Las relaciones financieras entre la jurisdicción federal y los gobiernos provinciales han sido históricamente conflictivas. En los últimos tiempos, los líderes opositores vienen denunciando la creciente centralización de recursos en manos del Estado nacional. La controversia ya se trasladó a los estrados judiciales a raíz de las presentaciones realizadas por las autoridades santafesinas y cordobesas.

La realidad es que los criterios de distribución de los recursos tributarios no fueron modificados por la administración kirchnerista. Por caso, la demanda santafesina (restitución del 15 por ciento de la masa coparticipable destinada al financiamiento del sistema de seguridad social) se origina en decisiones adoptadas durante gobiernos anteriores.

Por el contrario, la única modificación implementada durante el kirchnerismo implicó una transferencia adicional a las provincias. Ese fue el caso del decreto de necesidad y urgencia 206/09 que constituyó el “Fondo Federal Solidario”. El denominado “Fondo Soja” distribuye el 30 por ciento de la recaudación de recursos no coparticipables (derechos a la exportación de soja y sus derivados).

La redefinición de los criterios de distribución primaria y secundaria es un debate válido y necesario. Lo que ocurre es que esa discusión debiera incorporar un conjunto de cuestiones invisibilizadas por la agenda mediática dominante. Por ejemplo, el impacto territorial de las crecientes transferencias nacionales por diversos ítem (obras públicas, construcción de viviendas y seguridad social). En particular, la articulación de una extendida red de seguridad social durante la última década implicó un fuerte incremento de los fondos destinados a ese concepto. Los datos empíricos avalan la idea de que el aumento del gasto público en seguridad social impactó favorablemente en las economías locales.

La ampliación del universo de beneficiarios, juntamente con la mejora de los haberes en términos reales, provocó un aumento del consumo, la actividad económica y la recaudación tributaria provincial. Además, el sistema de seguridad social se convirtió en un potente redistribuidor de ingresos hacia los sectores y las regiones más vulnerables. En otras palabras, los principales beneficiarios del gasto social fueron los perceptores de ingresos más bajos y las zonas postergadas. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo Emilia Roca, Eduardo Lépore, Federico Hoffmann y Ana Camila Chicon sostienen en “El alcance de la seguridad social entre los años 2003 y 2012: ¿Otra equidad jurisdiccional para un nuevo federalismo fiscal?” que “las provincias que más aumentaron los beneficios, en términos relativos (número de titulares de derecho) fueron principalmente las ubicadas en el norte de nuestro país: Formosa (463 por ciento), Chaco (254), Santiago del Estero (232), Corrientes (225), Misiones (194), Salta (153) y Tucumán (139 por ciento)”.

El resultado es similar si analizan los datos correspondientes al principal componente, jubilaciones y pensiones, del sistema de seguridad social. “Las provincias que percibieron los mayores aumentos en su cantidad de beneficiarios fueron las de Formosa (casi que quintuplicó), Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Neuquén, Corrientes, con crecimientos superiores al 140 por ciento. Si se observan las transferencias monetarias, se destacan los incrementos de las provincias de Formosa, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y Chaco, con crecimientos mayores al 1667 por ciento”, concluyen Roca, Lépore, Hoffmann y Chicon. Por otro lado, las dos principales provincias beneficiadas en términos relativos por la implementación de la Asignación Universal por Hijo fueron Formosa y Santiago del Estero. Le siguen en importancia Chaco, Corrientes, Catamarca, Misiones y Jujuy.

El último programa lanzado por el gobierno nacional (Progresar) reforzará esa tendencia. Los investigadores del Conicet Demian Panigo, Pablo Gallo y Ana Paula Di Giovambattista concluyeron en “El impacto distributivo del Progresar en Argentina; una primera aproximación en base a microsimulaciones” que las regiones con menores ingresos medios per cápita tendrán mayor representación relativa. La constitución de un sistema de seguridad social más inclusivo, y con mayor equidad territorial, constituye uno de los logros de la última década.

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