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La trascendencia de las negociaciones en marcha para la firma de un acuerdo de liberalización económica y comercial del Mercosur con la Unión Europea (UE) requiere que éstas sean conocidas en forma amplia y puestas en debate público. Deben eliminarse sin más demora los niveles de confidencialidad que hoy exigen los negociadores europeos y contradictoriamente defienden como “comprensible” voceros del establishment local, que no temen criticar públicamente (¿o cínicamente?) “la falta de transparencia” o reclamar “mayor control democrático de la gestión pública”. Existe el peligro de aceptar una negociación a libro cerrado y como hecho consumado, para luego recién ser puesta a consideración pública y parlamentaria.

Es necesario reconocer que la negociación Mercosur-UE tiene una enorme importancia estratégica. Se trata de vínculos de sociedades y economías con enormes potencialidades de cooperación y complementación. No hay duda de que mejorar y ampliar las relaciones entre dos regiones tan importantes debe ser un objetivo prioritario con claves geopolíticas.

De todas formas, un acuerdo de libre comercio (TLC) con condiciones similares a las que la UE ha establecido para otros países latinoamericanos –por ejemplo, los puestos en marcha recientemente con Colombia y Perú– podría ser absolutamente contradictorio con los propósitos de desarrollo económico independiente que han proclamado en forma reiterada los gobiernos y contantas declaraciones orgullosas de los principales líderes de la región por haber rechazado la propuesta de un acuerdo similar, el ALCA, en 2005. Aun si se lo denominara con eufemismos tales como “acuerdos de cooperación económica”, muchas de sus condiciones y exigencias podrían ser aún más severas que las planteadas entonces por el autoritario gobierno de George W. Bush.

Es necesario destacar que los aspectos comerciales son sólo uno de los capítulos, y tal vez no el más importante, de las negociaciones en marcha. Aun sin contarse con información detallada imprescindible, pero sí el antecedente de acuerdos similares negociados por la UE recientemente, es posible suponer que la UE estaría solicitando que se comprometa la eliminación recíproca en un corto plazo de los tributos de más del 80 por ciento del espectro arancelario.

Con toda seguridad, aunque pudiera otorgar algunas concesiones y promesas, la UE seguirá sosteniendo subvenciones y protección a su sector agrícola. Se privaría así a los países del Mercosur el poder alcanzar el que sería el beneficio comercial esperado más importante a cambio de una apertura inédita masiva de los mercados locales a una competencia abierta de una economía más desarrollada; sobre todo evidente para muchísimos productos industriales. Se repetiría, aun en un grado mayor, un escenario de graves descompensaciones comerciales que hoy observamos en la misma Europa por las asimetrías entre los países del Norte respecto de los de Sur y del Este.

En forma engañosa, suele afirmarse que se trataría sólo de una negociación comercial. No es así, la mayor parte de los temas en discusión son de carácter estructural y comprometen el conjunto de la economía en aspectos críticos tales como servicios, patentes, propiedad intelectual, compras públicas, inversiones y competencia. La eventual provisión del tratamiento de “nación más favorecida” a los países de la UE, aun si se incluyeran salvaguardas de excepción, vulneraría los muy proclamados objetivos de defender y priorizar la diversificación de matrices productivas. Para ello se requieren estrategias y políticas públicas elementales de desarrollo, utilizadas históricamente también por los países europeos, a través de la sustitución de importaciones, priorizar el compre nacional, brindar créditos diferenciales para el desarrollo de regiones o sectores más desfavorecidos. El futuro de nuestros países puede ser completamente comprometido por una mala negociación.

Por lo pronto, las exigencias de este tipo de acuerdos (de inhibir decisiones soberanas independientes para introducir cambios legislativos, arancelarios, financieros o impositivos) vulnerarían la capacidad elemental de nuestros países para reordenar, ponderar, reasignar excedentes, priorizar la integración con América latina, y reasignar las rentas diferenciales obtenidas por la explotación de recursos agropecuarios, mineros y energéticos.

Para poder decidir qué tipo de entendimiento con Europa es posible y conveniente para el Mercosur resulta imprescindible que los gobiernos, entidades sectoriales, partidos y organizaciones sociales y académicas que proclaman defender el interés nacional y regional no se dejen llevar por enunciaciones superficiales y se convoque inmediatamente a análisis serios, tanto generales como regionales como sectoriales, que incluyan estudios sobre efectos estructurales de corto y largo plazo y posibles alternativas.

En lo inmediato, es preciso contraponer ultimatismos (Ej.: afirmar que se debe negociar ahora o nunca), posibles maniobras (Ej.: eventuales amenazas de proponer negociaciones “multiparte” en forma independiente, tal como lo hizo con la Comunidad Andina, para romper la unidad del Mercosur) o la lisa y llana distorsión de la realidad (no aclarándose que las consecuencias económicas reales de la finalización de preferencias arancelarias por parte de la UE desde el 1 de enero pasado para Argentina, Brasil y Uruguay serán marginales y pueden ser asimiladas puntualmente).

Existen antecedentes internacionales (que deben también estudiarse) de opciones más equilibradas para la negociación con la Unión Europea y otros países y regiones más industrializados para superar asimetrías.

No debe seguir una negociación crucial con la Unión Europa sólo en manos de un grupo pequeño de “especialistas” y la presión de grupos de interés o medios de comunicación superficiales o sectorizados por posiciones ideológicas o intereses económicos particulares, como se ha repetido a lo largo de años.

José Antonio Ocampo, quien fuera ministro de Hacienda de su país, Colombia, y secretario general de la Cepal (Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas) señaló recientemente que “las negociaciones internacionales deben tener visión estratégica. Ahora hay una indigestión de TLC, pues firmamos donde se nos ocurra sin el suficiente estudio y discusión sobre su conveniencia”. Que no nos ocurra lo mismo. Por favor, aprendamos de la experiencia

* Profesor titular de Economía de la UBA, investigador del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges), vicepresidente de la Fundación para la Integración de América Latina (FILA). Servicio Informativo Alai-amlatina.