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“Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros.” La frase, que se atribuye al comediante Groucho Marx, bien podría atribuirse al grueso de quienes criticaron la estrategia oficial frente al insólito fallo convalidado por las tres instancias del Poder Judicial estadounidense. Hasta ayer nomás el principio era el respeto irrestricto a la decisión de un poder extranjero, “al que el país se sometió voluntariamente”, sin importar la racionalidad intrínseca de dicha decisión. Además del oportunismo antigubernamental, se ejercía así un seguidismo acrítico de la gran prensa de los países centrales, reproductora de los valores y visiones del poder financiero.

Pero en los últimos días algo empezó a cambiar. Fronteras afuera, en el propio corazón del capitalismo global, muchos analistas dejaron de leer los sucesos como algo que le pasaba a la “odiada” Argentina para mirar con detenimiento el fallo judicial y sus efectos sistémicos. Desde periodistas de los principales medios hasta un número creciente de economistas, no sólo los catalogados como “liberals” advirtieron la inconsistencia y limitaciones del fallo, tanto para futuras reestructuraciones de deuda soberana como para la seguridad jurídica de la plaza neoyorquina.

¿Por qué la “odiada” Argentina? Por una doble razón. La economía local representó en los 2000 un camino alternativo al mainstream económico, al todavía hegemónico neoliberalismo. Cuando el país marchaba al desastre en medio del insostenible sobreendeudamiento de la convertibilidad, era presentado como un modelo a seguir, un privilegio del que ahora goza, por ejemplo, Perú. Hoy, luego de una década larga de crecimiento sostenido e inclusión, la baja del ciclo económico retroalimentada por la restricción externa, se presenta como el producto del abandono de los principios neoliberales. A estos datos se acopla el segundo factor: el intenso lobby contra Argentina financiado por los fondos buitre. Esta vez no se trata de una estratagema publicitaria como a fines de los ’70, sino de hechos concretos a los que se destinaron recursos financieros abiertamente declarados. El mismo fondo buitre Elliott reconoció, por ejemplo, haber utilizado el fallido acuerdo con Irán para asociar la imagen de Cristina Kirchner con lo que suponen lo peor del régimen islámico. La persistencia de esta visión creada aún motiva que hasta los analistas críticos del fallo de Griesa y sus efectos sistémicos comiencen siempre sus escritos con ataques contra el “modelo populista” encarnado por el kirchnerismo. Cualquiera que repase los artículos publicados en Estados Unidos y Europa reconocerá esta matriz expositiva.

Fronteras adentro, tanto el aparato de la prensa hegemónica como sus principales seguidores, el arco político opositor, descubrieron los efectos negativos de asumir una identificación tan directa con Griesa. El límite con posiciones antiargentinas se volvió difuso. A tono con el mensaje del exterior comenzó a reconocerse el carácter incumplible para la República del fallo estadounidense. Sin proponer alternativa concreta, las críticas pasaron de la necesidad de aceptar las decisiones de poderes extranjeros al presunto mal manejo político de la situación. En concreto, a la supuesta construcción de una épica nacionalista sin advertir que, bajo las circunstancias actuales, la épica es inmanente. Tardíamente, el griesismo local advirtió el alto costo que deberá pagar por la identidad asumida. La suba de la imagen positiva de la Presidenta en las encuestas más insospechadas fue la primera señal.

El segundo desengaño vino por el lado de la reacción de “los mercados”. La discusión de si el default era default o no, al margen de los intereses de quienes adquirieron abundantes seguros de default, quedó abstracta. Los precios de los bonos de deuda argentina se mantuvieron en los valores de un país solvente. Vale señalar como anécdota las interpretaciones desesperadas del fenómeno. No sólo por la anécdota, sino como demostración de que se puede decir cualquier cosa. Según escribieron analistas locales y extranjeros, el precio de los bonos no se derrumbó porque “se espera que un próximo gobierno resuelva el problema”, es decir; no sólo el país será solvente cuando termine la actual administración, sino que la sabiduría de “los mercados” lo adelanta un año y medio.

En medio de este panorama esta semana el Gobierno terminó de definir su estrategia poniendo en su justo lugar al juez de primera instancia. Fue con la demanda contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero sobre todo, con el requerimiento, en caso de que se rechace la competencia de La Haya, de arbitrar un medio de resolución pacífico entre Estados frente a la evidente violación de la soberanía de uno de ellos. Con esta demanda el país reafirma que la dificultad no es Griesa y su fallo estrafalario, sino Estados Unidos; que el problema dejó de ser una disputa por el valor a pagar por determinados papeles de deuda, para convertirse en una demanda por la soberanía económica de un país para reestructurar su deuda

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