El Progresar comienza a saldar una deuda que el Estado tiene con una población que siempre está bajo la mira y que en muchas oportunidades es el chivo expiatorio de los males de nuestra sociedad: los jóvenes. Ya sea bajo el rótulo de “desganados” y “vagos”, cuando no de “peligrosos” y “violentos”, la mirada que la sociedad suele tener sobre ellos, y especialmente sobre los jóvenes de sectores populares, está plagada de prejuicios y falta de información. El desafío es derribar algunos mitos que circulan en torno de esta población e identificar los problemas reales que los afectan, en muchos casos producto de la ruptura de lazos sociales que significó la década del noventa, el contexto social, cultural y económico que signó a esta generación.

- “Los jóvenes”. Al hablar de “los jóvenes” muchas veces se pierden de vista las importantes diferencias entre los 4,7 millones de jóvenes que habitan nuestro país. Por ejemplo, los jóvenes de sectores altos suelen tener la oportunidad de estudiar y de postergar su ingreso a las responsabilidades de la vida adulta, oportunidad generalmente negada a los jóvenes de sectores populares, cuyas trayectorias escolares suelen ser más inestables y su ingreso al mercado laboral más temprano. El Estado, a través de la política social, debe intervenir y garantizar que esas brechas sean cada vez más chicas.

- “Los vagos”. Más de la mitad de los jóvenes está trabajando o buscando trabajo, mientras que cerca de un tercio se dedica exclusivamente a estudiar. O sea que cerca del 85 por ciento trabaja fuera del hogar, estudia o realiza ambas actividades. El problema entonces no es “que no hacen nada”, sino las condiciones en que lo hacen: 6 de cada 10 de los jóvenes que trabajan lo hacen en trabajos precarios, sin ningún derecho laboral garantizado, con baja permanencia y bajos salarios. Además, de los que no terminaron el secundario (cerca de la mitad), la mayoría (70 por ciento) no va a la escuela.

- “Los peligrosos NiNi”. Habitualmente, en los medios de comunicación se hacen dos reduccionismos: se asocia directamente a la juventud con los “jóvenes NiNi”, y a éstos con escenarios de desgano, desinterés, cuando no de delincuencia y drogas. En realidad, del total de jóvenes hay un 16 por ciento que no estudia ni trabaja (fuera del hogar) ni busca trabajo. Son poco más de 700 mil jóvenes, en su gran mayoría mujeres pobres que no terminaron el secundario y se dedican a ayudar a sus familias en el hogar. No se niega con esto la existencia, aunque sí la cantidad, de jóvenes que se encuentran desmotivados, a veces con problemas de adicciones y que crecen en ambientes violentos donde las formas de supervivencia están asociadas a la delincuencia. El abordaje territorial de la política social en estos casos resulta urgente e indispensable, así como no confundir a la víctima con el victimario.

- ¿Son o no son “NiNi”?

La categoría “NiNi” es engañosa en el análisis de la juventud: iguala situaciones muy diferentes y deja por fuera otras más graves de las que a veces incluye. Por ejemplo: es “NiNi” tanto una joven con estudios superiores que decide dejar de trabajar para dedicarse a la maternidad, como una madre adolescente que tuvo que dejar de estudiar para cuidar a su hijo. A su vez, no entra en la categoría (y por lo tanto se invisiviliza como problema) un joven que dejó el secundario para ayudar a su familia y tiene un empleo precario e inestable.

La puesta en marcha del Progresar implica el reconocimiento de las inequidades existentes en el interior de la juventud y la voluntad de mejorar la realidad de miles de jóvenes. Si bien en la última década se logró una fuerte ampliación del piso de protección social (con especial énfasis en niños, adultos mayores y trabajadores), era necesaria una política que apuntara directamente a la cuestión juvenil y sus problemas particulares con una lógica inclusiva y de no estigmatización. Desde su diseño, el programa comprende algunos puntos clave: no es un programa exclusivo para jóvenes que no estudian ni trabajan, es mucho más amplio; aborda la perspectiva de género al reconocer las dificultades para la continuidad escolar asociadas a la maternidad; visibiliza la cuestión del abandono escolar y las dificultades para la reinserción; fomenta los controles de salud y la regularidad en los estudios.

El formato resulta novedoso al complementar la transferencia monetaria con una red de integradores comunitarios que acompañan a los jóvenes en su trayectoria educativa y laboral y al incluir la posibilidad de solicitar servicios de cuidado infantil en los casos de jóvenes con niños a cargo. Además, la participación de la mayoría de los organismos del Estado refleja el reconocimiento del complejo mundo juvenil.

La clave está en no entenderlo sólo como un programa de transferencia monetaria directa, sino como un puntapié para garantizar y ampliar derechos, y que tiene como objetivo más ambicioso comenzar a producir el cambio cultural que la sociedad debe asumir para hacer posible y real la inclusión de los jóvenes que están excluidos

* Economista UBA.

** Socióloga UBA.