Por Roberto Navarro

Mientras Argentina vive la peor crisis de su historia, los grandes grupos económicos y las personas más ricas del país consiguieron un extraordinario jubileo de sus deudas. Las últimas medidas de Domingo Cavallo y las primeras de Jorge Remes Lenicov favorecen una licuación impresionante de sus pasivos financieros y fiscales, clavos que serán, finalmente, pagados por toda la sociedad. La pesificación, que les licuará sus pasivos bancarios, fue su último logro, pero no el único. Son los ganadores de siempre; los que incluso en los peores momentos sacan provecho de la situación. Amalita Lacroze de Fortabat pagó sus deudas impositivas atrasadas con títulos públicos que compró al 25 por ciento de su valor. Arcor utilizó los bonos para cancelar impuestos futuros. Héctor Massuh, titular de la UIA, y Alpargatas pagaron sus deudas fiscales con acciones de sus empresas, que pueden recomprar en dos años, en pesos, pagando un mínimo interés. Macri está cancelando parte de sus pasivos bancarios en situación irregular con bonos. Multinacionales como Shell y Repsol, que cobran sus exportaciones petroleras en dólares, se beneficiarán con la pesificación de sus pasivos bancarios. En medio del ruido de las cacerolas, los poderosos, en silencio, están logrando estatizar sus deudas otra vez.
Cuando los grandes grupos económicos ganan plata, la reparten entre sus accionistas; cuando pierden, transfieren sus quebrantos a la sociedad. La pesificación de los préstamos bancarios en moneda extranjera licuará deudas por 36 mil millones de dólares. La mitad de esa cifra corresponde al 0,2 por ciento de los deudores. Aunque son los más ricos del país, y la mayoría de ellos tiene depósitos en el extranjero, el Gobierno, al pesificar, les licuará una parte importante de sus pasivos bancarios en dólares. Pero eso no es todo. Antes de irse, la administración de Fernando de la Rúa les dejó un amplio menú para que elijan su licuado favorito.
Las empresas pueden cancelar sus compromisos con los bancos con títulos de deuda pública, que se consiguen en el mercado al 25 por ciento de su valor. También pueden utilizar los bonos para pagar impuestos atrasados. Si no quieren ponerse en gastos, tienen la posibilidad de capitalizar sus deudas fiscales y recomprar sus acciones a la AFIP dentro de los dos próximos años, en pesos, pagando un 1 por ciento de interés mensual. O ingresar a la moratoria sin multas ni recargos y ponerse al día en 120 cuotas al 0,5 por ciento mensual. Devaluación e inflación mediante, pagarán sus deudas con monedas.
El argumento más fuerte que esgrimen los defensores del jubileo es que el Gobierno debe salvar a miles de pymes de una quiebra segura. Pero ninguna de las medidas de licuación de pasivos contempla un monto máximo que indique que la ayuda está dirigida a salvar a las empresas más débiles. Por el contrario, las únicas empresas que están en condiciones de comprar bonos al contado en el mercado para cancelar deudas bancarias o fiscales son las que no pagaban porque no querían o las que tienen depósitos en el exterior. Y el sistema de capitalización fiscal no es para pymes, que suelen ser sociedades de hecho (no emiten acciones), sino para grandes compañías.
En octubre, cuando el riesgo país se disparó y la morosidad bancaria y fiscal se fueron a las nubes, Cavallo dispuso que los bancos debían aceptar cobrar los saldos de sus clientes morosos en títulos públicos. Así, los deudores podían comprar los bonos en el mercado a precio de remate y los bancos se los tomaban a valor nominal. Luego el Estado les canjeaba los bonos a los bancos por préstamos garantizados. Cuando Cavallo instrumentó el corralito decidió que los bancos también podían cobrar así los préstamos que no estuvieran en situación irregular: una decisión técnicamente inexplicable. ¿Por qué un banco le va a cobrar en bonos a un cliente que está pagando correctamente en dólares? La medida daba lugar a que el cliente, que se ahorraba el 75 por ciento de su deuda, le ofreciera al banco compartir las ganancias conseguidas a costa del Estado. El 14 de diciembre el Banco Central reglamentó esta increíble decisión del ministro y aun hoy, luego del default, sigue vigente y regirá hasta el 28 de febrero.
Cavallo también permitió que las empresas puedan saldar sus deudas impositivas anteriores al 30 de junio del 2001 con títulos públicos. Entre noviembre y diciembre la AFIP cobró 241 millones de dólares en bonos comprados en el mercado a precio de regalo. Aunque el país declaró la cesación de pagos en diciembre y se espera que consiga una quita de su deuda de alrededor del 50 por ciento, la posibilidad de cancelar compromisos fiscales atrasados con bonos tomados al 100 por ciento de su valor rigió hasta el 18 de enero pasado.
La pesificación de las deudas en dólares de los grandes grupos económicos significa que, por ahora, pudo más el lobby de los empresarios que el ruido de las cacerolas. La pesificación de los pasivos de hasta 100 mil dólares 1 a 1 era entendible porque era la única manera de salvar a las pymes. Pero, ¿con qué justificación se pesifican las deudas millonarias de los grandes grupos? La empresa que más adeuda al sistema financiero es Pérez Companc, que tiene un pasivo de 317 millones de dólares con los bancos BBVA Francés, Nazionale del Lavoro, Río y Sudameris. Gracias a la decisión del Gobierno, ahora les deberá pesos. Pero, la misma Pérez Companc, que hizo lobby para conseguir la pesificación de sus pasivos bancarios locales, canceló el jueves pasado obligaciones negociables emitidas en el exterior por 17,4 millones de dólares con fondos que tenía depositados en el Bank of New York. Eso confirma que, si tuviera que pagarles en dólares a los bancos, podría hacerlo.
Otros grandes grupos beneficiados por la pesificación son Telecom, que debe 222 millones de dólares y ahora deberá pesos; Loma Negra, 217 millones; Victorio Gualtieri (amigo del presidente Duhalde), 114 millones; Torneos y Competencias, 50 millones. El dinero que se ahorren estas empresas lo pagarán los ahorristas, que depositaron dólares y recibirán pesos, y la sociedad, que cargará con las nuevas deudas que contraerá el Estado para saldar las diferencias que la pesificación les genere a los bancos. Lo mismo ocurre con las deudas fiscales, que los grandes grupos saldaron con títulos públicos que el Estado no va a pagar y con una moratoria a 10 años que va a licuar la mayor parte de sus deudas.
Como en 1982, cuando Cavallo era presidente del Banco Central, los grandes grupos económicos están consiguiendo la estatización de sus deudas.