Por Maximiliano Montenegro

Domingo Cavallo dijo alguna vez, siendo ministro, que necesitaba 10.000 pesos para vivir. Y eso le pagaba el Estado en blanco, además de los “bonus” que el entonces ministro repartía entre sus colaboradores de la caja negra de los gastos reservados. Roque Fernández también coincidió, siendo ministro, que con menos de 10.000 tampoco podía vivir, y eso le pagaba el Estado. El actual ministro del Interior, Aníbal Fernández, confesó días atrás que necesitaba 5500 pesos para llegar a fin de mes, y puede cubrir ese nivel de gastos gracias a la ayuda de su esposa. Como es sabido, Néstor Kirchner ratificó el decreto firmado en enero del año pasado por Adolfo Rodríguez Saá, que establece un techo salarial de 3000 pesos para los cargos políticos del Estado, de presidente para abajo. Desde entonces, no hay ministro, secretario o subsecretario que no despotrique, siempre en privado, contra esa medida. Más aún, hasta periodistas “progres” la calificaron de ridícula, con el argumento de que así se corría el riesgo de vaciar al Estado de sus mejores cuadros. ¿Será para tanto? ¿Es racional que un secretario de Estado gane 3000 pesos mensuales, cuando en muchos casos podrían cobrar varias veces esa suma en un empleo privado? ¿Salarios “tan bajos” alientan la corrupción? ¿Salarios más altos la desalentarían? ¿Son sueldos acordes con la realidad argentina? Cash investigó el tema, y se propone en esta nota derribar algunos mitos al respecto.
En la administración pública nacional hay unos 130 cargos netamente políticos, entre ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Después están los presidentes o directores de los llamados organismos descentralizados. Supuestamente, para ese selecto grupo rige el tope de los 3000 pesos. Sin embargo, según la Sigen (Sindicatura General de la Nación), hay varias dependencias del Estado que nunca lo aplicaron, y no hay indicios de que lo planeen aplicar a futuro (ver aparte). Además, como lo demuestra un estudio de la Fundación Grupo Sofía, en el Presupuesto 2003 hay todavía millonarias partidas en “cajas chicas”, pasajes y viáticos, nombramientos de asesores y consultorías, que son manejadas discrecionalmente por los funcionarios políticos. Así por ejemplo, según pudo constatar este diario, un secretario de la primera línea del Ministerio de Economía cobra el tope, pero uno de sus asesores gana el doble bajo la forma legal de un “contrato de servicios” (ver aparte).

Devaluados
Pero volvamos al punto. Dos economistas mexicanos, Laura Carrillo Anaya y Juan Pablo Guerrero Amparán, escribieron un interesantísimo estudio (“Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparativa, CIDE, diciembre de 2002”) que, por contraste, sirve para entender mejor si tiene alguna lógica la situación planteada en la Argentina por el decreto que Kirchner prorrogó. Entre paréntesis, lo que motivó el trabajo de los investigadores mexicanos fue indagar por qué los funcionarios en México ganan sueldos tan altos.
La devaluación descolocó los salarios en dólares del sector público argentino en cualquier comparación internacional, y la inflación del año pasado, de más 45 por ciento en precios minoristas, hizo lo suyo en términos de poder de compra (ver cuadro 1). Para tener una idea, considerando el tope, antes de enero de 2002, el poder de compra de los sueldos de los funcionarios políticos era comparable con Chile y la mitad que en Brasil y España. Sin considerar el techo (un ministro ganaba entre 10.000 y 11.000 pesos en mano), su poder adquisitivo más que duplicaba al de su par chileno, y superaba holgadamente al de su colega brasileño o español. Vale una aclaración. Dentro del escalafón de la administración nacional, el cargo de director nacional es la máxima jerarquía a la que se puede aspirar por concurso de antecedentes, es decir, sin vinculaciones políticas. Dichos puestos están hoy ocupados en algunos casos por ¿funcionarios de línea?, que llegaron allí por sus méritos, y en otros por designaciones políticas. El salario, según la jerarquía del director, varía entre 4500 y 5500 pesos. Y como se ve, esa remuneración está bastante en línea con lo que pagan otros Estados latinoamericanos a sus cuadros técnicos más altos.
Pero no hay duda. Hoy, a los funcionarios políticos argentinos llegar a fin de mes se les hace mucho más difícil que a los funcionarios de otros países. Sin embargo, después de la devaluación, ¿no pasa eso con todos los que viven de un salario en la Argentina?

