El presidente Kirchner y su equipo económico y social, por sus trayectorias y planteos, se podrían definir como inclinados a cierta intervención del Estado, a través del gasto público, para potenciar la configuración de un mercado interno con un perfil productivo y orientado a la exportación de productos no tradicionales. En la política social manifestaron explícitamente su aspiración de atacar la pobreza y el desempleo. Y acaban de plantear que para activar el mercado y atacar el desempleo se proyecta invertir unos 6000 millones de pesos en obra pública destinado a la construcción de vivienda social e infraestructura.
Esa estrategia tendrá que operar en un escenario que se puede caracterizar con los siguientes rasgos:
n La cuestión habitacional: situaciones críticas en distintas regiones que abarcan a unas cuatro millones de moradas.
n La política pública de vivienda social: como resultado de los cambios introducidos en los ‘90 se encuentra sin objetivos transparentes; no capta las subjetividades de las diversas porciones de la demanda y funciona a través del Fonavi con una modalidad operativa desarticulada y descontrolada.
n Los soportes de equipamiento e infraestructura: a lo largo y ancho del país se registra una fuerte necesidad de inversiones en mantenimiento y nuevas inversiones que atiendan las nuevas transformaciones regionales.
n La dinámica del sector de la construcción: el sector está en recesión hace unos cinco años. En los últimos cuatro meses empezó a expresar señales de repunte en el nivel de ocupación laboral, la venta de materiales e insumos.
Los anteriores indicadores manifiestan que en los últimos meses en el ámbito urbano se están terminando obras ya comenzadas o se realizan inversiones de escala pequeña destinadas al mejoramiento y ampliación de viviendas unifamiliares, acompañado por la realización de algunas obras públicas. También se incrementó la construcción en el ámbito rural, como resultado de la mejora en los precios relativos del sector que implicó mejoras en los ingresos de los productores.
El nuevo gobierno abre varios interrogantes: ¿cumplirán con el programa electoral?; ¿qué margen de acción y posibilidades de manejar recursos concretos tienen?; ¿adoptarán un modelo tradicional de gasto público destinado a la construcción?; ¿utilizarán los recursos para lanzarse a crear formas innovadoras en la generación y uso de las tecnologías constructivas, en los sistemas de participación y asociación de la población que tiendan a consolidar y desarrollar los lazos sociales?