Por Fernando Krakowiak

La distribución de los ingresos es una materia pendiente en la sociedad, y en especial al interior del campo. La modificación de los precios relativos generada por la devaluación les permitió a los empresarios rurales incrementar sus ganancias en los sectores vinculados a la exportación. Las producciones de oleaginosas, cereales, cítricos, frutas y vinos tuvieron incrementos notables en su rentabilidad. Los ingenios azucareros y los tambos también recompusieron sus precios. Sin embargo, los peones rurales todavía permanecen al margen de los beneficios generados por la reactivación. Según estimaciones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), en los campos argentinos trabaja 1,2 millón de asalariados, pero sólo figuran en blanco 255.601 personas, el 21,3 por ciento, siendo el salario promedio registrado de apenas 229 pesos por mes. La situación de estos trabajadores no ha sido tomada en cuenta por los sucesivos gobiernos y las centrales sindicales por lo lejos que se encuentran de las grandes ciudades. Sin embargo, representan cerca del 10 por ciento de los asalariados del país. Son los fantasmas rurales.
La precariedad laboral de los trabajadores rurales ha sido una constante a lo largo de la historia, pero durante la década del ‘90 la situación se agravó aún más debido a la falta de controles por parte del Estado. Las inspecciones del Ministerio de Trabajo prácticamente no existen. Situación que ha dado lugar en los últimos años a una creciente expansión del empleo en negro en un marco que combina resabios de relaciones cuasi-feudales con prácticas laborales tercerizadas tendientes a reducir el vínculo entre patrón y empleado a través de la figura del “contratista”.
En Tucumán, durante la cosecha de la caña de azúcar los trabajadores se “internan” en los surcos de los ingenios y las grandes fincas para hachar, pelar y apilar las cañas. Entre junio y septiembre trabajan de sol a sol con la ayuda de sus familiares, incluidos los niños. Muchos son migrantes que vienen de otras provincias y acampan al costado de las plantaciones, en chozas precarias con paredes de maloja de caña y techo de chapa. Los trabajadores producen para los grandes ingenios, entre los que se destacan Ñuñorco, Concepción, Santa Bárbara, Fronterita y La Florida, pero la relación laboral está mediada por la figura del “contratista”, con quien arreglan sus condiciones de trabajo. Así los ingenios azucareros y los grandes productores de caña mantienen un número reducido de empleados en relación de dependencia con sueldos relativamente altos, al mismo tiempo que se desentienden de la complicada situación laboral de la mayoría de los trabajadores.
Los contratistas entablan una relación “en negro” dejando a los cosechadores sin posibilidades de acceder a la jubilación, obra social, salario familiar y vacaciones. Además, en la mayoría de los casos no se trabaja por horas sino a destajo para llegar a obtener apenas 15 pesos por jornada. La necesidad de cumplir con un determinado nivel de producción lleva a los niños a colaborar con sus padres en la zafra. Néstor del Pozo, presidente de la cooperativa tucumana Ibatín, afirmó a Cash que en algunas fincas “es muy común ver chicos trabajando”.
En el sector de la citricultura la informalidad es aún mayor. Durante los meses de las cosechas, se puede ver por la ruta 38 de Tucumán, que une el norte con el sur de la provincia, decenas de colectivos comandados por “obristas” que pasan a buscar a los trabajadores por las localidades de Alberdi, Famaillá, Monteros, Aguilares y Villa Quintero para llevarlos a las plantaciones. Allí “limonean” desde las 9 hasta las 18 y cobran entre 5 y 10 pesos por jornada. La producción queda en poder de un puñado de grandes empresas que poseen modernas plantas de empaque, procesadoras de jugo y de aceites esenciales. Argentina es uno de los principalesproductores de limones del mundo y más del 90 por ciento de la producción se concentra en Tucumán. El jarabe de limón de la gaseosa Sprite es uno de los principales productos elaborados en las fabricas de la zona a partir del trabajo “hormiga” que realizan en las plantaciones cerca de 20 mil cosechadores.
La precariedad laboral también es moneda corriente entre los trabajadores que cosechan peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro y Chubut, en las quintas hortícolas que se despliegan en el “cinturón verde” del Gran Buenos Aires y en Mendoza, en las plantaciones de Tabaco de Salta, Jujuy y Corrientes, en las plantaciones de yerba del noroeste argentino y en las actividades de forestación que se realizan en Misiones. En todos estos casos se combina el trabajo a destajo con el empleo temporario, casi siempre en negro. En la producción lechera la situación salarial es mejor que en la zona extra-pampeana, pero como los trabajadores van a porcentaje sobre la producción se los considera autónomos y quedan fuera del alcance de la legislación laboral. “Al quedar establecida una relación de asociación los dueños de las unidades productivas organizan el trabajo de modo flexible sin respetar ni siquiera los descansos del fin de semana”, afirmó a Cash Germán Quaranta, especialista en empleo rural.
El sindicato podría ser una herramienta para que los trabajadores canalicen sus reclamos en materia laboral. Pero en muchas zonas se descree de la instancia gremial. Una encuesta realizada en la zafra tucumana durante 1999 por un equipo de la Universidad de Buenos Aires encabezado por la investigadora Norma Giarracca dio como resultado que sólo el 34 por ciento de los trabajadores estaba afiliado al sindicato Fotia y apenas el 4 por ciento había votado en la última elección.
Los trabajadores agrarios están excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo porque se rigen por una ley específica de 1980 que, en términos generales, ofrece un nivel de protección menor. La ley no contempla la jornada laboral de ocho horas y a quienes trabajan por temporada no se les reconoce un vínculo permanente con el empleador. A partir de la creciente industrialización productiva y capitalización del campo algunos analistas habían pronosticado la consolidación de una fuerza de trabajo estable, con niveles crecientes de calificación y regulada por una legislación similar a la del sector de las manufacturas industriales. Pero en lugar de avanzar hacia una mayor formalización ocurrió lo contrario. La falta de inspecciones laborales llevaron a los grandes grupos agroindustriales a blanquear sólo a los trabajadores a quienes le asignan el manejo, por ejemplo, de máquinas complejas y costosas como las cosechadoras integrantes. El resto continua al margen de cualquier tipo de derecho laboral, trabajando a destajo y con una presión constante hacia la baja salarial generada por la alta desocupación y la oferta laboral de los pequeños campesinos.
El salario promedio de 229 pesos calculado por Renatre deja en evidencia la situación del sector. En la mayoría de los casos el ingreso de bolsillo es mayor porque se otorga una parte importante del sueldo en negro. No obstante, para calcular los aportes jubilatorios, la asignación familiar y el seguro de desempleo que quiere implementar el Renatre se toma en cuenta esa cifra. Para revertir los exorbitantes niveles de informalidad en diciembre del año pasado se aprobó el lanzamiento de la Libreta del Trabajador Rural. El objetivo es blanquear a los trabajadores a partir de la utilización de este nuevo instrumento legal. Sin embargo, resultará difícil garantizar su uso generalizado si el Estado no ejerce su rol de policía y hace cumplir la ley. Pues luego de la devaluación queda claro que el incremento de las ganancias de los dueños de los campos no garantiza mejores condiciones laborales para la peonada.