Hace unos días, un candidato a la presidencia emitió una opinión que señalaba como algo innecesario la inversión de cantidades importantes de dinero en el desarrollo satelital y otros emprendimientos tecnológicos argentinos. Eso realmente no es novedoso, pero la discusión no resulta baladí: si se quiere proyectar a la Argentina como un país importante en el concierto de las naciones, es menester que exista una política activa en tecnología, que hoy es uno de los motores de las economías de los países centrales. Basta con observar lo importante de los complejos militares e industriales de países puestos como ejemplo por varios candidatos de la oposición política, como Estados Unidos. Los resultados de una política tecnológica y de investigación y desarrollo no son a corto plazo, y no pueden ser medidos en términos de períodos electorales. Y las inversiones en tecnologías “sensibles” o que aún no tienen una proyección comercial, históricamente han sido emprendidas por los Estados, asumiendo éstos el riesgo. Mas los países no buscan delegar posibilidades de capacidades propias para depender de terceros, sobre en todo en tecnologías como la espacial o la nuclear.

En mi tesis doctoral he trabajado la política espacial de la Argentina, en relación con el desarrollo local en materia de lanzadores satelitales. Para hacer un balance general, la Argentina, que venía produciendo un desarrollo incremental de capacidades propias, desde el peronismo y de forma más institucionalizada con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) desde los años ’60, se embarcó en el desarrollo del misil Cóndor II en la década del ’80, con el objeto de tener un misil con capacidad disuasiva, pero eventualmente también con el propósito de contar con un desarrollo de un lanzador espacial ulteriormente. Esto acabó con el modelo de desarrollo que venía teniendo el país, puesto que se apoyó en terceros países, empresas europeas cuyos capitales señalaban pertenecer a Irak, Egipto, Libia (de acuerdo con Estados Unidos y algunos actores nacionales de la trama). Esto generó desconfianza en los sectores políticos norteamericanos, quienes comenzaron una serie de presiones formales e informales que culminaron en la década del ‘90: la Argentina canceló el Cóndor II porque era parte de un proyecto de Estado proliferador. Así, la palabra proliferación, repetida en la academia, los medios de comunicación masivos y en los ámbitos diplomáticos, calificaba a nuestro país por tener ese desarrollo tecnológico.

La política adoptada en la presidencia de Carlos Menem, para evitar el asunto calificado de “irritante” para las relaciones bilaterales con la principal potencia militar mundial, fue la de destruir el Cóndor II. El acierto de esa política fue la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), con el fin de llevar a cabo la política espacial del país, siempre enmarcada dentro de la política exterior llevada a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores: el logro fue la institucionalización. Sin embargo, los grandes logros han venido después. La política económica de la década del ’90 fue neoliberal y desindustrializadora. Lo sucedido en materia espacial no puede escindirse de aquel contexto económico.

El dato relevante es que en la presidencia de Néstor Kirchner existió una política activa en pos de recuperar la industria nacional. La política económica se diferenció sustancialmente de la de sus antecesores. Acompañadas estas nuevas políticas con la continuidad institucional lograda con la Conae y la política exterior, la Argentina dio un paso que se verifica en pocas áreas del Estado: combinando institucionalidad con recursos, la Argentina tiene proyectos y logros en materia espacial. La economía por sí sola no logra nada. La institucionalidad solamente, tampoco. Un altísimo funcionario de la cancillería de Menem me dijo en una entrevista: “Es más barato tomar un taxi que comprarse un auto”, en alusión a que era más fácil pagar a terceros países por el lanzamiento de satélites propios. Esta era la concepción del menemismo antes y de varios candidatos presidenciables hoy. El taxi, definitivamente, no es una política tecnológica.

* Politólogo, investigador del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini, Universidad Nacional de San Martín.