El programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) realizó el IV relevamiento sobre Empresas Recuperadas (ER) a nivel nacional. Los resultados obtenidos en la encuesta de 2004 señalaron la existencia de 161 empresas y el de 2010 que existían 205, aunque en el último estudio, con más recursos y más exhaustivo, se encontraron 40 casos anteriores a esa fecha que no se conocían. Los estudiantes encargados del estudio contaron un total de 311 ER en 2013, que ocupan a 13.462 trabajadores.

Andrés Ruggeri, director del programa, explica esa evolución señalando que “algo que parecía muy difícil se ha hecho una opción viable en caso de que una empresa cierre. Hay ejemplos de buen funcionamiento que visibilizan la alternativa. Por más que en el capitalismo haya pleno empleo, siempre hay empresas que cierran y se abren. Lo que sí se ve es que se dan más casos en lugares donde hay más informalidad como el sector gastronómico o el textil. Para ellos la recuperación es una forma de mejorar las condiciones de trabajo y un estímulo a intentarlo”.

El fenómeno de las ER, asociado con la crisis de 2001, ha llegado para quedarse. Las ER posteriores al 2004 suman 144 casos, casi la mitad del total. Además sólo seis empresas que habían sido relevadas en 2010 dejaron de funcionar. Según explican desde Facultad Abierta, que espera publicar el informe completo en su sitio (www.recuperadasdoc.com.ar) a fines de abril, “si entendemos a las empresas recuperadas como una respuesta de los trabajadores al cierre de establecimientos económicos en los que reportaban como asalariados, hay que ampliar este enfoque hacia una variedad de circunstancias críticas que no necesariamente deben contextualizarse en situaciones de grandes crisis de carácter estructural. A nivel micro, cada caso es una crisis en un espacio reducido con un enorme impacto en las vidas de los trabajadores y sus familias, y como tal es vivido, pero esto no necesariamente se da en el marco de una crisis de características macroeconómicas”.

Existe heterogeneidad en las recuperaciones y no deben generalizarse las causas. El estudio arroja resultados interesantes: las recuperaciones están ampliando su base geográfica y en 21 de las 24 provincias ya existen casos de ER, mientras que en algunas de ellas el fenómeno tuvo fuerza, pero se estancó, como en Mendoza. Otro rasgo particular del último período es que se han diversificado las recuperaciones, pero con mayor énfasis en el sector servicios. Las metalúrgicas redujeron su peso total y pasaron a representar el 20 por ciento en 2013 contra el 23 por ciento que tenían en 2010 del total. Los que han aumentado su participación son los rubros gráfico y alimentario, los cuales lideran los nuevos casos 2010-2013 con 17,4 y 15,9 por ciento, respectivamente. Luego vienen gastronómicos y textiles con 9 casos cada uno (14,3 por ciento).

La situación legal

De los nuevos casos de ER, en el 61 por ciento los trabajadores tuvieron que ocupar la empresa o realizar alguna medida de fuerza. El dato resulta bastante decepcionante respecto de la expectativa generada por la modificación de la ley de quiebras en 2011, la cual permitía a los jueces dar continuidad a las empresas bajo el control de cooperativas de ex trabajadores. En 2011, si bien muchos consideraron esta modificación como un avance, no pocos mostraron su escepticismo porque dejaba en la práctica a criterio del juez esta posibilidad. El tiempo les dio la razón a estos últimos, ya que sólo el 9,7 por ciento de los nuevos casos aprovechó este recurso. Los períodos de conflicto han aumentado respecto de los relevamientos anteriores, incluso si se comparan los casos previos a 2001 (249 días de conflicto promedio) con los de 2010-13 (335 días).

Un proceso con historia, que ha demostrado su poder para atraer trabajadores aun en tiempos de desocupación y con herramientas legales que permiten a los jueces que los conflictos sean menos traumáticos para los más débiles, sigue siendo resistido por la Justicia. Según Ruggeri, “la reforma de la ley de quiebras no está operando como facilitador de los procesos de recuperación sino estirando los procesos conflictivos al judicializar todos los procesos y estirar los conflictos, sin resolver por lo general a favor de los trabajadores. Además parece haber producido un efecto de obturar la vía de resolución legislativa-política de los conflictos al crear la falsa idea de que el problema de las recuperadas se resolvió con la reforma de la ley de quiebras”. En 2010 el 63 por ciento de las recuperadas había conseguido una ley de expropiación, en tanto que de los casos posteriores sólo el 19 por ciento las obtuvo, lo que ha generado una enorme variedad de situaciones legales.

El sector sindical parece estar comprendiendo mejor estos procesos como parte de la conflictividad laboral para darles su apoyo con mayor frecuencia. Hasta 2010 sólo el 44 por ciento de las recuperadas había recibido apoyo del sindicato, mientras que en el último período el 64 por ciento contaba con él.

Otro dato importante es que en el 93 por ciento de los casos los trabajadores mantienen asambleas periódicas (el 56 por ciento una vez por semana). El 54 por ciento perteneció o aún pertenece a algún movimiento u organización de ER o cooperativas, mientras que el 71 por ciento realiza algún tipo de actividad solidaria o cultural, señal de una vinculación con la comunidad.

La economía recuperada

Cuando se analiza la situación de las recuperadas del último período en cuanto a capacidad utilizada, el 26 por ciento ocupa menos de un 30 por ciento, el 33 entre un 30 y un 60 por ciento, en tanto que el 37 usa más de un 60 por ciento. Aquellos que mantienen ociosa una parte de su capacidad, lo hacen sobre todo por falta de capital de trabajo (47,1 por ciento), de materia prima (35,3) y dificultad de inserción en el mercado (29,4). Estos números son algo mejores que los relevados en 2003, debido a la mejor situación macroeconómica que les permite insertarse más rápidamente a las recién llegadas.

Este tipo de problemas, habituales en las pymes, están exacerbados en las ER por falta de un sistema de créditos que contemple sus particularidades y, en varios casos, que su situación legal impide que se transformen en sujetos de crédito. Una de las consecuencias es que el 29 por ciento (sobre una muestra de 31 casos) trabaja a façón, es decir, para un intermediario que les lleva la materia prima y sólo les paga por el trabajo y el mantenimiento de las máquinas. En algunos casos esta modalidad les sirve a los trabajadores para reunir el capital que les permita independizarse, en tanto que en otras los mantiene en un estado de precaria tercerización. Con respecto del Estado, el 61 por ciento recibió algún tipo de ayuda.

Otro rasgo de este fenómeno económico-social es que en el 52 por ciento de las ER los trabajadores mantienen la norma de ganar todos el mismo salario. En los casos en los que hay diferencias se debe a la cantidad de horas trabajadas (61,5 por ciento). En ninguno de los 16 casos analizados con escalas salariales diferenciadas, éstas superaban el 50 por ciento entre los que más ganaban y los que menos.

Ruggeri concluye que “el proceso está consolidado a pesar de la precariedad y de la falta de un resolución general. La modificación de la ley de quiebras parecía ser la solución pero ya se ha demostrado que no lo es o que incluso empeora las cosas. Y el Estado tampoco parece querer ni poder terminar con el fenómeno. Lo cierto es que mientras tanto los procesos se siguen dando”.