Trabajar sobre la estructura social agraria nunca fue tarea fácil, pues siempre supuso un campo de conflictos y tensiones. Los abundantes estudios históricos y de la sociología rural destacaron siempre el papel importante de los sectores productores capitalistas pequeños y medianos, que estuvieron en condiciones de introducir innovaciones tecnológicas y acumular capital, y que pudo convivir con la gran propiedad terrateniente por una serie de arreglos institucionales que el Estado fue llevando a cabo durante las primeras décadas del siglo XX.

Hoy escuchamos y leemos de fuentes oficiales que ese sector que conceptualizan como “agricultura familiar” puede asimilarse a amplios tipos de pobladores del campo. Dice un informe destinado al registro nacional de agricultura familiar producido por esa Secretaría: “El concepto amplio de agricultura familiar comprende las actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de recolección y el turismo rural. El término agricultores familiares incluye a lo que se nombra en distintas provincias o contextos como pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, mediero, productor familiar y también los campesinos y productores rurales sin tierras, y las comunidades de pueblos originarios”. Para rematar diciendo que es una “forma de vida” y una cuestión cultural.

Es decir, lo define como un concepto tan amplio que no se sabe bien qué es, ya que incluye múltiples sujetos sociales del campo que muy poco tienen que ver unos con los otros. A todo ese amplio conjunto lo ubican como categoría censal en el estrato de productores de “hasta 200 hectáreas”, y Emilio Pérsico mismo, secretario de Agricultura Familiar, afirma que después de un fuerte proceso neoliberal de apropiación de tierra han quedado en el país “unos 250.000 productores de la agricultura familiar y unos 100.000 de la de mercado”; en otras oportunidades el funcionario insiste en que representa el 70 por ciento de la unidades productivas del Censo.

En este punto es necesario poner luz para comprender las profundas transformaciones del sector agrario argentino y, sobre todo, el cambio que supuso en este sector pasar de colono, chacarero a sojero, procesos ampliamente estudiados. En efecto, dentro de este sector ocurrieron muchas cosas –endeudamientos, pérdidas de campos, multiactividad familiar–, pero muchos de los que lograron permanecer se transformaron en productores sojeros o de otros agronegocios, que más allá de su escala de producción han quedado muy lejos de cualquier definición de agricultura familiar. Los cambios ocurrieron no sólo con los que entraron en la expansión del agronegocio sino con casi todo el sector. Esas características atribuidas a una “agricultura familiar” ya no las encontramos en los chacareros concretos de las distintas regiones del país. El trabajo ya no es familiar, se gestiona de otro modo; contratistas y otro tipo de tercerizaciones ya no viven en la explotación sino en los pueblos y ciudades como Rosario y se autoidentifican generalmente con los sectores capitalistas (recuérdese el conflicto con el gobierno en 2008).

No hace falta más que viajar al sur de Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires o simplemente escucharlos a ellos a través de excelentes trabajos que describen la diferenciación social del sector, “los exitosos” y los que quedaron en el camino o se convirtieron en rentistas, estudios que los fueron a buscar adonde se mudaron y les hicieron contar sus historias. Y todos estos trabajos, así como los nuestros, coinciden en buscar la comprensión de todos estos cambios en el nivel de este sector agrario en la expansión de la matriz productiva que denominamos agronegocio y cuyo paradigma es la soja.

El sector al que van dirigidos los documentos de la Secretaría de Agricultura Familiar y el importante anteproyecto de ley de agricultura familiar son grupos emergentes en las últimas décadas organizados en “movimientos campesinos”, y está muy bien que así sea, pues ha sido un sector arrinconado y maltratado por los nuevos inversores en los últimos años. Pero es importante señalar que la producción de alimentos de este sector tiene impacto familiar o local pero nada nos dice del verdadero problema del productor de alimentos, que siempre estuvo localizado en aquel otro sector chacarero. Esta cuestión es básica para pensar el futuro agrario y alimentario del país y no está involucrado en estas políticas públicas emergentes en el año internacional de la “agricultura familiar”.

Con todo respeto consideramos que existe una idealización de un 70 por ciento del campo como “agricultura familiar” y corre riegos la interpretación del anteproyecto de la ley de semillas. Todo esto necesita un debate urgente, con información actualizada, con voces oficiales y críticas, representante de los actores así como de los técnicos y de las universidades públicas para discutir qué agricultura y qué alimentación requerimos para el país y qué políticas se necesitan para los productores agrarios de alimentos. Se trata de conocer qué alternativas serias y viables existen más allá del agronegocio, sobre todo ahora que las variables económicas de rentabilidad están cambiando mucho y se presenta la oportunidad de pensar nuevamente qué agricultura de alimentos necesitan el país, la tierra, las poblaciones y la alimentación sana de la población.

* Socióloga. Titular de Sociología Rural. FCSUBA