En una nota publicada el domingo pasado en el suplemento económico Cash, Bruno Susani informa que Italia habría finalmente abandonado las políticas de austeridad y, simultáneamente, habría vuelto a una política económica más cercana a Keynes. Lamentablemente, poco o nada es cierto.

En primer lugar, hay que hacer algunas correcciones: en 2013 el PIB de Italia cayó un 1,9 por ciento y hubo un gabinete político (y no tecnocrático) liderado por Enrico Letta, del Partido Demócrata (el cual, vale aclarar, no es el nuevo nombre del Partido Comunista Italiano, sino un partido de centro que ha sumado sectores ex comunistas a lo que quedaba de la conservadora Democrazia Cristiana), apoyado por el partido de Berlusconi.

Desde este punto de vista, el nuevo primer ministro Renzi (cuya militancia política previa ha sido en la Democrazia Cristiana) se mantiene en absoluta continuidad con el gobierno de Letta, siendo su gabinete liderado por el Partido Demócrata aunque apoyado por varias fuerzas del centroderecha, incluido el montismo.

Además, el nuevo ministro de Economía es el economista mainstream del OECD Pier Carlo Padoan, que hace pocos meses fue muy duramente atacado por Paul Krugman por haber defendido la austeridad europea afirmando que: “Il risanamento fiscale è efficace, il dolore è efficace” (El ajuste fiscal es eficaz, el dolor es eficaz). Por ende, también la estrategia económica del gobierno de Renzi se puede definir en continuidad con el paradigma dominante en Europa, aunque, como decimos en Italia, intente acompañar “el bastón” del ajuste con unas “zanahorias” que lo endulcen un poco.

Por un lado, es verdad que se propuso una reforma del impuesto a la ganancia que determinaría un aumento de unos 80 euros mensuales para los trabajadores de ingresos medios-bajos. Sin embargo, la misma reforma prevé que se eliminen varias detracciones fiscales por núcleo familiar, lo cual determinaría un aumento del impuesto sobre los ingresos anuales (Irpef) superior a los 80 euros mensuales.

Por otro lado, el gobierno vuelve a intervenir muy duramente en el mercado de trabajo con dos medidas ortodoxas que apuntan a aumentar su flexibilidad para disminuir la tasa de desempleo, la cual, si se consideran los desalentados, supera el 20 por ciento.

La primera es el jobs act, que introduce la completa desregulación de los contratos a tiempo determinado (despido no justificado; feriados; licencia maternal; número máximo de renovaciones) bajo la única condición de que no supe-ren los tres años de duración. La segunda es la eliminación de una crucial medida de protección laboral, llamada cassa integrazione straordinaria, que permite a las empresas en crisis no pagar los salarios a sus empleados por algunos meses, porque aquéllos son pagados por un fondo de garantía financiado con la recaudación fiscal del Estado.

Vale aclarar que en ambos casos el principal sindicato italiano (CGIL) se ha opuesto con firmeza, amenazando con una huelga general.

Además, para que se siga respetando la restricción del 3 por ciento en la relación déficit/PBI y la regla áurea presupuestaria introducida en la Constitución durante el gobierno de Monti, se planean unos 5000 millones de euros de recortes para 2014, previendo 85.000 despidos en el sector público y el bloqueo de las jubilaciones de las mujeres para los próximos doce meses.

Dicho de otra forma, bajo la gestión Renzi, Italia parece reafirmar su obtusa ortodoxia económica, basada en el respeto ciego y acrítico de los vínculos europeos, a diferencia de Francia, Alemania y también España, que en varias ocasiones no han respetado las restricciones de Maastricht, beneficiándose en términos de crecimiento económico. De hecho, las mismas previsiones del FMI sobre el PIB italiano muestran esta tendencia, ya que en 2014 se prevé un modesto crecimiento de 0,6 por ciento y en 2015 hasta Grecia tendrá una performance económica mejor (2,9 por ciento versus 1,1 por ciento). Semejante actitud produjo a partir de 1992 una situación paradójica, en la cual el superávit primario de Italia ha sido siempre positivo (2,2 por ciento PIB en 2013), con la única excepción de 2009, pero las políticas de austeridad implementadas para lograrlo han determinado un crecimiento del PIB casi nulo o negativo, por el cual la relación deuda pública/PIB del país ha aumentado constantemente, llegando al 132,6 por ciento.

Desde esta perspectiva, la entrada en función del Pacto Fiscal Europeo (Fiscal Compact) –un convenio internacional firmado por Mario Monti que obliga a la rápida reducción de la deuda pública y que impone a Italia unos 50 mil millones de euros de recortes sólo en el 2014– podría convertirse en un punto de no retorno, tanto para la economía italiana como para el gobierno de Renzi.

En semejante contexto, las elecciones europeas del próximo 25 de mayo podrían representar un pasaje crucial, sobre todo si se confirman las encuestas que prevén un gran respaldo para aquellas fuerzas políticas que rechazan el ajuste y los tratados económicos europeos. En el caso italiano, no parece irrelevante que a las tradicionales protestas del Movimiento 5 Estrellas y de la lista de izquierda L’Altra Europa con Tsipras se haya sumado la Unión Industrial (Confindustria): teniendo en mente la descripción de Gramsci del “espíritu subversivo de las clases dirigentes italianas”, se puede interpretar este hecho como el indicio de que los próximos meses serán algo complicados en el Bel Paese.

* Investigador Conicet.

Docente UBA.