La deuda pública tuvo un rol protagónico en las últimas décadas, financiando un nivel de consumo que a los argentinos nos hacía creer que estábamos en el Primer Mundo, pese a que la industria desaparecía, el desempleo aumentaba y la pobreza escalaba. En los ’70 y los ’90 esta práctica generó una montaña de deuda pública que empezó a intimidar a los acreedores; se cerraban los mercados y subía el riesgo país. Cuando ya no quedó nadie que financiara la bicicleta y los desesperados ajustes sólo empeoraban la situación, más pronto que tarde se anunciaba un nuevo default.

1976-2004: años de endeudamiento

El incremento de la deuda pública salió a escena con la última dictadura que, llamativamente, disponía de fluido financiamiento desde el exterior. Según datos del FMI, la deuda pública era del 13,8 por ciento del PIB en 1976 y escaló a 46,7 por ciento para 1983, con estatización de la deuda privada incluida. La deuda pública se elevó de 7800 millones de dólares a 43.600 millones tras el paso de la dictadura (460 por ciento), que antes de irse declaró la guerra y el default.

Si bien durante la segunda mitad de la década de los ’80 Latinoamérica comenzó a renegociar su deuda externa en default, fue recién con el Plan Brady, a principios de los ’90, cuando se regularizó su situación. El acuerdo dio nuevamente un inmediato acceso a los mercados financieros, una vez que los nuevos gobiernos democráticos de la región se comprometieron a pagar lo adeudado. En el caso de la Argentina, la renegociación terminó con un nuevo stock de deuda pública de 64.000 millones de dólares para 1992.

Con la vuelta a los mercados, la Argentina lideró un nuevo ciclo de endeudamiento público. En el transcurso de la convertibilidad, la deuda pública se incrementó a un ritmo de casi 9000 millones de dólares anuales, al pasar de 64.000 millones a 144.000 millones, minutos antes de anunciar un nuevo default en 2001. Entre 2002 y 2004 la necesidad de compensar a ahorristas por la crisis de la convertibilidad, rescatar cuasi monedas de todos los colores, renegociar con provincias toda la deuda en default, más los intereses que corrían de la deuda pública en default, los pasivos del Estado sumaban un nuevo record: 191.000 millones para 2004 (124 por ciento del PIB).

2005-2013: años de desendeudamiento

En 2005 llega el canje de deuda y se inicia el período de desendeudamiento del Estado. El canje, en sus dos etapas, logró una adhesión voluntaria del 92 por ciento, y redujo el monto adeudado en 48.000 millones de dólares, además de reducir el pago de intereses y alargar plazos para su pago. También cambió una parte de legislación y la moneda de denominación. Los intereses de la deuda renegociada se pagaban con un superávit fiscal de 3 por ciento del PIB. Pero la crisis internacional y sequía local de 2009 pulverizan el superávit fiscal. Ese año el Gobierno estatiza las AFJP para hacerse del flujo de los aportes (1,1 por ciento del PIB), además de reducir el stock de deuda pública en manos privadas en otros 35.000 millones. Ahora bien, para 2010 el mundo se recuperó de la crisis y la sequía quedó atrás, tras un nuevo record de producción agropecuaria.

No obstante, nunca volvió el superávit fiscal. Peor aún, el déficit primario comenzó a escalar para llegar a 2 por ciento del PIB en 2012. El deterioro fiscal fue superior a 5 puntos entre 2008 y 2012, en su mayor parte producto de una nueva montaña, esta vez, de subsidios energéticos. Desde 2009 a la actualidad, el Gobierno nunca procuró recuperar el superávit fiscal y, como política de Estado, comenzó a pagar la deuda pública con las reservas acumuladas en los años mozos del modelo. Hasta fin de 2012, el Gobierno destinó 35.000 millones de las reservas del BCRA a pagar la deuda pública y continuar con el desendeudamiento, pese a que no tiene superávit fiscal ni acceso a los mercados financieros. Simple: cancela un pasivo con un activo.

En definitiva, entre la quita que se logró con el canje de deuda (48.000 millones), la estatización de las AFJP (35.000 millones) y el uso de reservas del BCRA (otros 35.000 millones) se explica la contracción de 108.000 millones del stock de deuda pública entre 2005 y 2012, aun considerando el incremento por casi 10.000 millones por capitalización de intereses y CER.

La oportunidad

A fines de 2012, la deuda pública en manos privadas y organismos internacionales sumó 83.000 millones de dólares (18,8 por ciento del PIB). De ellos, 25.000 millones se adeudan a organismos internacionales y 58.000 millones a privados, pero que poseen 35.000 millones en moneda extranjera. En 2004, la deuda pública neta per cápita era de 5000 dólares y actualmente es de 2000 (-60 por ciento). La deuda intra sector público suma 26 por ciento del PIB. Poco más de la mitad está en manos del BCRA y el resto, en manos de la Anses y el Banco Nación. Vale recordar que todos los países tienen deuda intra sector público. Según el FMI, es del 20 por ciento del PIB en Estados Unidos (en su mayor parte en manos de la Fed), 25 por ciento en Italia, 34 en Brasil, 15 en Perú y 5 en México.

Los números son elocuentes y el desendeudamiento es un hecho. Este año se necesitan sólo 4800 millones para afrontar todos los pagos de la deuda pública a privados y organismos en moneda extranjera, equivalente a 1 por ciento del PIB (se eleva a 1,6 si se suman los pagos en moneda local). En contraste, en 2001, entre intereses y vencimientos de capital, se necesitaban 20.000 millones de dólares (8,0 del PIB), mitad para pagar intereses y la otra, para vencimientos. Una magnitud que superaba incluso las reservas del BCRA. Al respecto, cancelar deuda externa con reservas no es una estrategia desacertada cuando las reservas no rinden intereses.

Lo que es desacertado es que el Gobierno financie su déficit de pesos de 2,5 por ciento del PIB y crea que monetizarlo no genera inflación, cuando tiene que dibujar el Indec para taparlo. En suma, los ’70 y los ’90 endeudaron al país para financiar el consumo feliz mientras la economía se destruía, avanzaba el desempleo y se generalizaba la pobreza.

Esa deuda fue un lastre que impidió el crecimiento y sumó todavía más frustraciones, materializadas en la crisis de 2001. Pese al notable esfuerzo que hizo la sociedad para pagar lo adeudado, todavía hoy la Argentina tiene pleitos internacionales en tribunales del exterior por la resaca de esa deuda pública. Una disminución de la deuda pública en 108.000 millones implica un ahorro público en pago de intereses no menor a 5400 millones anuales a las tasas de interés a las que accede Brasil (5 por ciento).

Por primera vez en décadas, la realidad argentina es otra: se sacó de encima el peso de la deuda, cerrando otra herida que dejaron el paso de la dictadura y la convertibilidad. Si bien no dispone de la fortaleza macroeconómica de sólo unos años atrás, tampoco tiene la debilidad estructural de décadas previas