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El cuco de la cesación de pagos se mantendrá al menos hasta fin de mes. Pero aunque se agite como el advenimiento del fin de los tiempos, un default inducido judicialmente por un poder extranjero es muy diferente de uno clásico. La primera razón es la más evidente: la disposición de los fondos efectivos para enfrentar los pagos. Los mercados lo saben y por eso los precios de los bonos argentinos, que primero cayeron, luego se recuperaron casi en su totalidad. Si bien las cotizaciones de los bonos no están libres de la especulación propia de los mercados financieros, son un indicativo preciso del riesgo país, a su vez indicador de la tasa a la que es posible tomar deuda en divisas en los mercados globales. La amenaza de un default es que esta tasa se dispare; la promesa de evitarlo, que baje a niveles similares a los del resto de la región.

Al presente nadie posee la información completa de las variables que construirán los precios de los bonos a partir del 30 de julio. Argentina mostró sus cartas. Negociará con los buitres, pero sin descuidar la totalidad de la reestructuración. Ello significa que será necesario saltear la famosa cláusula RUFO, que habilita a que toda la deuda regularizada pueda ajustarse a una oferta similar a la que reciban los buitres. En concreto, cualquier acuerdo de pago deberá encontrar los mecanismos para hacerse efectivo recién en 2015, pues la RUFO vence a fin de año. Esto es inevitable, salvo para quienes abogan por la reconstrucción del instrumento de sujeción imperial, es decir, la recuperación de una deuda con gran peso sobre el PIB.

Las cartas de los buitres, en cambio, son menos claras. A pesar de la potencia de su lobby, que incluye a varios de los principales diarios argentinos, hoy especializados en reproducir cualquier editorial que se escriba en el exterior contra la estrategia local, los buitres saben que el Gobierno no pagará en los términos fijados por el Poder Judicial estadounidense. Lo que no se sabe es si los buitres están jugando a un default para beneficiarse con posibles seguros o apostando a la mismísima activación de la RUFO, o si solamente pretenden mejorar los términos de la negociación del canje de 2010. A juzgar por la experiencia histórica, la lógica es esperar siempre lo peor.

La primera conclusión sobre los datos hasta ahora conocidos es que la estrategia del equipo económico de administrar la restricción externa por vía de la apertura de la cuenta capital, lo que incluía la regularización de todos los pendientes de la reestructuración de la deuda, quedó congelada. En el corto plazo no habrá flujos del exterior. Esta es una similitud con la situación post 2001, pero a su vez con una gran diferencia: ahora hay restricción externa y esta restricción podría agravarse frente a potenciales aumentos de obligaciones de pago. En consecuencia, la dicotomía de la economía local es entrada de divisas versus freno del crecimiento. En este marco, el escenario inmediato de un default sería de continuidad, no de desastre.

Cualquiera sea el caso, las perspectivas no son auspiciosas y contemplan demasiadas contingencias para las proyecciones. No hay aquí matemática. El escenario ideal, el más optimista, es el reflejado por los actuales precios de los bonos: existirá algún tipo de arreglo y el Gobierno podrá retomar su estrategia de administración de la restricción externa, con pronta entrada de capitales a tasas regionales. Este es el parecer de analistas como Marina Dal Poggetto, de Estudio Bein, quien señaló a Cash que existen fuertes incentivos para llegar a un acuerdo, al menos para la mayoría de los actores involucrados. Los primeros interesados serían los más afectados por una potencial cesación de pagos, los bonistas que aceptaron las sucesivas reestructuraciones, quienes ya comenzaron a presionar al Bank of New York para que transfiera el dinero que Argentina ya pagó hace más de una semana. Luego está el propio Griesa, cuyo fallo quedaría abstracto en caso de default, aunque este dato es menor. La presión de quienes desean cobrar probablemente sea más efectiva en términos prácticos que el apoyo moral obtenido de la mayoría de los países del mundo. Una vez más, para bien o para mal, al país le toca funcionar como caso testigo en materia de reestructuración de deuda soberana. Su poder, aunque no sea evidente, es el de no pagar.

Mientras tanto, los problemas de la economía local siguen su curso. El Gobierno presentó como un pequeño triunfo del programa Precios Cuidados la tendencia decreciente de la tasa de inflación entre enero y junio. También se redujo el gap entre la medición oficial y las de las distintas consultoras, las que concuerdan en la tendencia decreciente de la inflación. Si bien Precios Cuidados constituye un gran paso adelante en tanto construcción de un sistema de precios de referencia en artículos de primera necesidad, la caída de la inflación responde fundamentalmente al freno de la economía y de la puja distributiva. Las devaluaciones, como las de enero, siempre frenan el crecimiento, proceso al que también contribuyó el pie sobre las importaciones. El gran desafío sigue siendo cómo sostener la demanda. La continuidad de la redistribución con salarios altos supone importaciones crecientes, concepto que se enfrenta a la idea alternativa del viejo “crecer con lo nuestro” en el marco de las renovadas presiones internacionales contra el modelo.

Sin embargo, la resignación a tasas de crecimiento mediocres en tanto no se resuelvan vías tradicionales o alternativas de entrada de capitales e inversiones en áreas clave, como la energética, un escenario casi deseable dadas las circunstancias, no es el principal fantasma. El gran riesgo es que el curso de los acontecimientos impida a la actual administración dejar resuelto el problema estructural de la deuda. A juzgar por las declaraciones de los referentes de las principales fuerzas opositoras, quienes con leves matices propusieron aceptar acontecimientos que casi con seguridad llevarían a la caída de la reestructuración iniciada en 2005, un nuevo gobierno que reemplace al actual oficialismo sería mucho más permeable a las demandas del poder financiero, es decir, a la reconstrucción del mecanismo de sujeción imperial; tanto en materia de extracción del excedente como de imposición de políticas. Y ello después de haber pagado en la última década cerca de 200 mil millones de dólares.

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