de aproximadamente 16.000 millones de pesos.

La nueva Carta Orgánica del Central habilita su intervención para fijar tasas de depósitos y préstamos de los bancos particulares. Una suba obligada en las tasas de los plazos fijos (por lo menos los de montos bajos) manteniendo la de crédito a las empresas puede ser una política que permita quitar presión al dólar paralelo y mejorar el humor social de la clase media

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