Mitos
El primer mito, extendido en los círculos tanto de izquierda como de derecha, es que salarios bajos de los funcionarios políticos favorecen la corrupción, y en cambio, buenas remuneraciones la minimizan. Sin embargo, el cuadro 2 rebate esa creencia. Países como Perú y, fundamentalmente, México, premian muy bien “una función pública que devuelve un sistema con problemas de alta corrupción”. Chile, por el contrario, “premia poco a funcionarios que le devuelven un gobierno honesto y transparente”, explican los autores mexicanos. “No puede probarse la correlación entre altos ingresos de la función pública y la reducción de la corrupción. Al contrario, estudios elaborados por el Banco Mundial muestran que los altos ingresos de funcionarios en entornos propicios para la corrupción terminan por encarecer el costo de la colusión”, concluyen.
Obviamente, nada es blanco o negro. Pero hay suficientes elementos para pensar que bajos niveles de corrupción están asociados, antes que con buenos salarios, con una carrera administrativa meritocrática, contrapesos de control y transparencia en los actos de gobierno y un sistema judicial independiente.
El segundo mito postula que sueldos bajos provocarán una fuga de los más capacitados hacia las empresas privadas. Sin embargo, en la mayoría de los países, los funcionarios ganan monedas al lado de lo que podrían cobrar en la actividad privada en cargos equivalentes en jerarquía y responsabilidad. En Estados Unidos y en Brasil, por caso, los secretarios de Estados ganan menos de la décima parte de los “CEO” de las empresas grandes. En la Argentina, para el caso de los secretarios, es todavía algo más baja, pero esta disparidad abismal entre el sector público y privado no es un invento argentino (ver cuadro 3). Es evidente que si hay gente con un alto nivel de capacitación que sigue aceptando trabajar en la función pública debe haber otros factores de peso que lo justifiquen, como la vocación de servicio o la ambición de poder.
En tercer lugar, no es ociosa la pregunta de si los funcionarios deben cobrar en el Estado sueldos acordes con una realidad distinta a la que les toca enfrentar. En todos los países relevados, ejecutores de la política perciben ingresos que los colocan por arriba del ingreso medio del 20 por ciento (“el quintil”) más acomodado de la población. México es un caso extremo: los funcionarios ganan diez veces más. La Argentina no desentona con el resto de los países o, de otro modo, sus funcionarios están remunerados en línea con su realidad social (ver cuadro 4). Se podrá argumentar que el ingreso medio del quintil “más rico”, que mide el Indec, es extremadamente bajo: unos 1400 pesos mensuales. Lo mismo vale para el decil (el 10 por ciento) más pudiente: 1900 pesos mensuales. Pero aun admitiendo que en la encuesta del Indec existe una buena dosis de subdeclaración de ingresos, así de pobre está la sociedad.
“La mayor parte de los funcionarios en cargos políticos, obviamente honestos, pierde plata”, se quejó ante Cash un hombre clave de la administración Kirchner. Y seguramente sea cierto.
Pero también es cierto que durante la era Cavallo, Roque Fernández o Machinea, ninguno de esos funcionarios experimentaba en su bolsillo la restricción presupuestaria. Tal vez por eso ninguno tomó conciencia de la necesidad de mejorar los salarios públicos, empezando por los médicos y docentes, que cobran hoy, pese a sus calificaciones, sueldos que ni siquiera los ubican por arriba de la línea de pobreza.